Ecologistas en Acción ha hecho público su informe estatal sobre ozono, que analiza los datos recogidos en casi 500 estaciones oficiales de medición repartidas por todo el territorio español entre ellas 45 situadas en la Comunidad de Madrid, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2023.
Entre sus principales conclusiones, destaca que el ozono es el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio en España y el más estrechamente ligado al cambio climático, por su relación con la radiación solar. Durante 2023, sus niveles han repuntado como consecuencia de la primavera y el tercer verano más cálidos desde 1961, con numerosos episodios cálidos entre abril y septiembre y cuatro intensas olas de calor en julio y agosto, afectando todas a Madrid.
El informe toma como referencia el valor diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2023 a 45,8 millones de personas en España, el 96% de su población, así como a 502.000 kilómetros cuadrados, el 99% del territorio. Es decir, casi toda la población española ha respirado en 2023 un aire con más ozono del recomendado por la OMS. En el caso de la Comunidad de Madrid, ha alcanzado al 100% de sus habitantes.
Si se considera el «obsoleto» valor objetivo trienal establecido por la normativa, más laxo que el de la OMS, la población que ha respirado aire con más ozono del permitido en el periodo 2021-2023 (que incluye un año de pandemia) se limita a 2,2 millones de personas, un 5% de la total, en la Plana de Vic y el Prepirineu catalanes y en el Corredor del Henares, la zona Urbana Sur, la Sierra Norte y las Cuencas del Alberche y del Tajuña madrileñas.
Considerando el nuevo valor objetivo propuesto para 2030 por la Comisión Europea en la revisión en curso de la normativa de calidad del aire, la población que habría respirado aire contaminado por ozono en España aumenta hasta 8,2 millones de personas, el 17 % de toda la población, incluyendo a toda la Comunidad de Madrid. En otras palabras, uno de cada seis españoles habría respirado en 2023 un aire que incumpliría el nuevo estándar legal propuesto por la Unión Europea.
La frecuencia de las superaciones de los estándares de la OMS y legal ha sido inferior a la de los años previos a la pandemia, con descensos de respectivamente el 18 % y el 29 % en relación al promedio de las registradas en el periodo 2012-2019, en el conjunto del Estado, aunque 2023 ha sido el año con más superaciones desde 2015 del umbral de información, coincidiendo con los episodios cálidos de finales de junio, de julio y de agosto.
Durante 2023, los territorios más afectados por el ozono han sido Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, y Murcia, habiendo aumentado también en Asturias y Norte de Galicia. En cambio, los niveles de ozono se han reducido en el litoral mediterráneo (Illes Balears, Cataluña y Comunitat Valenciana), el Valle del Ebro (Aragón, Navarra, La Rioja y País Vasco), el Noroeste peninsular (Castilla y León, Cantabria y Sur de Galicia) y Canarias.
Diecisiete zonas de Andalucía, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura y Comunidad de Madrid, con 11,8 millones de habitantes, han seguido incumpliendo el objetivo legal en el trienio 2021-2023, al excederlo en al menos una de las estaciones de medición ubicadas en su interior. Siendo una treintena las zonas donde se incumpliría el nuevo objetivo legal propuesto para 2030, en nueve Comunidades.
El cambio climático se confirma como un factor determinante en el agravamiento de los episodios de mala calidad del aire por ozono, por el aumento de la radiación solar, el alargamiento progresivo de la duración del verano (estimado por la AEMET en un día al año) y la reducción de las precipitaciones, a sumar a otros “inconvenientes” ambientales entre los que en 2023 hay que destacar en España la intensa sequía primaveral y estival.
La contaminación por ozono debe abordarse como un problema sanitario de primer orden, que causa cada año en torno a 2.500 muertes en España, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, afectando a niñas y niños, mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades cardiorrespiratorias. Durante el verano de 2023, el Instituto de Salud Carlos III ha identificado 3.000 muertes atribuibles a las elevadas temperaturas.
El coste sanitario y laboral de la contaminación por ozono fue de 5.000 millones de euros en 2013, un 0,33 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales. Sólo los costes económicos de la menor producción de dos cultivos como trigo y tomate, por su exposición al ozono en España, se estimaron en 800 millones de euros en el año 2000, el 3,2 % del PIB agrícola.
La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas «no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema», denuncian desde Ecologistas en Acción. Los gobiernos de Aragón y Asturias «no han advertido a la población de los episodios de ozono de este verano, como es preceptivo, mientras las restantes comunidades autónomas se han limitado a difundir avisos rutinarios, por procedimientos que no han permitido una difusión eficaz de la información».
Buena prueba de la gravedad de la situación y de la falta de actuación relevante de las administraciones son las sentencias del Tribunal Supremo (2020) y los tribunales superiores de Castilla y León (2018 y 2023), Navarra (2021), Cataluña (2022) y Comunitat Valenciana (2023) condenando a sus gobiernos a aprobar a la mayor brevedad planes de calidad del aire para reducir el ozono, por el incumplimiento desde 2010 de los objetivos legales.
Ecologistas en Acción considera «inaceptable que un año más sigamos sin Plan Nacional de Ozono, cuya elaboración se demora desde 2015». En 2023 se han publicado las Bases Científicas del Plan, pero siguen sin concretarse los objetivos, las medidas y el calendario del Plan Nacional. La organización ambiental pide a Teresa Ribera, Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que comprometa su aprobación en 2024.
Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono son «disminuir el tráfico motorizado, sustituir los disolventes orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética, un despliegue ordenado de las energías renovables, las Áreas de Control de Emisiones del Mar Mediterráneo y el Atlántico Noreste, reducir el tráfico aéreo, penalizar fiscalmente a los vehículos diésel y una moratoria para las macrogranjas».
Transcurridos nueve meses desde el fin del plazo para que los municipios de más de 50.000 habitantes establecieran zonas de bajas emisiones, para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, apenas una docena de ciudades han cumplido formalmente esta obligación legal, pese a los fondos públicos que están recibiendo para su implantación. Ecologistas en Acción pide a las autoridades locales «que prioricen la salud de sus vecinos».
La crisis de la COVID–19 «ha demostrado que la reducción estructural del transporte y la descarbonización de la industria y los edificios son las mejores herramientas para mejorar la calidad del aire que respiramos, en las ciudades y en las zonas rurales, también en el caso del ozono. La dramática situación creada por la pandemia ha corroborado que la reducción de las emisiones de sus precursores es efectiva para combatir la contaminación por ozono».
