Si tras un accidente o enfermedad, una persona ve reducidas sus funciones vitales u ocurren cambios anatómicos que le impiden trabajar, puede solicitar una incapacidad permanente total.
Ahora bien, para llevar a cabo este trámite, muchas veces es necesaria la asesoría de expertos abogados Barcelona que puedan concretar el beneficio, ya que los procedimientos de aprobación son complejos.
¿Qué condiciones deben darse para aplicar a la incapacidad permanente total?
Existen varios tipos de incapacidad, y en cada caso los requisitos son distintos. En cuanto a la incapacidad permanente total, los aspirantes al beneficio deben tener una edad menor a 65 años. Además, tienen que estar dados de alta en la Seguridad Social y no deben ser elegibles para la jubilación.
Es preciso que haya acumulado cierto número de años de cotización durante su periodo laboral; en función de la edad, será diferente en cada caso. Por ejemplo, los menores de 31 años deben haber estado cotizando desde los 16 años, un tercio del tiempo requerido. En cambio, en mayores de 31 años, habrá dos supuestos:
- Si el solicitante tiene entre 31 y 40 años, se le exigirá un mínimo de cinco años cotizando.
- Mayores de 41 años no se les exigirá un mínimo específico.
El beneficio de incapacidad laboral permanente total no impide que la persona se desempeñe en otras actividades. Entonces, si fuese el caso, quien reciba este tipo de incapacidad pudiera realizar otra profesión, pese a las dificultades físicas que presente.
Por otro lado, este tipo de incapacidad no es un beneficio definitivo; más bien, es susceptible de revisión. En caso de que el trabajador presente una mejoría de su enfermedad, la Seguridad Social puede revocar el beneficio. O, en caso contrario, de ocurrir un empeoramiento de la salud del trabajador, es posible mantener la incapacidad.
¿Qué pasos seguir para tramitar el beneficio?
Para obtener la incapacidad permanente total, se debe presentar la comprobación de la situación de salud de la persona. Por tanto, se solicitará que se anexe en el expediente los informes médicos que detallen el problema de salud, producto de la enfermedad padecida, o el accidente ocurrido.
Junto al expediente se deben anexar los documentos personales del solicitante, datos laborales y el formulario para solicitud de la incapacidad. El Instituto Nacional de Seguridad Social es el ente encargado de procesar estas solicitudes y aprobarlas. La evaluación del expediente tiene un período máximo de 135 días hábiles. Pasado ese tiempo, se debe emitir la resolución del INSS.
De plantearse una negativa por parte de la Seguridad Social, se puede instaurar una demanda a la misma. Una vez realizado este paso, se llevará a cabo un juicio que dará pie al reconocimiento, o no, de la invalidez del proceso por parte del INSS.
En caso de que el juez condene a la Seguridad Social, existe el supuesto de que se otorgue la incapacidad en un grado diferente, o que obligue al Instituto a otorgar una pensión por invalidez, que incluirá los pagos retrasados.
¿Qué pasa si la sentencia emitida por el juez es desfavorable para el trabajador? En tal caso, el abogado podría interponer un recurso de suplicación que será interpuesto en el Tribunal Supremo de Justicia.
