El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado este martes, 21 de febrero, la nulidad del Grupo Mixto, refrendando con ello la sentencia de mayo de 2022 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid, que estimaba el recurso interpuesto por el Grupo Municipal de Más Madrid contra la constitución del Grupo Mixto acordada por el Ayuntamiento de Madrid, considerándolos concejales «no adscritos».
Se trata de cuatro concejales pro Manuela Carmena pertenecientes a Más Madrid, que decidieron separarse de dicho grupo, llegando posteriormente a permitir que PP y Ciudadanos tuvieran mayoría suficiente para sacar adelante importantes medidas como la reforma de la Ordenanza de Movilidad o la Ordenanza de Terrazas, e incluso los Presupuestos de 2022, tras lo que uno de ellos, Felipe Llamas, dimitió. A su vez, Marta Higueras decidió posteriormente separarse de sus compañeros.
La sentencia confirmaba los argumentos de Más Madrid en cuanto a la constitución «ilegal» del Grupo Mixto y, apoyándose en las certificaciones remitidas por el Registro de Partidos y la Junta Electoral así como en el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, concluyendo que de tales documentos no puede sino «extraerse la certeza de que Más Madrid en la fecha de celebración de las elecciones municipales de 19 de mayo de 2019, en que obtuvo 19 concejales, concurrió a esa cita electoral en calidad de partido político» y no como coalición electoral, argumento que empleó el ejecutivo de Martínez Almeida para justificar la creación del Grupo Mixto.
Para la portavoz adjunta de Más Madrid, Cuca Sánchez: “la sentencia de los tribunales es contundente. El Grupo Mixto creado por Almeida para los concejales tránsfugas es ilegal, y por tanto no debería haber existido nunca, como reclamó Más Madrid desde el principio. El alcalde debe disolverlo cuanto antes y cumplir con el mandato de la Justicia”.
Los argumentos que han llevado a Más Madrid a esta lucha judicial fueron considerar que el alcalde incumplió el Pacto Antitransfuguismo, «a sabiendas de que su decisión de permitir la constitución del grupo mixto con cuatro tránsfugas no se ajustaba a derecho. También por considerar que se trató de una decisión política tomada sin ningún rigor jurídico».
La resolución del presidente del Pleno «partía de un presupuesto absolutamente falso, que Más Madrid no era un partido político, sino una coalición electoral, cuando la Junta Electoral lo confirmó. Más Madrid no se presentó en coalición y no es un hecho opinable, sino que está en el registro de partidos».
Cuca Sánchez ha insistido en que “Almeida formó este grupo para utilizarlo en su favor, para sus propios intereses. Y, desgraciadamente, esta ilegalidad la hemos pagado los ciudadanos”, ya que ha supuesto la aprobación de una Ordenanza de Movilidad que ha recortado Madrid Central, unos malos presupuestos (los de 2021), que recortaron los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, la aprobación de una Ordenanza de terrazas mala para hosteleros, comerciantes y vecinos…”.
La sentencia, además, es muy clara y declara textualmente que estamos ante “un típico supuesto de transfuguismo”.
Por todo ello, la portavoz adjunta de Más Madrid ha reclamado: «La inmediata disolución del grupo mixto; La reposición del daño causado volver a la distribución de vocales de distrito elegidos democráticamente por los madrileños. Los tránsfugas no pueden tener beneficios políticos o económicos, diferentes a los inherentes a su condición de concejales; La dimisión del presidente del Pleno; Y que, por supuesto, que Almeida de la cara y explique a la ciudadanía por qué creo el grupo mixto ilegal, yendo en contra de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, del Ministerio Fiscal y de la Junta Electoral Central, con tal de beneficiar políticamente al PP».
Para Más Madrid «y para toda la ciudadanía, esta sentencia es una victoria legal y democrática. Almeida, de nuevo, se ha vuelto a poner en evidencia, demostrando que no está a la altura de Madrid y su gente». “Ha hecho lo más grave que puede hacer un alcalde, incumplir la ley para beneficiarse personalmente él y su partido. Ha incumplido la ley y lo ha hecho conscientemente por intereses espurios, le han pillado y lo ha visto toda la ciudadanía. Él debería tomar sus propias decisiones y si no las toma, dentro de 96 días las decisiones las va a tomar la ciudadanía madrileña” .
El alcalde Almeida «debe saber que no se puede retorcer la voluntad democrática, no se puede retorcer la ley a su antojo para sus propios intereses. Está desgastado y débil. Está amortizado después de un mandato en el que no ha habido nada de gestión y sí muchos escándalos: las mascarillas, el espionaje a Ayuso, el grupo mixto ilegal, los arboricidios… «.
