El Partido Animalista PACMA ha anunciado en un comunicado durante la mañana de este sábado que el perro Luno, cuyo caso dio la vuelta al mundo en marzo de 2022 tras quedar retenido en el Aeropuerto de Madrid por no tener microchip tras llegar de Costa Rica, ha sido finalmente deportado a Ecuador tras aceptar, según PACMA, su propietaria y abogados una propuesta del Ministerio de Agricultura que llevaba encima de la mesa desde el mes de abril.
Las abogadas de la asociación AGERAA y PACMA se hicieron cargo inicialmente de la situación, que comenzó el 13 de marzo de 2022. La llamada desesperada de la propietaria del animal, que pernoctaba en el aeropuerto mientras su perro se encontraba encerrado en las jaulas de aduanas, acaparó la atención mediática. Según su testimonio, en ese momento solo se le habían ofrecido dos opciones tras comprobar los veterinarios la ausencia del chip y, por tanto, la imposibilidad de comprobar la aplicación de la vacuna obligatoria de la rabia: reexpedición al país de origen o sacrificio, a lo que se negó en rotundo.
PACMA y AGERAA presentan entonces la medida cautelar que logra salvar la vida al animal y evitar su deportación. Es trasladado en abril, tras 20 días en la jaula de aduanas del Aeropuerto, al Centro Integral de Acogida de Animales de Madrid, donde permaneció hasta su deportación este viernes 9 de diciembre.
Al comprobar las abogadas la posibilidad contemplada también por la normativa europea aplicable de vacunar de la rabia y guardar cuarentena para facilitar la entrada legal del país, se inicia entonces una batalla legal por evitar tanto el sacrificio (el cual califican de ilícito penal en el caso de Luno; un perro totalmente sano) como la deportación, entendiendo que dicha normativa europea se está aplicando de manera errónea en los aeropuertos españoles y destapando, así, un presunto entramado de irregularidades en los Puestos de Inspección Fronterizos por el que PACMA y AGERAA han solicitado cuentas al Gobierno, ya que «una incalculable cantidad de animales estarían pasando por la misma situación del perro Luno al margen de la atención pública», exponen.
Por decisión de la propietaria del animal, el caso cambia de abogados en el mes de octubre, semanas después de que el director de la Dirección General de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, recomendase públicamente a través de su cuenta de Twitter retirar las denuncias para agilizar el caso, a pesar de que, según las abogadas, «esto supondría la aplicación inmediata de la primera resolución del Ministerio de Agricultura: deportación del perro y vulneración, consecuente, de los derechos constitucionales de una ciudadana española y europea».
9 meses de cuarentena «a la basura»
Las abogadas de AGERAA y PACMA han calificado de “injusticia” la decisión adoptada por la responsable del animal, la cual ya había recibido la misma oferta de deportación por parte del Ministerio de Agricultura en el mes de abril, «pero no la había aceptado en su lucha por lograr la legalización de la estancia del animal en territorio español».
Según Mónica Olivares y Jacqueline García, abogadas inicialmente responsables del caso Luno, los 9 meses que el animal ha pasado en una cuarentena que interpretan como “un pulso judicial” del ministerio, se habrán “ido a la basura” cediendo ante una medida “desmesurada, injustificable y evitable”.
“Con Luno se logró descubrir el enorme agujero negro que son los aeropuertos españoles para los animales, donde se les sacrifica y se les deporta por una supuesta interpretación errónea de la normativa europea y, además, por carecer de protocolos para la atención y mantenimiento de animales en situación como la de este perro”, explica Olivares. “La denuncia y todas las medidas cautelares presentadas no solo estaban orientadas a ayudar a Luno y a su propietaria: la intención era evitar que esto le volviese a pasar a nadie”.
Aseguran que, ahora, a pesar de que el procedimiento judicial continúa, podría ser sobreseído por “carencia sobrevenida del objeto”, es decir, con el perro fuera de España, no habría objeto judicial como para continuar la investigación «a pesar de haber sido iniciada por la identificación de posibles irregularidades en la aplicación de la normativa». Desde PACMA y AGERAA «sospechan que el silencio mediático del caso Luno durante los últimos meses puede haber sido premeditado, así como su precipitada salida del país y la filtración de esta información en un día no laboral».
La responsable de AGERAA, Mónica Olivares, lamenta que el cambio de abogados se haya podido utilizar para “realizar un pacto con la administración y poder eludir el procedimiento». Asegura que «la única opción legal que debió proceder habría sido su regularización y entrada al territorio español con todas las garantías que ya había adquirido durante su estancia».
