Los sindicatos SATSE, CCOO, CSIT Unión Profesional y UGT han anunciado que rompen el acuerdo que, «por responsabilidad», firmaron con la Comunidad de Madrid para reabrir los puntos de Urgencias de Atención Primaria.
«El caos en el servicio y la falta de soluciones a todos los problemas planteados, nos empuja a desvincularnos del acuerdo ante el maltrato y la humillación que están sufriendo los y las profesionales de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria por parte de la Consejería de Sanidad y de la Comunidad de Madrid a través de sus acusaciones públicas», señalan.
El plan ideado por el Gobierno regional y su gestión «no sólo pone en jaque a la ética y la responsabilidad de los y las profesionales, sino que también pone en riesgo la salud de la población. Firmamos un acuerdo, que evitaba una huelga, por responsabilidad con la ciudadanía y para garantizar su seguridad sanitaria y esencialmente para proteger los derechos de los trabajadores que se veían seriamente lesionados con el plan inicial propuesto por la Consejería, pero no vamos a ser cómplices de esta tropelía».
Para los sindicatos firmantes, «el fracaso de este modelo es fruto de la inoperancia de la Administración y del incumplimiento de todos los compromisos adquiridos con las Organizaciones Sindicales, que desde la lealtad a los profesionales estábamos dispuestos a negociar hasta las últimas consecuencias para frenar el atropello que se pretendía perpetrar».
«Nos mostramos flexibles por la responsabilidad que nos movía a volver a prestar un servicio público esencial a la ciudadanía. Unas urgencias sanitarias muy necesarias que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se había negado a reabrir durante casi tres años, y que antes de cerrarlas realizaban casi 800.000 atenciones al año», inciden SATSE, CCOO, CSIT Unión Profesional y UGT.
«Negociación responsable»
Tras el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid de abrir los Puntos de Atención de Urgencias Extrahospitalarias, las organizaciones sindicales «nos opusimos al modelo precipitado que expuso la Administración a la Mesa Sectorial, en la que se esclavizaba a los profesionales empeorando sus condiciones laborales».
«Le solicitamos a la Consejería de Sanidad que se tomara el tiempo suficiente para dar solución a todos los problemas que expusimos, con el fin de garantizar el éxito de este servicio de urgencias que había sido demandado por todos desde que se cerraron los SUAP, hace ya más de dos años (marzo 2020)», relatan
Ante la negativa a todas las peticiones, las cinco organizaciones de Mesa Sectorial «presentamos una propuesta con un modelo de planificación de la jornada laboral compatible con las demandas de los trabajadores y las trabajadoras. Modelo que fue aceptado por la Consejería».
Conseguido el objetivo de que no se perdieran derechos en materia de ordenación de la jornada, «nos planteamos la necesidad de negociar todos los detalles del proyecto de apertura de los dispositivos con tiempo suficiente, y al margen de las presiones políticas. Por este motivo, solicitamos que el proceso negociador se hiciera con un seguimiento, a lo largo de dos meses, cuestión que fue aceptada por la Administración».
Por lo tanto, se acercaron posturas con un modelo de jornada que se asemeja al que anteriormente desempeñaban estos profesionales, con dos meses de negociación por delante para ver su sostenibilidad y el compromiso de una inmediata adaptación de la plantilla de estos centros a la actividad asistencial soportada en este periodo y aplicable al modelo definitivo.
Para ello, «firmamos un documento que contiene una batería de compromisos a respetar durante este periodo transitorio de negociación, por ambas partes. Siempre otorgando prioridad a la responsabilidad para con la población en una materia tan delicada como la asistencia sanitaria».
Sin embargo, desde el día 27 de octubre, fecha en la que se pusieron en marcha los PAC, la Consejería «no ha sido capaz de cumplir con ninguno de los compromisos adquiridos en ese documento, haciendo de este proceso un infierno para los y las profesionales y para los y las pacientes».
Los cuatro sindicatos que firmaron este comunicado «queremos dejar claro a la Consejería de Sanidad y a los y las trabajadoras afectadas por este Plan de Urgencias de Atención Primaria, orquestado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid», lo siguiente:
- Hemos conseguido bloquear el modelo de jornada que planteaban inicialmente y que era tremendamente lesivo para los derechos laborales, que incrementaba en más del 150% las jornadas presenciales de trabajo, planteaba una amplia movilidad forzosa a nivel de toda la Comunidad de Madrid, aumentaba considerablemente la carga asistencial de los y las profesionales y, además, repercutía sobre la actividad asistencial en los centros de salud.
- Hemos trabajado intensamente para ofrecer una alternativa de ordenación de jornada en las plantillas de los nuevos dispositivos asistenciales, atendiendo a las peticiones que nos han enviado los y las profesionales, ya que la Consejería no ofrecía ninguna alternativa mejor, ante nuestro rechazo de su propuesta inicial. Los 5 sindicatos de la Mesa Sectorial elaboramos un proyecto alternativo al de la Consejería que posteriormente fue aceptado por la afiliación que trabaja en este ámbito, de cuatro de las cinco OOSS de la Mesa de Sanidad.
- Desde el principio, hemos exigido la apertura de los antiguos SUAP, pero no a costa de modificar y empeorar las condiciones de aproximadamente 700 profesionales que trabajan en este ámbito de las urgencias extrahospitalarias, principalmente de los antiguos SAR, y de llevarlos a cabo de forma precipitada como consecuencia de la politización que ha sufrido el proceso. Tampoco, a costa de debilitar, aún más, las ya mermadas plantillas de los Centros de Salud, con la posible sobrecarga que podría generar los descansos de las guardias que realizaran, voluntariamente, en los CAP para sostener el modelo de urgencias.
- La postura de las OOSS, siempre fue la defensa de una apertura progresiva, pausada, según se fuera disponiendo de los recursos que contenía el acuerdo. Pero en este punto la administración de mostró inflexible e impuso abrir todo en una fecha determinada y en eso no hubo alternativa. Era una decisión política y ahora tenemos las consecuencias.
- Aunque la Consejería se cerró inicialmente en la imposibilidad de disponer, en este momento, de más recursos para la reapertura de los centros, conseguimos un incremento de los mismos, respecto a la propuesta original. Este aumento, aunque insuficiente en cuanto a las necesidades reales, permitía mantener una presión asistencial asumible por los y las profesionales en estos 2 meses de negociación.
- Estábamos dispuestos a negociar, durante dos meses, un modelo que fuera bueno para profesionales, que evitara un retroceso en las condiciones laborales y que preservara el derecho de la población a tener un servicio de calidad.
Desde la firma del acuerdo que debería haber iniciado la negociación sobre la configuración de las plantillas, el análisis de la presión asistencial, incremento de recursos, movilidad voluntaria de los profesionales, etc. y «como consecuencia de la falta de voluntad e incapacidad de la Consejería de Sanidad para solucionar los problemas que ellos mismos están generando, así como la incompetencia de la nueva Gerente de Atención Primaria, junto con la inoperancia de sus Direcciones Asistenciales, como queda demostrado con las dimisiones en bloque que se están produciendo, el incumplimiento reiterado de lo acordado con las OO.SS firmantes y el desinterés por una negociación real», los sindicatos han decidido dar por finalizado el acuerdo, «recordando a los profesionales que hemos hecho todo lo posible por mejorar su situación, en cuanto a la previsión que se tenía para ellos, aguantado todas las críticas y llevando al límite nuestra capacidad de negociación, como es nuestra obligación como representantes de los trabajadores».
