La Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación para aprobar la deflactación del tramo autonómico del IRPF tras elevar a audiencia e información pública su anteproyecto de Ley. A continuación, y una vez recabados distintos informes, el texto será aprobado por el Consejo de Gobierno en las próximas semanas para su remisión a la Asamblea de Madrid. El Ejecutivo regional estima que la medida genere un ahorro de 198,9 millones de euros a los contribuyentes, que será mayor para las rentas más altas.
El Gobierno autonómico busca con esta medida, anunciada este mismo mes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, adelantar a este año su entrada en vigor y ayudar así a los madrileños afectados en su economía doméstica por el alza de precios y la alta inflación en la próxima campaña de la Declaración de la Renta.
En este sentido, otro de los objetivos es que «los ciudadanos no se vean perjudicados por las próximas subidas salariales, ya que en caso contrario se va a ocasionar que los madrileños paguen más en el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, lo que de facto se traduce en una subida de impuestos”, como recoge la futura norma autonómica.
Para ello, se va a llevar a cabo en todos los tramos de la escala autonómica del impuesto, así como en el mínimo personal y familiar, para llegar a todos los contribuyentes madrileños y que éstos no vean mermado su poder adquisitivo y poder soportar la escalada de precios.
Para establecer el porcentaje sobre el que se realizará la deflactación, se tomará como referencia el incremento del coste salarial ordinario nacional del segundo trimestre de 2022, establecido en el 4,1% según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).
AHORRO FISCAL DE MÁS DE 500 MILLONES
Una vez que aprobada esta deflactación del IRPF, esta se sumará a la rebaja de medio punto del tipo aplicable en todos los tramos de la escala autonómica del impuesto validado por la Comunidad de Madrid, que entró en vigor el pasado 1 de enero, y que supondrá un ahorro estimado de más de 330 millones de euros. De esta manera, el impacto para las familias de las medidas adoptadas sobre el IRPF autonómico superará en 2023 los 500 millones de euros.
