CCOO del Hábitat Madrid ha denunciado que el Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, mantiene contratada a la empresa Grupo DLR Facility Services SL en el servicio de Limpieza de los Edificios Adscritos esta área, «siendo conocedor de los permanentes incumplimientos de esta frente a las trabajadoras y frente a la legislación laboral».
La empresa Grupo DLR Facility Services SL, propiedad de Ángel de la Rúa Ruiz, que también es propietario del grupo de comunicación Decisión Media y Decisión Radio, es adjudicataria de este contrato con el Ayuntamiento de Madrid, que se compone de 3 lotes, desde enero de 2021, y «desde el inicio del mismo ha incumplido de manera reiterada sus obligaciones legales y salariales», exponen desde el sindicato.
Mantiene también otros contratos de limpieza con la Administración, como son la Biblioteca Nacional, donde las trabajadoras se concentraron ante sus puertas para reclamar también salarios atrasados, o el Ayuntamiento de Torrelodones, donde ha tenido varias sanciones por reiterados incumplimientos también en sus obligaciones contractuales y retrasos en el pago de salarios.
La empresa «incumple de manera permanente las fechas de abono de las nóminas de las trabajadoras, llegando incluso al impago de meses completos». En el momento actual mantiene sin pagar la paga extraordinaria de verano y la mensualidad del mes de julio a las trabajadoras que prestan sus servicios para el Ayuntamiento de Madrid; «incumple de manera permanente el convenio colectivo de aplicación, que es el de Limpieza de edificios y locales», y por parte de CCOO se han denunciado otra serie de incumplimientos legales a la Inspección de Trabajo, que ya ha emitido varias resoluciones respecto ellos.
De todas estas irregularidades se ha dado cuenta e informado además por escrito al propio Área de Gobierno, la última de las ocasiones a finales del mes pasado, a través del coordinador general del Área. El sindicato, amén de denunciar todas estas irregularidades, reclamaba la «rescisión del contrato con la concesionaria ante tales irregularidades y en defensa de los intereses de las trabajadoras».
