En el último año, la Justicia ha confirmado varias multas que suman 94.000 euros a la empresa que durante años gestionó diversas residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid, y que a día de hoy sigue gestionando un centro en el distrito de Arganzuela de la capital.
En varias resoluciones el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado hasta cinco sanciones por incumplimientos de contrato y deficiencias en el servicio a la empresa Aralia Servicios Sociosanitarios en cuatro residencias de la ciudad.
Se trata de una empresa ligada a José Luis Ulibarri, empresario castellano y leonés condenado recientemente por su participación en la trama Gürtel. Una de estas residencias, la de Peñuelas ubicada en el distrito de Arganzuela, todavía es gestionada por esta empresa mientras el resto ya han sido adjudicadas a otras compañías.
José Luis Ulibarri fue condenado el pasado mes de abril a un año y medio de cárcel y cinco más de inhabilitación por delitos de prevaricación, fraude a la administración, falsedad documental, tráfico de influencias y un delito fiscal. En el juicio, el empresario reconoció haber participado en la trama de amaño de contratos que encabezó la trama Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte: consiguió, por ejemplo, que su empresa fuera la adjudicataria de la venta de una parcela por un precio menor al procedente en 2005 y pagando comisiones que acabaron en los bolsillos, entre otros, del cabecilla Francisco Correa.
Una década antes, este empresario castellano y leonés había fundado su empresa Aralia Servicios Sociosanitarios, que en la actualidad dirigen varios familiares. La compañía gestiona varias residencias y centros ocupacionales por todo el país, algunos por adjudicaciones públicas, y que hasta hace un año y medio estaba al frente de cuatro residencias de ancianos por encargo de la Comunidad de Madrid: Ensanche de Vallecas, Ventilla, Peñuelas y Parque de los Frailes en la localidad de Leganés.
Cinco sanciones entre 2018 y 2020
Fue la propia Consejería de Políticas Sociales la que entre 2018 y 2020 impuso cinco sanciones a esta empresa por incumplimientos en todas estas residencias de ancianos y por un valor total de 94.285,55 euros. Unas sanciones que ha ido confirmando a lo largo del último año el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Las dos últimas sentencias sobre esta empresa han sido firmadas por los magistrados de lo contencioso-administrativo en las últimas semanas.
Una de estas cinco sanciones tienen que ver con la única residencia que todavía es gestionada por Aralia: la de Peñuelas, en el barrio madrileño. En casi todos los casos la inspección, que acudió en ocasiones a petición de plataformas de familiares y afectados, detectó infracciones e incumplimientos del contrato por el que habían cobrado varios millones de euros públicos. En el caso de la residencia Parque de los Frailes de Leganés, por ejemplo, descubrieron que no habían comunicado a las autoridades un brote de gastroenteritis que había afectado a 23 internos del centro.
En otros centros, los inspectores de la Comunidad de Madrid descubrieron que se incumplían turnos de los gerocultores, que había menos fisioterapeutas de los debidos y que no se llevaban correctamente los registros de tratamientos médicos, alimentación por sonda o cambios de postura de los pacientes. Son cinco sanciones confirmadas por el TSJM en el último año aunque los archivos oficiales demuestran que se interpusieron más sanciones por parte de la administración regional en años anteriores. En 2019, por ejemplo, la Justicia confirmó otra multa más de 16.000 euros por el estado en que se encontraba la residencia del Ensanche de Vallecas: baños sucios, baberos sucios, suelos sucios y una «dejadez absoluta».
Estas sentencias rechazan de plano los recursos y argumentos de las empresas ligadas al empresario condenado en la trama Gürtel y a la espera de juicio en otra de sus piezas principales. Sobre las ausencias de personal en las residencias, Aralia alegaba que eran ausencias «temporales, vacaciones, sistemas rotatorios de guardia o libranzas semanales», algo que según una de las últimas sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Madrid «no desacredita» lo que vieron los inspectores al acudir.
La mayor parte de estas sanciones por la gestión de residencias tienen que ver con concesiones públicas de la Comunidad de Madrid, pero existen más sentencias de tribunales de todo el país que ratifican sanciones impuestas en otros territorios. Por ejemplo, los 11.555 euros de sanción impuestos por la Junta de Castilla-La Mancha por deficiencias y ausencias de personal en una residencia de Molina de Aragón (Guadalajara), confirmada por la Justicia el año pasado.
Nuevos gestores
En los primeros meses de 2020, poco antes del estallido de la pandemia de coronavirus en España, varios medios publicaron que la intención de la Consejería de Políticas Sociales, en ese momento todavía en manos de Ciudadanos con Alberto Reyero, era sancionar a esta y otras empresas por incumplimientos e incluso romper el contrato que mantenían con la administración madrileña. Esa sanción definitiva no se produjo, Reyero dimitió unos pocos meses después y algunos contratos de Aralia se terminaron.
La única de estas residencias que sigue a día de hoy en manos de esta empresa es la de Peñuelas, en el distrito madrileño de Arganzuela, dado que la concesión que le fue otorgada por primera vez en 2015 y vigente, después de varias prórrogas, hasta que empiece 2023 según figura en la documentación de la Comunidad de Madrid. Desde el gobierno regional explican que la concesión termina en cinco meses y que ya se está trabajando en la licitación de un contrato nuevo.
Aralia gestionó la residencia de Ensanche de Vallecas entre 2014 y 2020. La primera adjudicación fue por 8,4 millones de euros y después hubo una prórroga de tres años más hasta 2020 por ocho millones más. El año pasado, tras un nuevo concurso público, la gestión del centro quedó en manos de Centenari Salud por 10,9 millones durante tres años hasta octubre de 2023. Este mismo mes de abril, menos de un año después de obtener la gestión del centro, la nueva contratista ha sido sancionada con más de 50.000 euros por parte de la Consejería por motivos similares a su predecesora en cuanto a falta de personal, según puede comprobarse en el portal de contratación de la propia Comunidad de Madrid.
La residencia de Leganés, por su parte, llegó a manos de Aralia en 2017 por valor de 12 millones y que fue prorrogada hasta en tres ocasiones entre agosto de 2020 y mayo de 2021, cuando la empresa ya había sido sancionada por incumplimientos de contrato, entre otras, en esta misma residencia por un brote de gastroenteritis no comunicado.
El año pasado la gestión de esta residencia del sur de Madrid fue adjudicada por la Consejería a la empresa Centenari Salud. El centro Isabel La Católica de Ventilla, finalmente, fue adjudicado a Aralia en 2014 durante tres años y por 9,2 millones de euros, contrato prorrogado en 2017 durante tres años más. Desde el año pasado esta residencia está en manos de la empresa Arquisocial en una adjudicación de 11,7 millones de euros.
