El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado hoy la licitación para la construcción, conservación y explotación de la nueva Ciudad de la Justicia del Partido Judicial de Madrid.
El complejo, ubicado en Valdebebas, concentrará en este punto de la capital los 356 órganos judiciales dispersos en la actualidad por 28 inmuebles de la ciudad, muchos de ellos de alquiler. La nueva Ciudad de la Justicia, que supone el tercer intento de la Comunidad de Madrid de poner en marcha el proyecto tras los intentos fallidos de 2004 y 2015, estará compuesto por un total de 17 inmuebles.
Esta gran infraestructura se convertirá en el principal hito del Plan Justicia 21×21, una iniciativa de modernización y humanización de la Administración de Justicia en Madrid diseñado por el Gobierno autonómico. Se calcula que dará servicio diario cuando entre en funcionamiento a más de 30.000 personas, entre usuarios, funcionarios, empleados y operadores del sector.
La fórmula elegida por la Administración regional para la Ciudad de la Justicia, respaldada en los correspondientes estudios de viabilidad y tras el cumplimiento de los necesarios trámites de consulta e información públicas, consiste en una concesión con un plazo máximo de 40 años.
El canon asciende, como máximo, a 49,3 millones de euros -más IVA-, cantidad que no será sometida a revisión -y sólo en un 20% de la misma- hasta el octavo año del contrato. Además, esta cuantía solo será examinada nuevamente hasta que el licitador recupere la inversión realizada, y podrá ser rebajada por los licitadores en la oferta que presenten.
Esta cifra supondrá para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid un ahorro superior a los 20 millones de euros respecto a los 72 que invierte anualmente el Gobierno autonómico en la prestación del mismo servicio, incluyendo, entre otros gastos, arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministro eléctrico o archivo. Además con esta fórmula la inversión inicial, que será de 507 millones de euros, recaerá totalmente en el capital privado, que asume todos los riesgos derivados de la operación.
Una vez concluida y recepcionada la obra, la Comunidad de Madrid empezará a abonar el canon, aproximadamente tres años después de que, a principios de 2023, tal y como está previsto, se coloque la primera piedra. El desembolso, por tanto, se producirá aproximadamente durante 36/37 años. Finalizado ese periodo este gran complejo judicial revertirá siendo la propia Comunidad de Madrid su titular, incrementando de manera notable su patrimonio público con edificios que podrían alcanzar vidas útiles de hasta 100 años.
La adjudicataria del contrato de construcción obtendrá, además del canon anual, ingresos por la explotación comercial en los bajos de los edificios, donde podrían instalarse restaurantes, oficinas, sucursales bancarias, escuelas infantiles, farmacias, gimnasio, un gran aparcamiento dotado con casi 5.000 plazas y servicios diversos para los empleados, profesionales del mundo judicial y usuarios que acudan a la Nueva Ciudad de la Justicia. La previsión es que unas 31.000 personas empleen a diario esta futura instalación judicial.
El concesionario, además de construir la nueva Ciudad de la Justicia de Madrid, deberá asumir todas las labores de mantenimiento, así como el servicio integral de seguridad y vigilancia, de limpieza de todas las instalaciones, archivo, gestión de documentación y atención al ciudadano, entre otros. En definitiva, todos aquellos que garanticen el buen funcionamiento de la infraestructura, sin coste adicional alguno para los madrileños.
Los terrenos donde se levantará este gran complejo se ubican en Valdebebas, el desarrollo urbanístico que ya alberga otras dos infraestructuras de la Comunidad de Madrid, el Hospital público Enfermera Isabel Zendal y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML). Contará con una potente red de transporte público con importantes infraestructuras como el futuro intercambiador de Valdebebas, la ampliación de la línea 11 de Metro, además de Cercanías y EMT.
Ventajas de un proyecto futuro
Esta ventaja es una más del modelo elegido por la Comunidad de Madrid para la creación de la Ciudad de la Justicia, pues con su construcción habrá otras mejoras cuantitativas y cualitativas en la prestación de un servicio público tan esencial para los ciudadanos. Entre ellos, solventar el déficit de espacios y la antigüedad de los edificios, generando espacios de reservas para futuras ampliaciones de la planta judicial de la capital.
Asimismo, la Ciudad de la Justicia incluirá una constante adaptación y evolución en materia de tecnologías de la información y de la comunicación, así como la aplicación de planes de gestión y protocolos de actuación. Además, se dota de una mayor seguridad jurídica tanto a la Administración autonómica como al adjudicatario.
El complejo contará con dotaciones como aparcamientos, edificios para usos profesionales, centros deportivos, de ocio y salud, cafeterías y una escuela infantil, todo ello encaminado a la conciliación laboral y familiar y para mejorar la calidad de vida de sus usuarios.
Mayor accesibilidad, mejor eficiencia energética
Uno de los principales criterios que van a tener en cuenta los técnicos de la Consejería a la hora de valorar las ofertas que se presenten es la accesibilidad universal y la supresión de barreras arquitectónicas para cualquier persona que tenga una discapacidad. Se trata de uno de los objetivos del Plan Justicia 21×21 de modernización y humanización de las infraestructuras judiciales.
También sumarán puntos las propuestas que se comprometan a alcanzar los máximos objetivos en materia de eficiencia energética. Entre ellos, que el 100% de la electricidad que se consuma y suministre en la Ciudad de la Justicia proceda de fuentes de energía renovables y de cogeneración.
Tal y como anunció recientemente el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, el Banco Europeo de Inversiones valora de manera muy positiva este proyecto. En este sentido, el Ejecutivo regional está trabajando con esta entidad para ofrecerlo como opción de financiación para el futuro adjudicatario de las obras.
