La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha remitido este lunes, 11 de julio, una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, donde le insta a adoptar «medidas eficaces» para atajar la crisis energética y propone, entre otras, medidas como la eliminación de «múltiples impuestos que gravan su producción y aumentan el coste para los ciudadanos».
«Desde la Comunidad de Madrid observamos con gran preocupación la actual crisis energética y sus graves consecuencias para el crecimiento económico y el bienestar social. Es evidente que estamos asistiendo a un proceso de reequilibrio geopolítico en el que la energía se está utilizando como ariete contra las sociedades abiertas de Occidente, por la vía de generar escasez y volatilidad», expone en la misiva.
En este escenario, añade, «la situación de España resulta desalentadora, debido a la debilidad de nuestro mapa energético y a la insuficiencia de interconexiones eléctricas con el mercado europeo. La realidad en este momento es que somos uno de los países con mayor dependencia del exterior y el segundo con la electricidad más cara de toda la Unión Europea, con una fiscalidad que supera el 60% de la factura entre impuestos y costes regulados».
Prescindir del carbón y programar el cierre de las centrales nucleares, «sin tener alternativas, nos ha hecho dependientes casi en exclusiva de un gas que no tenemos para garantizar el suministro eléctrico. Como es bien sabido, las energías renovables, como la eólica o la solar fotovoltaica, no están en disposición de cubrir la demanda, al ser intermitentes, variables y no tener posibilidad de almacenamiento a gran escala».
«A las debilidades estructurales agudizadas por la política energética seguida en los últimos tres años, se añade que las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación a raíz de la invasión rusa de Ucrania se han revelado insuficientes, cuando no contraproducentes. La introducción de un tope al precio del gas ha sido un fracaso, ya que el precio de la electricidad no ha dejado de incrementarse desde que la excepción ibérica entrara en vigor, cuando el Gobierno aseguró que permitiría rebajar hasta un 40% los precios del mercado mayorista», expone Paloma Martín.
Y el descuento de 20 céntimos en los combustibles «tampoco ha reducido los precios que los españoles pagamos por repostar, que se han encarecido en 31céntimos la gasolina y 27 céntimos el diésel, según el Boletín petrolero de la UE del 27 de junio. Además, las constantes amenazas de nuevos impuestos y de una mayor intervención del mercado por parte del Gobierno constituyen otro grave error, que compromete el desarrollo de nuevos proyectos, indispensables para fortalecer
nuestro suministro de energía: quien tiene que hacer grandes inversiones a medio y largo plazo necesita certezas y seguridad jurídica, que es lo contrario de lo que ahora mismo está ofreciendo España».
Sin embargo, inciden desde la Comunidad de Madrid, «las naciones de nuestro entorno están impulsando actuaciones ambiciosas: de un lado, para paliar el impacto de esta crisis sobre el poder adquisitivo de sus ciudadanos y la competitividad de sus empresas; de otro, para desligarse del gas y avanzar en su independencia energética».
«Con carácter inmediato, por ejemplo, Alemania ha decidido incrementar el mínimo personal y familiar en el IRPF y Polonia ha optado por reducir los tipos impositivos en todos los tramos del IRPF, salvo en el máximo, incrementando también el tramo exento. Más a largo plazo, Francia construirá 14 nuevos reactores nucleares y alargará la vida de los existentes, Reino Unido triplicará su capacidad nuclear de 7GW a 24GW, y otros países como Finlandia, Polonia, República Checa, Bulgaria o Rumanía están poniendo en marcha proyectos de reactores modulares», ha reflexionado.
En este punto, «resulta muy difícil de entender que el Gobierno de España se niegue incluso a debatir sobre la ampliación de la vida útil del parque nuclear existente, de vital importancia estratégica para España, a pesar de que ya en enero la Comisión Europea incluyó esta fuente de energía dentro de su taxonomía verde, pidiendo una inversión de medio billón de euros hasta 2050 para asegurar los objetivos de descarbonización. Decisión que, además, acaba de ser respaldada por el Parlamento Europeo».
«Dada la gravedad de las circunstancias y teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid no tiene competencias directas sobre el diseño y la gestión de la política energética, nos vemos obligados a urgir al Gobierno de la Nación a que adopte sin demora medidas realmente eficaces ante la actual crisis energética», para lo cual le han propuesto:
– Sustituir los ocho impuestos estatales que gravan actualmente la producción de energía por un impuesto que internalice los daños ambientales.
– Estudiar la suspensión temporal e inmediata del impuesto al CO2 y del impuesto de hidrocarburos.
– Reducir las subvenciones que no tienen nada que ver con la generación de electricidad, como las garantías de potencia o las primas a las renovables.
– Traspasar el 100% de los sobrecostes de los sistemas eléctricos insulares, Ceuta y Melilla, así como el déficit de tarifa, a los Presupuestos Generales del Estado.
– Aprovechar los fondos europeos para reforzar las interconexiones, tanto eléctricas como gasistas, con el sistema europeo.
– Y abrir el debate sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares, antes de que el avance de los planes de desmantelamiento nos sitúe en un punto de no retorno.
«Si queremos tener un mapa energético seguro, estable, barato, independiente y descarbonizado, debe rediseñarse el mix energético para avanzar en la electrificación de la demanda, lo que exige asegurar la presencia en una proporción adecuada de todas las tecnologías disponibles, tanto discontinuas como de respaldo. La situación de verdadera emergencia en la que nos encontramos amenaza con causar un enorme daño a nuestro tejido productivo y aboca a miles de ciudadanos a la pobreza energética. Con la esperanza de que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta y llevadas a la práctica por el bien de los madrileños y del conjunto de los españoles, quedo a su entera disposición, ha concluido en su carta.
