Amnistía Internacional Madrid ha reiterado su apoyo a Josefina Hernández y Richard Rodríguez, quienes han comparecido este martes, en la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, en nombre de la Asamblea de Vivienda Stop Desahucios de Usera, a petición de los grupos parlamentarios Más Madrid y Unidas Podemos, para explicar la situación de riesgo de desalojo a la que se enfrentan desde 2015, pese a llevar 15 años solicitando una vivienda social a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid y a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid.
La familia ha pedido a los diputadas de la Asamblea de Madrid que impidan el que sería el décimo intento de desalojo sin alternativa a una vivienda adecuada y que, como políticos, “garanticen el derecho a la vivienda” e incluso intercedan ante el fondo de inversión Cerberus para que puedan negociar el pago de un alquiler social
La situación vivida por esta familia “de personas trabajadoras con ingresos estables”, han explicado, y con tres hijas menores a su cargo, se agravó en 2015, cuando se establecieron en una vivienda vacía propiedad de una entidad financiera, después de que, a consecuencia de la crisis económica, se quedaran sin ingresos y no pudieran hacer frente a los gastos de alquiler.
Amnistía Internacional ante la crisis de vivienda que existe en España, reclama mejoras para blindar de forma efectiva el derecho a la vivienda y asegurar la protección de las personas, especialmente las que están en riesgo de desalojo. Amnistía Internacional recuerda que en el último trimestre de 2021 se han llevado a cabo un total de 10.161 desahucios, 1.044 de ellos en Madrid, lo que la sitúa como la cuarta Comunidad con el mayor número de desahucios por detrás de Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana.
Joséfina: “Sí estamos aquí es porque necesitamos ayuda”
Josefina y Richard, que han descrito la tremenda situación que arrastran desde hace más de una década, explican que se trata de una circunstancia sobrevenida que “nos obligó a pensar únicamente en proteger a nuestras hijas” y evitar “el trastorno emocional que supone para unas menores quedarse en la calle”, ha relatado Josefina. Una situación, que asegura “les ha paralizado la vida”, ya que viven, añade Richard, “en una amenaza constante de desahucio y solo tiene tiempo para defenderse ante los tribunales”.
Richard se ha dirigido a los grupos políticos que componen esta comisión en la Asamblea de Madrid, con la frase “les pido que nos ayuden a conseguir un alquiler social”, a la vez que ha incidido en que “la vivienda es un derecho” y su situación de trabajador “empobrecido” – tan solo se ingresan 1000 euros en la familia — impide que puedan acceder a un alquiler de renta libre.
Hay que recordar que el desalojo de Josefina y Richard se ha suspendido en nueve ocasiones gracias a la acción de movimientos sociales como la PAH, que han visibilizado su situación especialmente vulnerable. Además, en cuatro ocasiones Naciones Unidas ha pedido suspender su desahucio hasta que no tengan una vivienda alternativa.
En diciembre de 2021 su desalojo se paró por las medidas especiales de protección durante la Pandemia de la Covid-19, medidas que se han prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2022, y que dejan a la familia con la incertidumbre de un nuevo intento de desahucio a partir de esta fecha.
Amnistía Internacional Madrid se ha dirigido en numerosas ocasiones al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid y en febrero lanzó una acción en redes sociales, solicitando con carácter urgente intervención para asegurar la paralización del desahucio de Richard y Josefina, y el aseguramiento de vivienda adecuada asequible de acuerdo con los ingresos de las personas afectadas.
