Este domingo, 13 de febrero, colectivos de todo el país han convocado manifestaciones en rechazo a la reforma planteada desde el Congreso para cambiar la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. La convocatoria está apoyada por más de cien colectivos, organizaciones y movimientos sociales, los cuales están impulsando acciones a nivel estatal e internacional para pedir, según han comunicado, que “la reforma de la Ley Mordaza responda a unos mínimos que garanticen el libre ejercicio de los derechos fundamentales”.
Estas movilizaciones están convocadas bajo el lema “Ni ley mordaza, ni mordaza maquillada” para denunciar que “la reforma de la Ley Mordaza, tal y como la plantea el gobierno, no es una verdadera reforma que se alinee con los estándares internacionales de los derechos humanos: es un maquillaje de la ley actual, que no elimina los elementos más restrictivos para el ejercicio de derechos”, según señalan en el llamamiento.
Las organizaciones adheridas denuncian que “ni el borrador, ni las enmiendas presentadas por los partidos del Gobierno de coalición proponen medidas garantistas para el ejercicio de derechos y libertades fundamentales” como la libertad de expresión, de reunión pacífica, el derecho de información, o los derechos de personas migrantes y solicitantes de asilo.
“El acuerdo alcanzado por los socios de Gobierno no elimina ni modifica en profundidad los aspectos que han supuesto más sanciones para quienes querían ejercer su derecho a protestar pacíficamente. Según las enmiendas que se aprueben en los próximos días sabremos si nuestro derecho a protestar seguirá amordazado en nuestro país, o por el contrario prevalecerá el respeto por los derechos humanos. Por eso, este es un momento clave para presionar y movilizarnos para arrancar de una vez todas las mordazas”, alertó Míriam Navamuel González, portavoz de Amnistía Internacional Madrid.
Hasta ahora, hay programadas movilizaciones para el 13 de febrero en más de veinte territorios entre los que se encuentran Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña, Santiago, Murcia, Pamplona/Iruña, Granada, Vitoria, Toledo, Guadalajara, Badajoz, Castellón, Logroño, Albacete, Ciudad Real, Oviedo, Mallorca o Mérida, y continúan sumándose localidades. La manifestación en Madrid discurrirá desde Atocha hasta la Puerta del Sol, dará comienzo a las 12.00 y se prevé una duración de 2 horas.
La mayoría de las movilizaciones tendrán lugar justo dos días antes de que se reúna la Ponencia de la Comisión de Interior en el Congreso, un encuentro en el que los grupos parlamentarios cerrarán los principales acuerdos que marcarán gran parte del articulado de la reforma.
Mejoras «tibias e incompletas» de la reforma
Con estas movilizaciones se quiere recordar a los grupos parlamentarios que, cuando se aprobó la Ley Mordaza, todos los partidos de la oposición se comprometieron a derogar o reformar de forma integral esta norma, un compromiso político que, a juicio de la Plataforma No Somos Delito, “está muy lejos de cumplirse, tal y como se está planteando la reforma ahora mismo”. No Somos Delito entiende que la reforma seguirá “amordazando derechos fundamentales” mientras éstos sean regulados bajo un procedimiento administrativo “en el que la versión policial está por encima del testimonio de la ciudadanía, y la administración es juez y parte, apuntan.
Por tanto, la Plataforma pide al Congreso que se modifiquen o eliminen de la ley aquellos artículos que consideran más lesivos para el ejercicio de libertades y derechos fundamentales, como el 36.6 que sanciona de 601 a 30.000 euros la resistencia, desobediencia o negativa a identificarse, supuesto que ya está regulado en el Código Penal; y el 37.4 que sanciona de 101 a 600 euros la falta de respeto a un agente de la autoridad, “cuya aplicación depende esencialmente de la interpretación que hagan in situ los funcionarios actuantes”, denuncian desde No Somos Delito. Dos artículos que, juntos, son los que más multas han supuesto en materia de seguridadciudadana desde que se aprobó la Ley Mordaza en 2015, llegando a sumar hasta 2019 las casi 140.000.
Piden también la eliminación de las infracciones que “criminalizan determinadas situaciones de pobreza”, como la sanción por venta ambulante o la infracción específica que multa a trabajadoras sexuales; y que se prohíban expresamente las expulsiones sumarias o devoluciones en caliente, así como la realización de las redadas por perfil étnico o racial.
En el llamamiento a la movilización se reconocen “algunos avances en las propuestas planteadas en las enmiendas gubernamentales» y citan la propuesta de adecuar la cuantía de las sanciones a los ingresos reales de la persona sancionada o la supresión de las infracciones que sancionan las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados, los desórdenes públicos o el escalamiento. Pero, por lo general, para los colectivos adheridos a la movilización las propuestas de reforma son “insuficientes, poco valientes y poco garantistas”.
Los colectivos también consideran que está “incompleta” la propuesta de reconocer el derecho de manifestación espontánea ya que, según apuntan, se sigue manteniendo las infracciones que permiten a la policía determinar quién es la persona convocante de una manifestación que no ha sido comunicada (art. 30.3) y sancionarla (art. 37.1).
Entre los más de cien colectivos adheridos a esta convocatoria se encuentran entidades como Ecologistas en Acción, Amnistía Internacional, Defender A Quien Defiende (DQD), Greenpeace, Confederación General del Trabajo (CGT), Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), Red ACOGE, además de asambleas y colectivos del 15M como la Comisión Legal Sol, Yay@flautas o Marea Granate, entre otras muchas. Colectivos que llevan años denunciando y reportando junto a la Plataforma No Somos Delito que la Ley de Seguridad Ciudadana vulnera derechos y libertades fundamentales.
