«La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a utilizar a los y las docentes en su ofensiva contra el Gobierno de España». Así ha denunciado CCOO la publicación, el pasado 4 de febrero en el Boletín Oficial regional, de la convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Maestros, anticipándose en dos meses a la fecha habitual en las que se deberían haber convocado.
CCOO expone que este adelanto «es un intento de evitar la aplicación del Real Decreto que prepara el Gobierno de España». “Díaz Ayuso ha politizado esta convocatoria para usarla como otra pieza más en su guerra contra el Gobierno central”, sostiene Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid.
La consecuencia más importante de adelantar la convocatoria es «que se pierden plazas docentes». Concretamente, supondrá la pérdida de al menos 975 plazas de Educación Infantil y Primaria. «Y no es la única secuela que dejará este adelanto. La temporalidad, que iba a bajar al 4% si se hubieran respetado los plazos de la convocatoria, se mantendrá por encima del 10%. Madrid prolonga así la precariedad laboral que sufren tantos docentes y una temporalidad que afecta directamente a la calidad educativa», inciden.
«Saltarse la ley»
“Si bien Madrid no ha sido la primera Comunidad Autónoma en adelantar las oposiciones, sí lleva la voz cantante en esta permanente pataleta de las autonomías contra el Gobierno central. Madrid ha manifestado su decisión de saltarse la ley tanto en 2022 como en 2023 y lanza una convocatoria ‘en diferido’ que amenaza con una gran pérdida de empleo público y que arroja una tremenda inseguridad jurídica a los procesos de convocatoria”, asegura Galvín.
CCOO destaca también que las 1.625 plazas que se convocan no son plazas nuevas, sino que corresponden a la tasa de reposición. Es decir, que reponen docentes que se han jubilado o que se han ido de la educación pública madrileña por diversos motivos. “Es vergonzoso que el Gobierno de Díaz Ayuso publicite esta convocatoria como una buena noticia cuando supone una pérdida de puestos de trabajo y un deterioro de la educación pública madrileña”.
«Rehenes políticos»
Galvín recuerda que el aumento de la inversión educativa, el incremento de la plantilla y la mejora de las condiciones laborales «son los retos comunes que persigue toda la comunidad educativa», e insiste en que con este adelanto «se pierden oportunidades para todos los docentes, tengan más o menos experiencia, y que la tasa de temporalidad se mantendrá muy elevada». “Esta convocatoria, junto con la reciente aprobación de la Ley Maestra, forma parte de la ofensiva de la derecha contra la educación pública mediante la precarización de las plantillas y el desvío de sus fondos hacia el negocio de la educación privada»
“Nos negamos a que Enrique Ossorio siga utilizando a los docentes de la enseñanza pública madrileña para sus fines políticos y sus ataques al Gobierno central, convirtiéndonos en rehenes políticos y empeorando así la Educación Pública madrileña”, ha concluido Isabel Galvín.
