Al menos tres de las diez menores de edad liberadas el pasado lunes en el marco de una operación policial contra la explotación de menores con fines sexuales y de tráfico de drogas residían en centros de protección de menores de la Comunidad de Madrid, tal y como ha confirmado la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.
Sin embargo, podrían ser más de estas tres, dado que el departamento que dirige Concepción Dancausa sigue recopilando información tras la solicitud del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. La Institución quiere verificar su residencia en centros de menores de la Comunidad de Madrid y conocer los protocolos específicos para la detección precoz de casos de abuso, explotación o trata de menores que se aplican en los centros de protección madrileños. Además, se ha interesado por las actuaciones y medidas previstas para mejorar la atención a menores susceptibles de explotación, tanto en los centros o pisos residenciales como fuera de los mismos.
Según investigaciones de la Policía Nacional, se vincula a cuatro de las diez menores con centros de menores de la Comunidad de Madrid, otra con un centro de Guadalajara, mientras que otra vivía con su familia. En un principio, el Gobierno regional insistió en un principio en que era un caso ajeno a sus centros y que ninguna de las víctimas de esta mafia estaba tutelada por la Comunidad.
En la investigación policial ha sido fundamental una de las menores liberadas, que fue atendida en el centro de primera acogida de Hortaleza, enviada por la Policía tras ser encontrada en situación de vulnerabilidad, para luego ser trasladada a la Residencia de Adaptación Psicosocial Picón de Jarama, en Paracuellos y especializada en adicciones.
No es la primera vez que el Defensor del Pueblo inicia actuaciones de oficio tras tener conocimiento de hechos de esta naturaleza en alguna otra comunidad autónoma, como, por ejemplo, Islas Baleares. El Defensor considera oportuno hacer seguimiento de las medidas preventivas y de detección e intervención precoz diseñadas por la Administración para evitar y hacer frente a casos de explotación sexual de menores que se encuentran al amparo de medidas de protección.
Además, el Defensor del Pueblo va a iniciar también acciones dirigidas a la Dirección General de la Policía para interesarse por el alcance de la investigación iniciada y de las medidas adoptadas para garantizar la integridad y la seguridad de las menores víctimas y sus familias.
37 detenidos y 10 niñas liberadas en Usera y Puente de Vallecas
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 37 personas que formaban un grupo criminal dedicado a la explotación sexual de menores de edad, de entre 14 y 16 años, en la ciudad de Madrid. Además de prostituirlas, también las utilizaban para la venta de sustancias estupefacientes. En los registros que se realizaron, los agentes localizaron un zulo en Puente de Vallecas donde los arrestados explotaban sexualmente a las menores y se intervinieron varios efectos como droga, material informático, armas y dinero.
La inmensa mayoría de los 37 detenidos eran dominicanos, aunque hay cuatro marroquíes y varios rumanos, nigerianos, españoles y cubanos, con edades comprendidas entre los 18 y los 57 años. Están acusados de los delitos de agresión sexual, prostitución de menores, tenencia de pornografía infantil, detención ilegal y delito contra salud pública y 8 ya han ingresado en prisión.
La investigación comenzó el pasado mes de abril cuando los agentes tuvieron noticias de que una menor de edad se fugaba con asiduidad de su lugar de residencia y que durante sus ausencias mantenía relaciones sexuales con personas mayores de edad a cambio de dinero o de sustancias estupefacientes. Los investigadores descubrieron que otras menores, con las que compartía lugar de residencia, se encontraban en la misma situación. Contactaban con ellas a través de redes sociales ganándose su confianza y posteriormente las utilizaban para ofrecer servicios sexuales a clientes a los que suministraban sustancias estupefacientes.
En algunos casos, las obligaban a distribuir ellas mismas la droga a bordo de patinetes y, tras la entrega, eran agredidas sexualmente por los propios consumidores. En otras ocasiones, los detenidos las trasladaban a un conocido polígono de la capital donde ofrecían a los compradores del estupefaciente mantener relaciones sexuales con ellas.
Una de las víctimas estuvo tres días retenida en un narcopiso de Usera
Los policías tuvieron conocimiento de que una de las menores permaneció durante tres días encerrada en una habitación de un narcopiso del distrito madrileño de Usera regenteado por una de las detenidas. Allí el procedimiento era el mismo, cuando entraban los clientes para adquirir su dosis, esta mujer les daba la posibilidad de tener sexo con la menor. En un momento de descuido, la víctima logró zafarse y pidió ayuda en un estanco próximo desde donde avisaron a la Policía Nacional.
También descubrieron que uno de los mayores responsables de este entramado criminal había solicitado los servicios de una de las menores. Para ello, él mismo reservó un vehículo con conductor para que la trasladase desde el narcopiso hasta su vivienda y, una vez allí, él y otros tres varones abusaron sexualmente de la menor.
Un zulo oculto en una peluquería del distrito de Puente de Vallecas
Tras identificar a todas las personas implicadas, siendo tres de ellas mujeres, se desarrolló un operativo policial para su detención a finales del pasado año en el que participaron unos 150 agentes de Policía Nacional. Entre los registros realizados en domicilios y viviendas ocupadas, destaca una peluquería la cual contaba con un zulo oculto sin iluminación y con una cama donde, al parecer, se llevaban a cabo las prácticas sexuales.
Además descubrieron una cámara fotográfica la cual están analizando por si pudiera contener material pornográfico de las menores. Entre lo intervenido también se encuentran sustancias estupefacientes, útiles para su venta y consumo, un arma de fuego, un machete, dinero en efectivo y diverso material informático.
La operación culminó con la liberación de las diez víctimas, todas españolas salvo una dominicana y una rumana, y con un total de 37 personas detenidas como presuntas responsables de los delitos de agresión sexual, prostitución de menores, tenencia de pornografía infantil, detención ilegal y delito contra salud pública. Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial se decretó el ingreso en prisión de ocho de ellos.
