La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho hoy balance del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA) 2021 con el que el Ejecutivo regional combate los incendios en el medio natural, y ha detallado que ocho de cada 10 fuegos han sido conatos «gracias a la rápida respuesta de los equipos de extinción».
“Hoy celebramos la mejor campaña de incendios forestales de los últimos 10 años gracias al trabajo realizado por la Consejería de Presidencia, Justica e Interior al Plan INFOMA y a todos los profesionales de la Comunidad de Madrid que han dado lo mejor de sí”, ha señalado la presidenta en el Puerto de Morcuera, donde ha expuesto los datos del Plan de este año tras comprobar parte de estos trabajos, sobrevolando algunos de los montes donde se ha actuado durante los meses de invierno y primavera de modo preventivo, especialmente tras el paso de la borrasca Filomena.
En este sentido, Díaz Ayuso ha explicado que de los 291 incendios forestales que se han declarado en la Comunidad de Madrid este año, 233 han quedado en conatos. Esto es, con menos de una hectárea de superficie quemada. En total, han ardido 488 hectáreas de terreno forestal, un 63% menos que en el mismo periodo de 2020 y un 52% inferior a la media de los últimos 10 años, lo que sitúa a la región ante una de las campañas más eficaces de la última década. A ese “éxito”, en palabras de la presidenta, se le suma que no haya habido que lamentar ni víctimas mortales ni heridos en los siniestros.
De las hectáreas de terreno forestal que se han visto afectadas por incendios, sólo 68 (14%) corresponden a superficie arbolada (el resto, matorral y pastos). Esta cifra es un 32% inferior al año pasado y un 74% menos de la media registrada en la última década. Además, este porcentaje de afección del arbolado supone la mitad de la media española, que llega hasta el 28%. El incendio forestal más importante de la campaña de este año tuvo lugar, el pasado mes de agosto, en la localidad madrileña de Batres, donde ardieron 192 hectáreas, de las cuales 16 fueron de arbolado.
El Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid de 2021, coordinado por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), cuenta con un presupuesto de 38,4 millones de euros, con 5.042 profesionales movilizados (bomberos, agentes forestales, personal de medios aéreos y brigadas forestales, entre otros) y 551 vehículos terrestres.
Dispositivo especial por Filomena
Este año, junto a las intervenciones que se llevan a cabo anualmente en zonas que combinan usos residenciales, productivos o recreativos en un ámbito con vegetación forestal en su entorno; caminos y sendas de áreas recreativas y cortafuegos de las cumbres las labores de desbroce coordinadas por la ASEM112 han estado condicionadas por los efectos de la borrasca Filomena.
Así, además de las más de 300 actuaciones desarrolladas por el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en 90 municipios durante el mes de enero, el Gobierno regional ha destinado 2,9 millones de euros para actuar en 1.400 hectáreas y proceder a la retirada de la gran cantidad de material combustible acumulado -ramaje y arbolado- como consecuencia de la borrasca en los cortafuegos y fajas auxiliares que utiliza la Comunidad de Madrid para prevenir, controlar y detener los incendios forestales.
En este sentido, el Ejecutivo autonómico ha proyectado actuaciones de retirada de combustibles producidos por la borrasca sobre una superficie de 395 hectáreas de zonas forestales que limitan con entornos urbanos y de 1.005 hectáreas sobre infraestructuras preventivas en los montes públicos de la Comunidad de Madrid. A fecha de 30 de septiembre hay ejecutadas un total de 816,14 hectáreas, y se prevé que este dispositivo especial finalice el próximo mes de noviembre.
1,6 millones de euros para recuperar masa forestal
En las labores de prevención de incendios forestales relacionadas con los efectos de Filomena también sobresale la inversión de 1,6 millones de euros destinados a la recuperación de la masa forestal pública. En este sentido, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura se ha actuado sobre más de 650 hectáreas de una treintena de municipios.
Estos trabajos forestales han consistido en la retirada de restos vegetales, la poda en altura de ramas dañadas e intervenciones en árboles afectados para evitar plagas. Además, y en colaboración con efectivos del Cuerpo de Agentes Forestales, se ha supervisado la masa forestal para evaluar los daños y poder recuperar el patrimonio natural deteriorado por este temporal.
En ese sentido, se han establecido cuatro zonas de actuación prioritarias, especialmente en el centro y sur de la Comunidad de, así como los parques regionales del Curso Medio del Guadarrama y Cuenca Alta del Manzanares y Parque Regional del Sureste. Asimismo, se han priorizado las acciones en las áreas recreativas, sendas y espacios de los montes públicos con mayor afluencia, para garantizar la seguridad de los ciudadanos, ya que la nieve provocó caídas de árboles y roturas y desgarros de ramas.
La importancia de la investigación
En su lucha contra los incendios forestales, la Comunidad de Madrid cuenta también con la labor de sus dos Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BEIF) cuyo trabajo contribuye a conocer las causas materiales o personales de los incendios forestales. De hecho, gracias a su labor se esclarecen el 90% de las causas de los incendios.
Estas actuaciones, junto con las que lleva a cabo el SEPRONA de Guardia Civil, han permitido a la Comunidad de Madrid personarse, a través de la Abogacía General, en tres procesos abiertos por juzgados de la región relacionados con tres incendios forestales ocurridos el año pasado, en las localidades de Villarejo de Salvanés, Quijorna y Villaviciosa de Odón.
La Comunidad de Madrid incorporará en la futura Ley de Protección Civil y Emergencias que el Gobierno regional se persone como acusación particular para los casos de incendios intencionados con consecuencias graves para el medioambiente y los ciudadanos, sin necesidad de esperar a que el juzgado de los casos ofrezca esta posibilidad a la Administración regional.
