La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en el sector Justicia a nivel nacional, ha ganado una sentencia que anula la resolución que «discriminaba a los funcionarios de justicia respecto al resto de empleados públicos de la Comunidad de Madrid», ya que los dejaba fuera del reparto de los fondos adicionales, previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que sí cobraron todos los trabajadores al servicio de la Comunidad.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid da la razón a CSIF Madrid, que alegó en su recurso vulneración del principio de igualdad por haber incurrido la Comunidad en discriminación respecto del personal al servicio de la Administración de Justicia.
La sentencia, contra la que cabe recurso, es tajante al señalar en sus fundamentos de derecho que “la diferenciación en el cobro” de este fondo “no encuentra justificación en las alegaciones de la Administración” regional, que en su defensa sostuvo que la paga adicional complementaria del personal de Justicia correspondía al Estado y no a la Comunidad de Madrid. “(…) para no dejar excluido a ese personal”, indica la sentencia, “podía haber imputado el citado fondo a otros conceptos retributivos de los cuales la Comunidad de Madrid tiene competencia”.
En concreto, la sentencia anula la resolución de la Consejería de Economía y Hacienda, de 4 de junio de 2019, la cual rechazó el recurso de alzada interpuesto por CSIF contra la resolución de marzo de aquel año que rechazaba la reclamación de cantidad. Ahora, el juzgado considera dicha resolución no ajustada a Derecho y declara la obligación de la Administración regional a aplicar el apartado segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de octubre de 2018, que se refería al ámbito de aplicación del reparto del 0,2% de incremento salarial adicional y que señalaba que “comprendía a todo el personal al servicio de la Comunidad de Madrid (…)”.
“(…) no pueden ser aceptadas las razones que aduce la Administración demandada para denegar la aplicación del incremento adicional del 0,2% a los empleados al servicio de la Administración de Justicia, los cuales no están excluidos del ámbito de aplicación del Acuerdo”, indica la sentencia. De confirmarse esta sentencia, la Comunidad de Madrid tendría que repartir entre los empleados públicos de Justicia de la región más de medio millón de euros que, según confirmó Función Pública a CSIF, era la cantidad destinada al personal de justicia para el abono de esta paga antes de que la Comunidad de Madrid decidiera no hacerla efectiva.
Pleiteando desde febrero de 2019
CSIF Justicia Madrid remitió, en febrero de 2019, dos escritos a la Consejería de Justicia en los que exigía el abono de esta paga adicional de complemento específico en los meses en los que se percibe la paga extraordinaria. Un aumento salarial que entonces ya había cobrado el resto de trabajadores públicos de la región.
CSIF denunció en aquel momento que para cuestiones restrictivas, como los recortes llevados a cabo en época de crisis, los funcionarios de Justicia sí eran considerados pertenecientes a la Comunidad de Madrid; en cambio, para cuestiones favorables al trabajador, como el incremento del 0,2% de la masa salarial previsto en el artículo 18.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, la Comunidad alegaba que era personal del Estado.
Además, el 1 de octubre de 2018, el entonces vicepresidente, consejero de Presidencia y Portavocía del Gobierno, Pedro Rollán, envió a todos los funcionarios de la Administración de Justicia, a través del correo electrónico corporativo, una carta en la que anunciaba el contenido del acuerdo, y por lo tanto, el abono del 0,2%, incremento salarial que además era consolidable y que nunca se llegó a producir.
