El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga hasta el 31 de octubre de las medidas del llamado “escudo social” que expiraban el 9 de agosto. Se trata de una propuesta del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Ministerio de Igualdad.
Ante la persistencia de las consecuencias sociales en esta nueva fase de recuperación económica, el objetivo es «mantener las medidas de protección existentes para los colectivos más vulnerables, que refuerzan la estructura de bienestar social». El Gobierno de España «ahonda así en su estrategia de avanzar en igualdad, en justicia social y en progreso».
Con el fin de garantizar el suministro de agua, electricidad y gas natural, se mantienen las medidas de protección de los consumidores vulnerables, en línea con el marco efectivo desarrollado para identificar y reducir de forma estructural el fenómeno de la pobreza energética. Asimismo, permanece en vigor temporalmente la definición ampliada de “consumidor vulnerable”, a los efectos de la percepción del bono social de electricidad y la protección especial frente a la interrupción del suministro.
En materia de vivienda, continúa la suspensión temporal de los procedimientos de desahucio y los lanzamientos para hogares sin alternativa habitacional. Además, se mantiene la posibilidad de solicitar la prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.
Por su parte, los arrendadores y titulares de viviendas afectados por esta suspensión extraordinaria podrán solicitar la compensación hasta el 30 de noviembre —modificándose también el Plan de Vivienda Estatal 2018-2021 para poder hacer frente a estas compensaciones—.
Y se extiende también la posibilidad de que los arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad soliciten la moratoria o condonación parcial de la renta cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor —persona física con más de diez viviendas—.
En cuanto a las medidas aplicadas en la lucha contra la violencia de género, persiste la consideración de servicios esenciales para la protección y asistencia a las víctimas. De este modo, las Administraciones Públicas competentes seguirán adoptando todas las medidas que resulten necesarias para garantizar la prestación, entre otros, del servicios de acogida, de información o de asesoramiento jurídico 24 horas a las víctimas de violencia género, con el apoyo al personal que presta servicios de asistencia social integral a las víctimas.
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa.
