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El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, se ha mostrado «muy preocupado» por el rechazo del alcalde y la vicealcaldesa de Madrid al acuerdo alcanzado por el Gobierno de la nación y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que permite a los ayuntamientos con remanentes de tesorería incrementar su nivel de gasto público.
“El Gobierno Municipal lleva un año reclamándonos que pidamos al Ejecutivo de la nación que deje al Consistorio usar los 420 millones de remanente”, recuerda Hernández, quien apostilla “y ahora que van a poder hacerlo practican el gataflorismo puro: no porque no y nada les va bien”.
Considera “falsas” las declaraciones de mandatarios municipales que señalaban que el Gobierno Central estaba “expropiando los dineros del Ayuntamiento”, ya que, la ley que impedía usar estos fondos no era del PSOE sino de Cristóbal Montoro (PP) y, además, «es el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez el que da ahora la posibilidad de invertir este dinero en calidad de vida para los municipios».
“Rechazar este acuerdo es perjudicar a los madrileños y las madrileñas y poner obstáculos para la recuperación de nuestra ciudad en esta situación de emergencia que estamos viviendo”, indica el portavoz del PSOE. Infiere que “Madrid es la ciudad más beneficiada de todo el país con este acuerdo”, de modo que “si alcalde y vicealcaldesa deciden rehusarlo tienen la obligación de darnos explicaciones”, porque “lo único que parece que están haciendo es confrontar con el Gobierno de la nación sin ningún argumento”.
La edil socialista responsable de Hacienda, Enma López, explica que es un acuerdo de naturaleza voluntaria, “por tanto no puede ser una expropiación”. Señala que “el Estado pone 5.000 millones de euros para financiar gastos de los ayuntamientos derivados de la crisis de la COVID-19” y se dota de 275 millones que pueden llegar a 400 para financiar el déficit del transporte público.
López concreta que para la ciudad de Madrid este acuerdo supone “500 millones extra a fondo perdido, más 50 millones para transporte público, más un ahorro de 6 millones que ahora nos gastamos por guardar el remanente en el Banco como consecuencia de la Ley Montoro”.
No entiende que el Gobierno Municipal rechace lo que denomina “un acuerdo histórico para Madrid, que supone una inyección de liquidez para los ayuntamientos que no se veía desde 2008”.
