El Comité de Huelga de Residentes de la Comunidad de Madrid, que incluye al personal laboral en formación (MIR, PIR, FIR, BIR, QIR y RFIR) de los hospitales públicos de la sanidad madrileña, alrededor de 4.600 profesionales, ha anunciado que este lunes dará comienzo a una huelga indefinida «ante el abandono y silencio de la Consejería de Sanidad», tras no lograrse alcanzar un acuerdo con el Gobierno regional.
«El maltrato por parte de la Administración durante años se ha acentuado con la crisis del COVID-19 y así continúa sucediendo», denuncian. El 22 de mayo, el Comité de Empresa MIR remitió a la Consejería de Sanidad un Convenio MIR «histórico y que sirve de vehículo para solucionar gran parte de los problemas del colectivo».
Sin embargo, exponen, «no se ha encontrado ningún tipo de respuesta por parte de la Comunidad de Madrid». En este sentido, el Comité de Huelga de Residentes puso como fecha límite el 2 de julio para alcanzar un acuerdo satisfactorio con la Consejería de Sanidad que supusiese la aprobación del convenio, algo que finalmente no ha ocurrido.
Servicios Mínimos
El Gobierno de la Comunidad de Madrid considera que deben acudir a su puesto de trabajo el 100% de los residentes en jornada complementaria (guardias) en Atención Hospitalaria, incluidos los residentes de medicina familiar y comunitaria de Atención Primaria con guardia en los centros hospitalarios.
Desde el Comité de Huelga y de Amyts denuncian que es una decisión «unilateral» para unos mínimos «abusivos e intolerables», dado que los residentes «no son personal estructural, sino personal en formación» y por lo tanto, «no pueden ser objeto de servicios mínimos», como «ya han marcado, en varias ocasiones, las sentencias judiciales sobre esta cuestión».
A continuación, el comunicado emitido por el Comité de Huelga de Residentes de la Comunidad de Madrid explicando los motivos que han llevado a esta convocatoria de huelga:
La residencia médica se refiere al conjunto de actividades que debe cumplir un médico residente (MIR) en periodo de formación; para realizar estudios y prácticas de posgrado, dentro de la especialidad médica a cuya plaza haya accedido tras la participación en la convocatoria anual nacional de pruebas selectivas (examen MIR).
Con esto acceden al derecho a recibir, a través de una práctica profesional programada durante 4-5 años, tutelada y evaluada, una formación teórico-práctica que le permita alcanzar progresivamente los conocimientos y la responsabilidad profesional necesarios para el ejercicio autónomo de la especialidad. En 2006 y 2008 se aprueban dos reales decretos que regulan la relación laboral de carácter especial de este personal, estableciendo por primera vez un marco general y homogéneo para todo el personal con independencia del centro que se responsabiliza de su formación.
Aunque el objetivo teórico de esta relación laboral es la obtención del título de especialista mediante la superación de un programa de formación, el residente se convierte desde su entrada en el hospital en mano de obra barata, siendo sometido a una alta presión física, psicológica y académica, con un sueldo-beca que ridiculiza toda la labor que ejerce: comienza por cobrar durante el primer año de residencia 10,85 euros brutos/hora de guardia, con una retribución neta mensual sin guardias de 1003 euros, llegando a 1279 euros en los residentes de último año (4º y 5º año de residencia).
Por ello, la mayoría de los residentes se ven abocados a complementar sus sueldos con la acumulación de extensas, exhaustivas y continuas horas de guardia de 17 y 24h, siendo estas el único flotador que sustenta sus nóminas y que les ofrece una salida económica realista, suponiendo normalmente más de la mitad de su salario.
Existe además en este sentido una diferencia abismal entre las diferentes comunidades autónomas, siendo los residentes de la Comunidad de Madrid los segundos peor pagados, sólo por detrás de las Islas Canarias, lo cual dificulta enormemente sus condiciones por ser Madrid una de las ciudades de España con mayor coste de vida.
Esta consideración de los residentes por parte del sistema sanitario como “comodín” a fin de subvenir a necesidades estructurales del centro, se hace más evidente en las guardias, en las cuales en una gran parte de los casos el residente se encuentra solo, con limitada o nula supervisión de un médico especialista adjunto (debido también en muchos casos al escaso número de adjuntos en proporción a la cantidad de residentes a supervisar), o únicamente con la supervisión de otro residente mayor, siendo obligado de esta manera a atender a pacientes y a realizar actividades asistenciales para las que no se encuentra preparado ni suficientemente formado (en detrimento también de la correcta asistencia sanitaria que merecen los pacientes de la sanidad pública).
En muchos casos, debido principalmente a la escasez de personal y la masificación de la asistencia sanitaria, se carga además en los residentes la responsabilidad de encargarse del cuidado de los pacientes hospitalizados, ocuparse de las consultas, o atender interconsultas por parte de otras especialidades sin ningún tipo de revisión final o feedback por un médico adjunto encargado de su formación.
Debido a esta excesiva carga de trabajo, jornadas que generan un enorme agotamiento y privación del sueño, disminuye su juicio clínico y repercute en la calidad de atención a los pacientes y en su propia seguridad por los errores que pueden generarse por el agravante de ser personal con poca experiencia clínica.
Además de lo previo, debido por una parte al desconocimiento del personal de sus propios derechos, así como de la interpretación ambigua que se puede extraer de muchos puntos importantes de los reales decretos referidos, se producen continuas vulneraciones de los derechos básicos del personal residente.
Ahí aparecen cuestiones como la ausencia libranza tras las guardias de 24h (forzando al residente a trabajar hasta 35 o más horas seguidas); la ausencia de espacios de descanso dignos (al tener que compartir en muchas ocasiones dormitorios diminutos en literas hasta 6 personas, debiendo además usar la misma ropa de cama con la que otro residente ha dormido previamente por no cambiarse las sábanas entre turno y turno); requerir a los residentes que se financien de su propio bolsillo cursos o másteres obligatorios, comidas y/o transporte en las guardias alejadas de su centro de formación sin tener en cuenta las limitaciones económicas del colectivo; disponer de ellos a su antojo para cubrir bajas justificadas de otros residentes obligándoles a abandonar un puesto de guardia diferente o a acudir al centro mientras disfrutaba de su tiempo libre; entre otras cosas.
Todo ello, con gran variabilidad entre los distintos hospitales, servicios, rangos e incluso interpersonales, con conocimiento por parte de los responsables últimos de los centros sanitarios, a pesar de lo cual las mejoras a lo largo de los años son muy sutiles y no se ha realizado hasta la fecha un intento de control y homogeneización de estas circunstancias.
Es por ello, que durante los últimos tres años, el sindicato médico AMYTS ha estado elaborando un convenio colectivo para regular las funciones de los residentes, con el fin de tener un marco legal sólido y actualizado que reconozca la función esencial del mismo dentro del centro hospitalario, y consiga una adquisición de responsabilidades progresiva real, de acuerdo a su nivel de formación.
Este convenio ha sido posteriormente consensuado junto con el resto de miembros del Comité de Empresa del personal en formación, añadiendo además algunas propuestas aportadas por residentes individuales. Propone por lo tanto mejoras en las condiciones laborales, y regulación de aspectos vitales como la retribución, formación, jornada de trabajo y acción social.
Detonantes
En este contexto, con la llegada de la pandemia COVID-19, se ha puesto en evidencia cómo la concepción del personal MIR como personal en formación nada tiene que ver con su función real. Los residentes se han convertido, si cabe aún más, en un pilar elemental para el funcionamiento de los centros sanitarios, requiriéndose de ellos la ejecución de funciones durante todo el periodo que sobrepasaban ampliamente su nivel formativo y sus competencias.
Todo ello, sumado a las continuas muestras de desatención y abandono por parte de las autoridades responsables:
- Falta de equipos de protección adecuados con el consiguiente contagio de miles de sanitarios (derivando en el fallecimiento en los peores casos).
- No resolución del problema de las “camas calientes”.
- Falta de realización de test de cribado.
- Pésimas condiciones de los escasos contratos generados para los residentes que han finalizado en mayo su último año de residencia.
- El persistente rechazo a considerar la infección por COVID como enfermedad profesional a pesar del reconocimiento del INSS de la misma.
- Los contratos de médicos titulados recién salidos de la carrera sin especialidad como personal laboral en lugar de movilizar residentes inactivos durante la pandemia.
- Las nóminas ridículas de los residentes que no han podido realizar guardias por permanecer de baja por COVID o por reubicación de su puesto de trabajo, por ejemplo a hoteles medicalizados o a IFEMA.
- La orden explícita por parte de muchos servicios de utilizar las vacaciones restantes a los residentes de último año para evitar retribuirlas en el finiquito, y un largo etcétera.
Mientras en otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha han añadido un “Complemento Covid” para los residentes de último año, además de adelantar el pago del complemento de grado de formación de mayo a marzo por considerar que todos han estado realizando tareas correspondientes a residentes de años superiores, la Comunidad de Madrid ha adoptado una postura de silencio administrativo absoluto durante toda la crisis ante todas las demandas del colectivo.
Ejemplo de ello son la ausencia de respuesta a las continuas denuncias y cartas emitidas por parte de los sindicatos al Ministerio, a la Dirección General de Recursos Humanos y al INSS.
Convocatoria de Huelga
En relación a lo mencionado previamente, el Comité de Huelga de Residentes de la CAM, que incluye residentes representantes de los hospitales públicos de la sanidad madrileña, fija como fecha para una huelga indefinida el día 13 de julio del 2020, poniendo como fecha límite para alcanzar un acuerdo satisfactorio con la Consejería de Sanidad para la aprobación del convenio el día 2 de julio.
