Prácticamente todos los internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, entre los distritos madrileños de Latina y Carabanchel, han sido liberados a lo largo de los últimos días, quedando tan solo cinco extranjeros en el lugar este mismo jueves.
El Ministerio del Interior ya dio órden de poner en libertad a los internos de todos los CIEs de España, algo que se ha estado ejecutando a lo largo de las últimas semanas, quedando tan solo un 10% de ellos aún internados. En el caso de Aluche, ayer miércoles quedaban 14 internos, hoy tan solo 5, por lo que antes de la semana que viene no habrá ninguno ya.
El pasado mes de marzo el propio Defensor del Pueblo exigió la liberación de todos los internos ante su «situación particularmente vulnerable» dentro de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus COVID-19, un escenario que «impide» poder ejecutar la devolución o expulsión de los internos a su país de orígen.
Esta era la respuesta a la queja emitida el 16 de marzo por la Asociación de Abogados Extranjeristas, que reclamaba al Ministerio del Interior el cierre de los CIEs debido a «la pérdida de su función y sentido, al devenir imposible de la ejecución de las órdenes de expulsión a las que supuestamente se deben los internamientos».
El Defensor respondió apoyando la queja y recomendando al Ministerio la puesta en libertad de los internos. Sin embargo, el Ministerio se negó en un principio a poner en libertad a los internos, «pese a que era muy fácil prever que ninguno de ellos podría llegar a ser expulsado debido al cierre de fronteras ocasionado por el coronavirus».
Tal previsión se confirmó días después, mediante un informe requerido por el Juzgado de Instrucción nº 9 a la Policía Nacional en el que ésta reconoce que no puede asegurar que la orden de expulsión podrá ser ejecutada por esa misma razón, motivo por el que se produjo la puesta en libertad de N.B., una de las internas que tenía el plazo más largo para ser expulsada, dado que su internamiento se dictó tan sólo dos días antes de la declaración del Estado de Alarma.
Por tanto, el resto de internos tendría un plazo de ejecución de la expulsión más corto, quedando ese plazo totalmente dentro del cierre de fronteras del Estado de Alarma, no pudiendose ejecutar por ello su devolución a los países de origen, lo que ha derivado en su puesta en libertad.
