El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se prorroga el Estado de Alarma declarado el pasado 14 de plazo, y la vigencia de las medidas en él contenidas, hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020. Asimismo, se incluye una nueva disposición por la que el Ejecutivo remitirá semanalmente al Congreso información sobre las medidas adoptadas para contener el virus Covid-19 y la valoración de su eficacia.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que el esfuerzo de permanecer otros 15 días en confinamiento en casa es «imprescindible» para contener la propagación del virus, frenar su expansión y ganar tiempo para que el sistema sanitario «mantenga íntegra su capacidad de respuesta asistencial y pueda atender a la totalidad de las personas enfermas».
Montero ha señalado que la sociedad debe sostener la fortaleza, civismo y solidaridad que ya viene demostrando y cumplir con estas medidas, «porque si actuamos unidos y cada uno desarrollamos nuestro papel con responsabilidad y eficacia, saldremos de esta crisis en menor tiempo».
El Gobierno impedirá el despido por causas relacionadas con la COVID-19
El Consejo de Ministros ha adoptado un Real Decreto-ley con medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos derivados de la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19.
La nueva norma completa, concreta y refuerza la aplicación y los mecanismos de control de las medidas puestas en marcha a través del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo. La medida ofrece una mejor cobertura y establece medidas específicas para algunos sectores. Además, pretende agilizar la contratación pública durante la crisis causada por la coronavirus.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reiterado que «el Gobierno no va a dejar a nadie atrás» y, con este objetivo, ha acordado hoy un ambicioso bloque de medidas de carácter social.
«No es necesario despedir a nadie»
Durante su comparecencia, la ministra ha recalcado que «nadie puede aprovecharse de la crisis sanitaria para despedir». La norma aprobada hoy, ha subrayado, establece mecanismos legales y recursos públicos ingentes para que los empresarios puedan acudir a los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) y asegurar el mantenimiento de los contratos. En este sentido, no podrán propiciar despidos por causas de fuerza mayor, técnicas, económicas, organizativas y de producción.
Los contratos temporales, ha aclarado, no se extinguen, sino que se interrumpen, y se reanudarán una vez concluya la crisis sanitaria. «No es necesario despedir a nadie en nuestro país. Esta crisis es un paréntesis y creemos que hay mecanismos suficientes para que entre todos hagamos un uso responsable de los bienes públicos».
Yolanda Díaz también ha avanzado que se simplificarán los expedientes de regulación temporal de empleo. Las empresas tendrán que rellenar un formulario con los datos personales del trabajador, su Documento Nacional de Identidad y su número de cuenta. Las oficinas del servicio público de empleo tramitarán y reconocerán las prestaciones por desempleo con prontitud. Estas prestaciones, ha aclarado la ministra, se otorgarán incluso a aquellas personas que no cumplen con los plazos de cotización previa habituales.
Por otra parte, la ministra ha anunciado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social revisará de oficio todos los ERTE, comprobará las causas alegadas para solicitarlos y, en caso de solicitudes con falsedades e incorrecciones, o si se observa cualquier tipo de fraude, las empresas «tendrán que devolver hasta el último céntimo de euro percibido, incluida la prestación por desempleo del trabajador afectado».
La titular de Empleo ha reconocido la actitud de la ciudadanía ante la crisis, la labor del personal sanitario, el trabajo que los empleados del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), que se ha reforzado con 1.000 efectivos, y de todos los servicios públicos, que «están trabajando a destajo».
Estabilización de la pandemia
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que estamos en la primera etapa de la lucha contra la epidemia, que consiste en doblegar la curva de contagio, y ha reconocido el esfuerzo ejemplar de todos los ciudadanos y el trabajo ingente del conjunto de profesionales sanitarios para vencer al virus.
Illa ha afirmado que algunos datos recientes indican que nos estamos acercando al pico de contagios y a una cierta fase de estabilización, si bien ha reiterado que es necesario mantener la cautela.
El Gobierno, ha afirmado, sigue trabajando con toda la intensidad y con todos los medios disponibles para adquirir todos los productos y el material necesarios para combatir el coronavirus. En este sentido, ha anunciado que el Gobierno ha cerrado contratos por importe de 578 millones de euros para adquirir material.
Salvador Illa ha anunciado que el Gobierno ofrecerá diariamente información sobre el material que reparte a las comunidades autónomas. A fecha de hoy, ha indicado, se han repartido 7.433.000 mascarillas. Respecto a los tests de diagnóstico, Illa ha explicado que próximamente llegarán 650.000 unidades que cumplirán todos los «estándares de calidad». La remesa inicialmente adquirida a través de un proveedor habitual, y que en principio cumplía con los requisitos, no alcanzaba el nivel de fiabilidad requerido, como se comprobó cuando llegaron a España las primeras 50.000 unidades, que no han sido distribuidas.
El ministro también ha recordado que, paralelamente, el Ejecutivo está organizando, optimizando y ampliando la producción nacional de equipos de protección, test de diagnóstico y aparatos de respiración asistida.
España reclama unidad y coordinación internacionales
La portavoz del Gobierno ha insistido en que la unidad y la coordinación son elementos clave para combatir la pandemia y sus efectos, tanto a nivel nacional como internacional: «Esta crisis no se va a resolver si cada país decide actuar por su cuenta».
En España, Montero ha destacado el trabajo entre todas las administraciones públicas en España y ha anunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá este domingo una tercera reunión por videoconferencia con los presidentes de las comunidades autónomas. Asimismo, ha agradecido la solidaridad del Sistema Nacional de Salud con las comunidades autónomas que sufren de manera más intensa los efectos de la pandemia, como la Comunidad de Madrid.
En el contexto internacional y europeo, la ministra se ha referido a las dos reuniones, de los países del G-20 y del Consejo Europeo, en las que ayer participó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
«El Gobierno de España junto a otros gobiernos europeos, demanda de la Unión Europea una respuesta clara, contundente, eficaz, de una financiación a medio y largo plazo para abordar el impacto socioeconómico derivado de la crisis sanitaria», ha explicado Montero, que ha lamentado que no se haya producido el consenso necesario al respecto. Los jefes de estado y de gobierno de la UE se han emplazado a una nueva cita dentro de dos semanas.
Montero ha mostrado su confianza en que pueda alcanzarse un acuerdo, por el que España trabajará de forma «incansable», ha dicho. La portavoz ha advertido que los ciudadanos «nunca perdonarían» que la Unión Europea les diera la espalda en esta situación de emergencia sanitaria, y ha señalado que no se pueden repetir los errores cometidos tras la crisis financiera de 2008, que provocaron «desafección y división» con el proyecto europeo, que debe seguir siendo «sinónimo de solidaridad y bienestar».
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Un matiz importante: NO se prohíben los despidos, se prohíbe despedir por causas objetivas, lo que en la práctica es que se puede despedir de la misma manera, pero, de impugnarlo, un juez podrá decretarlo improcedente, así, la indemnización sería de 33 días y no de 20. No necesariamente tendrá que ser nulo y permitir readmisión. Es decir, se encarece el despido un poco, y siempre que el trabajador acuda a tribunal.