La Asociación de El Defensor del Paciente (DP), el Sindicato Asambleario de la Sanidad de Madrid (SAS Madrid) y la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid (CAS Madrid) han denunciado ante la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid que al menos seis hospitales de la región tendrían previsto poner en marcha un protocolo para que los profesionales sanitarios con sintomatología leve por coronavirus COVID-19 sigan trabajando en los hospitales.
En su escrito añaden que, según este protocolo, también podrían continuar desempeñando su labor en el caso de que se haga la prueba del coronavirus, mientras llega el resultado. «Lo anterior supondría poder tener sanitarios enfermos tratando a enfermos», critican.
«Dicho en otros términos, se plantean medidas que rebajan la seguridad de médicos y pacientes. Recordemos que ya el 12% de los infectados son sanitarios y esta irresponsabilidad podrían ampliar la epidemia de la Comunidad de Madrid», inciden.
Lo denunciado por estos colectivos sanitarios, explican, «va contra los más básicos principios de la prevención de enfermedades, contradiciendo las directrices marcadas por el Gobierno de la Nación mediante el Estado de Alarma. Si a los ciudadanos se les pide que se aíslen desde el primer síntoma, forzar a los trabajadores a seguir trabajando en estas condiciones, más cuando queda probado y es de conocimiento común que no hay garantías de contar con los medios de protección adecuados (EPIs, mascarillas, etc.), supone un atentado contra la salud pública, por lo que dichos centros estarían contraviniendo las recomendaciones generales difundidas por el Gobierno».
Tal y como han dicho en el comunicado, estas entidades exponen que, de llevarse a cabo la aplicación del protocolo, afectaría a los trabajadores del Hospital Universitario Infanta Leonor, Hospital Universitario Infanta Sofía, Hospital Universitario Infanta Cristina, Hospital Universitario del Henares, Hospital Universitario del Sureste, Hospital Universitario del Tajo, UCR-Unidad Central de Radiodiagnóstico, Hospital Virgen de la Torre, Centro de Transfusión, los 33 Centros de Atención Primaria dependientes de la Dirección Asistencial Sureste y todos los Centros de Especialidades y de Salud Mental dependientes de los mencionados hospitales.
Inciden en que esta solicitud está fundamentada en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «nos obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieran noticia de algún delito público, a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal».
Además, solicitan a la Fiscalía que «dé comunicación de los presentes hechos a la Inspección de Trabajo de Madrid, al señor Consejero de Sanidad de la CAM, y por supuesto a la máxima autoridad sanitaria del Estado en materia de salud, en estos momentos, el señor Ministro de Sanidad».
El escrito de denuncia remitido al Fiscal Superior de Madrid, Jesús Caballero Flink, se ha remitido también al presidente y vicepresidenta de la Comisión de Sanidad del Congreso, al Ministro de Sanidad Salvador Illa y a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanza Díaz.
