La Comunidad de Madrid va a iniciar la tramitación de una nueva Ley de Infancia con la que quiere blindar los derechos de los niños y adolescentes madrileños, ajustando la legislación regional a las modificaciones del sistema nacional de protección a la infancia y a la adolescencia que se realizaron en 2015.
Así lo ha anunciado esta mañana, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y portavoz del Gobierno, Ignacio Aguado, quien ha explicado que la Ley vigente en materia de infancia en nuestra región data de 1995 y se ha quedado obsoleta en numerosos aspectos, entre ellos la inclusión del interés superior del menor en todas las decisiones que afecten a su vida, los procedimientos propios del sistema de protección o adopción, y la prevención de todo tipo de violencia contra la infancia.
Aguado ha señalado que “la nueva Ley logrará ajustarse a la legislación nacional, que se modificó hace cinco años, de modo que nos convertiremos en una de las primeras comunidades autónomas en realizar esta adaptación, solo por detrás de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares”.
“También estaremos en sintonía con la comunidad internacional, ya que incorporaremos a nuestra normativa algunas de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas”, ha añadido. La reforma legislativa estatal se realizó hace casi cinco años mediante la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la Infancia y a la Adolescencia y la Ley Orgánica 8/2015.
Cambio legislativo consensuado
El Gobierno autonómico va a dar los primeros pasos para cambiar la legislación con una serie de reuniones con las organizaciones más importantes que trabajan con la infancia en la región, para recabar sus opiniones sobre los aspectos que requieren actualización o regulación, a fin de proteger aún mejor los derechos de los niños y crear nuevos espacios para su participación.
Uno de los puntos más relevantes de la nueva ley afectará al sistema de protección, con medidas enfocadas a priorizar el acogimiento familiar frente al residencial, en sus diversas formas. También determinará la manera en la que los niños y adolescentes de la Comunidad participen de forma activa en las decisiones que les afecten, teniendo en cuenta que son sujetos de pleno derecho.
Observatorio regional de la infancia
Asimismo, la nueva legislación contemplará la creación de un Observatorio de Infancia que permita supervisar en todo momento la situación de los niños en nuestra región, detectando las fortalezas y debilidades del sistema, para actuar del modo más rápido y eficaz posible en la protección de los menores.
Según ha concluido Aguado, el objetivo es elaborar un texto que consiga un amplio consenso, tanto de los distintos grupos parlamentarios como de las entidades más representativas en materia de infancia. La nueva normativa seguirá los trámites necesarios para ser aprobada en esta legislatura, contando con un período de consulta pública en el que las entidades o personas que lo deseen podrán realizar sus aportaciones.
