Con ello, Madrid se convertirá en la tercera comunidad autónoma tras Galicia y Castilla-La Mancha en prohibir por decreto el uso del teléfono móvil en los centros escolares.
La Comunidad de Madrid prohibirá el uso de teléfonos móviles en horario lectivo en los colegios e institutos que estén sostenidos con fondos públicos, es decir, los públicos y los concertados.
La norma entrará en vigor para el curso 2020-2021 y afectará a alrededor de 800.000 estudiantes de 1.700 centros públicos y concertados de Primaria, ESO y Bachillerato.
Esta iniciativa no es nueva, ya que se encuentra recogida en el punto 28 del acuerdo de 155 medidas entre PP y Ciudadanos para Gobernar la Comunidad de Madrid, suscrito por Isabel Díaz ayuso e Ignacio Aguado.
Sin embargo, el propio consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio ha aclarado que esta medida afectaría solo a los teléfonos móviles cuando no se usen con fines educativos.
Este punto está englobado en la Estrategia Integral para la Convivencia Escolar, con el fin de «asegurar la convivencia en las aulas, lucharemos contra el acoso escolar y promoveremos el respeto, la autoridad y la dignificación del profesorado».
Esto significaría una unión de criterios ya que, hasta ahora, son los propios centros escolares los que deciden si prohíben o no el uso de teléfonos móviles en las aulas, aunque la mayoría de ellos ya lo limitan. Esta prohibición se podría extender a espacios y momentos adyacentes como podrían ser el recreo o las excursiones.
Según el cambio de normativa que quiere introducir el Gobierno de Díaz Ayuso, cuando un estudiante incumpla la prohibición de usar el teléfono móvil, será el profesor encargado o la dirección del propio centro escolar quien decida qué medida aplicar, incluída la incautación temporal del aparato.
Con ello, Madrid se convertirá en la tercera comunidad autónoma tras Galicia y Castilla-La Mancha en prohibir por decreto el uso del teléfono móvil en los centros escolares.
En cuanto a la propuesta de usar cámaras en las aulas, una idea que había tomado fuerza estos días, ha sido rechazada por el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, aunque ha incidido en que si se permitirá en caso de que se piense que se va a producir un delito, como por ejemplo en centros escolares donde haya un largo historial de robos o ante sospechas de abusos sexuales.
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Prohibo prohibir.