- Los condenados por violencia familiar o conductas violentas se tendrán que someter a dos programas que, entre otros temas, versarán sobre la no discriminación.
- A través de “Encuentro” se tratarán los casos de violencia familiar, salvo la violencia de género, y con “Probeco” se trabajarán las habilidades sociales.
- La dirección de familia está preparada para atender a unas 40 personas, 20 en cada programa, en sus Centros de Apoyo a las Familias y en el Centro de Apoyo Socioeducativo y laboral (ASPA).
La alcaldesa de Madrid en funciones, Marta Higueras, y el secretario de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, han firmado hoy un convenio para que las personas condenadas por violencia familiar o por conductas violentas participen en dos programas gestionados por Prisiones y coordinados por la dirección general de familia e infancia, adscrita al área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.
Esta iniciativa surge tras la modificación del artículo 83.1 del Código Penal que establece la obligación de los condenados de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad de trato y no discriminación.
Por ello, Instituciones Penitenciarias se compromete a informar a la dirección de familia e Infancia de los condenados por violencia familiar, como hijos contra padres o hermanos contra hermanos; y por comportamientos violentos como casos de maltrato animal o destrozo de mobiliario urbano, para que participen en los programas “Encuentro” y “Probeco”.
Ambos programas han sido diseñados por Instituciones Penitenciarias y van a ser coordinados por la dirección de familia e infancia que atenderá a un total de 40 personas, 20 en cada programa, en sus Centros de Apoyo a las Familias y de Apoyo Socioeducativo y Laboral, ASPA.
Así, el programa “Encuentro” tratará casos de violencia familiar, excepto violencia de género, y “Probeco” desarrollará habilidades sociales. Las personas que serán tratadas en el segundo programa podrán tener edades comprendidas entre los 18 y los 21 años. Este convenio no supondrá ningún coste para ambas administraciones y su vigencia será de dos años prorrogables.
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