CCOO denuncia que se incumple la legislación de prevención y riesgos de seguridad, por lo que “el sindicato seguirá denunciando centro a centro, ante los tribunales, por vía contencioso administrativa”.
Tal como vaticinó la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid el pasado mes de junio, más de 10.000 niños se verán afectados por la “construcción por fases” de los centros escolares al iniciarse el curso.
Según un estudio realizado por el sindicato, el número de niños que comiencen el curso escolar entre obras puede alcanzar los 15.000. Con todo, CCOO exige al Gobierno regional «un plan de inversiones de construcciones para recuperar la financiación previa a los recortes y se acabe con esta situación ilegal, inmoral e injusta».
El exhaustivo informe realizado por la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid concluye que al menos 65 centros escolares padecen algún tipo de deficiencia. De ellos, siete están sin construir, por lo que no funcionarán el curso que se inicia y más de treinta se encuentran en obras. Además, el sindicato, considera «inciertas» las declaraciones del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, según las cuales se van a abrir treinta centros.
Por contra, el Gobierno de la Comunidad de Madrid «incumple el Real Decreto 132/2010 sobre requisitos mínimos, que regula lo que cada alumno y alumna de España tiene que encontrarse en los centros escolares». Así, para Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, “el presidente la de región y su consejero de Educación asumen y promueven el incumplimiento de forma sistemática y generalizada de la normativa vigente”.
Asimismo, «el profesorado no tiene los medios suficientes para poder desarrollar los trabajos y funciones docentes tal como se desarrollan en la normativa respecto a asuntos como salas de profesores, aulas de apoyo y refuerzo, lugares específicos para atención a la diversidad, salas suficientes para desdobles y espacios para tareas administrativas o para atención a las familias».
En esta línea, «también se incumple la normativa en lo relativo a asociaciones de padres y madres, ya que muchos centros no disponen de espacios para llevar a cabo reuniones y las labores de padres y madres organizados».
Además, CCOO denuncia que se incumple la legislación de prevención y riesgos de seguridad, por lo que “el sindicato seguirá denunciando centro a centro, ante los tribunales, por vía contencioso administrativa”, explica Isabel Galvín, quien también asegura que “pondremos en conocimiento de la Inspección de Trabajo los incumplimientos en materia de seguridad, tal como comenzamos a hacer en junio con la denuncia del Colegio Público Cervantes de Getafe”.
Ante esta situación, desde CCOO va a exigir al Gobierno regional «un informe pormenorizado sobre la situación de los centros con un plan de inversiones que normalice la situación de la enseñanza pública y dignifique la educación». “No podemos continuar en una situación en la que el consejero trivializa unas circunstancias dramáticas, con declaraciones en las que pretende normalizar que las clases se impartan en los comedores o los pasillo”, asegura Galvín.
Para CCOO «no se puede trivializar con que las plazas que se están creando fomentan un modelo de escolarización de niños y niñas sin techo porque no tienen aulas propias y carecen de un lugar estable donde desarrollar sus actividades y trabajos en un momento fundamental del desarrollo personal. Se trata de niños y niñas que carecen de una biblioteca, un terrario o un espacio concreto para sus pertenencias personales».
«Tampoco se puede trivializar cuando se están impartiendo clases en los pasillos o, como ocurre en el Colegio Cervantes de Getafe, en salidas de emergencia aunando asignaturas como Música y Religión, vulnerando además el derecho a no recibir clase de Religión», exponen desde el sindicaro.
Con todo, para las Comisiones Obreras, esta situación implica «infinidad de aspectos que vulneran la Constitución y es un maltrato a la educación pública con el objetivo de desviar al alumnado a la escuela concertada y fondos a manos privadas. En opinión de Isabel Galvín, “esta política supone claramente deteriorar, hacer más pequeña y menos atractiva la educación pública en Madrid”.
