Dos parcelas de titularidad municipal han sido cedidas en derecho de superficie durante 75 años, para destinarlas a la construcción de 139 viviendas protegidas en los distritos de Carabanchel y Puente de Vallecas. Se adjudicarán a las cooperativas “Viviendas para Trabajadores Ecobarrio S. Coop. Mad.” y, “Viviendas para Trabajadores Carabanchel S. Copp. Mad”.

Es el resultado del concurso público convocado en octubre del año pasado por el Área de Desarrollo Urbano Sostenible para las parcelas municipales de uso residencial protegido. La primera, situada en el Ensanche de Carabanchel, tiene una superficie de 5.396 m2 y una edificabilidad de 9.124,54 m2. La segunda está la Colonia Francisco Javier, en el distrito de Puente de Vallecas, y tiene una superficie de 2.011,38 m2 y una edificabilidad de 7.400 m2.

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha señalado que “la cesión del derecho de superficie es una fórmula de gestión de suelo que permite compatibilizar la atención a la demanda de vivienda con la voluntad del Ayuntamiento de no enajenar suelo municipal destinado a uso residencial”.

La fórmula se ampara en la legislación vigente, que establece que los bienes y recursos que integran los patrimonios públicos de suelo deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, a través del derecho de superficie que se constituya. Por su parte, el adjudicatario deberá edificar en el suelo municipal viviendas protegidas que serán cedidas a particulares que cumplan los requisitos legales necesarios para acceder a una vivienda de protección pública, durante un plazo de 75 años transcurrido el cual, el suelo junto con la edificación en él construida revertirán al Ayuntamiento de Madrid.

Por ello, en los pliegos reguladores del concurso, se han incorporado requisitos de capacidad y solvencia, y también criterios de adjudicación de carácter social, de estrategia urbana y medioambiental, cuya baremación determina la adjudicación a la oferta que presente el mejor proyecto edificatorio.

Trámite

El proceso de adjudicación, tras la elaboración de los pliegos correspondientes y obtención de los informes preceptivos, se inició con la aprobación de los mismos el 24 de octubre de 2017 y la apertura de un periodo de licitación pública que permitió la presentación de ofertas hasta el 30 de noviembre de 2017.

Tras la celebración de las distintas Mesas de Contratación para el examen de las ofertas presentadas, el procedimiento ha finalizado con la adjudicación de los derechos de superficie a las citadas cooperativas.

El objetivo prioritario de la convocatoria es establecer nuevos cauces para facilitar el acceso a la vivienda de amplios colectivos sociales, por lo que se ha restringido la participación en el proceso de licitación a Cooperativas o Entidades sin ánimo de lucro que tengan entre sus fines la promoción de viviendas para sus socios, y que cumplieran con los requisitos que la legislación aplicable establece para el acceso a una vivienda protegida.

En las bases del concurso se han incorporado un conjunto de aspectos relacionados con la aplicación de medidas de sostenibilidad ambiental en la edificación, de estrategia y sostenibilidad urbana, y aspectos sociales.

Sostenibilidad

En el caso de la parcela situada en la Colonia Francisco Javier, el planeamiento establece un modelo de desarrollo urbano basado en la eficiencia energética y la sostenibilidad, para lo que se habilitan reservas de suelo para la instalación de sistemas centralizados de calefacción, agua caliente y gestión de residuos.

El edificio se desarrollará en un único volumen de 10 plantas con capacidad para 77 viviendas de tres dormitorios sobre el lindero norte de la parcela, de forma que los espacios libres (zonas de juegos y piscina) se orientan al sur con buenas condiciones de soleamiento.

En la parcela situada en el Ensanche de Carabanchel se construirán 63 viviendas en un edificio de siete alturas sobre la avenida de La Peseta (lindero sur-suroeste) y la calle de La Corona (lindero oeste). El planeamiento establece de forma vinculante una mezcla de los usos residencial-terciario comercial, para lo que reserva el 25% de la edificabilidad destinados a servicios de proximidad al vecindario.