El concejal socialista Ignacio Benito, y la de Ahora Madrid, Marta Higueras, en el Pleno de Madrid del mes de marzo, han presentado una proposición para instar a la Comunidad de Madrid a que modifique la normativa de la Renta Mínima de Inserción (RMI), con el fin de que puedan acceder a ella las personas y grupos más vulnerables. La iniciativa ha sido aprobada por unanimidad.
“Si los más de 180.000 ciudadanos que sufren pobreza severa en nuestra ciudad fueran perceptores de la RMI, habría más de 70.000 familias potenciales perceptoras, pero solo la perciben 16.753 familias y poco más de 40.000 ciudadanos, menos del 25% del total”, ha explicado Benito.
Para el edil socialista “con las cuantías actuales es imposible que puedan cubrir las necesidades habitacionales en una ciudad como Madrid”, por lo que “pedimos que se incorpore un complemento de vivienda”. Además, ha destacado que esta iniciativa recoge las recomendaciones y aspiraciones de las entidades sociales y profesionales que integran la Alianza RMI, es decir, el Foro de Servicios Sociales de Madrid, el Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión, La Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN) y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid.
Benito ha asegurado que “no pretendemos con esta propuesta hacer de la RMI un motivo de confrontación, ni con la Comunidad de Madrid ni con nadie. Simplemente intentamos que los ciudadanos en situación de vulnerabilidad y con especiales necesidades puedan ejercer los derechos que la Ley les concede. Por este motivo proponemos también la creación de una mesa técnica de trabajo y que se fortalezca la coordinación con las entidades locales para una mejor gestión de este recurso. No hablamos de privilegios. Hablamos de derechos”.
«La necesidad prioritaria es dotar de un modo adecuado la partida presupuestaria de la Comunidad de Madrid destinada a hacer efectivo este derecho. En 2016 y gracias a una enmienda presupuestaria de PSOE y Podemos, se mejoró el bienestar de muchas familias madrileñas. Desgraciadamente PP y Ciudadanos tumbaron en 2017 las iniciativas en este sentido”, se ha lamentado el edil del PSOE.
Benito ha criticado que “a lo largo de 2017 se han utilizado prácticas y criterios de gestión más restrictivos y a veces arbitrarios o irregulares por parte de la Comunidad con el objetivo de limitar el número de prestaciones y el presupuesto ejecutado” y ha puesto ejemplos como que “atribuyen a las familias ingresos no computables, según el reglamento vigente; aplican suspensiones cautelares por “posesión” de propiedades que estaban vendidas hace años; o por tener un ingreso en cuenta, que era la propia RMI del mes; han pedido certificaciones del SEPE (Servicio Público de Empleo) a niños de 13 años, imposibles de obtener; han denegado la prestación por abandono de empleo a mujeres maltratadas que tuvieron que ser acogidas con sus hijos en centros de la propia Comunidad de Madrid o han modificado el modelo de solicitud para intentar excluir a las personas sin hogar”.
Como consecuencia, de enero a diciembre de 2017 hay 1.084 perceptores menos de la RMI, con un incremento del 47 % de las suspensiones cautelares. Además, la suspensión conlleva pérdida de derechos adicionales, como la financiación pública plena de medicamentos.
“Que nadie interprete la reducción anual de beneficiarios de la RMI como una mejora de las condiciones sociales de nuestros vecinos y vecinas porque los perceptores son solo una cuarta parte de quienes se encuentra en situación de pobreza severa”, ha subrayado Benito, quien ha mencionado también la dificultad de las familias para obtener información y responder a los requerimientos de la Comunidad de Madrid , “que descarga esta tarea sobre los Centros de Servicios Sociales municipales, por lo que trabajadoras y trabajadores sociales, ya de por sí insuficientes, están saturados de trabajo administrativo”.
Y como efecto colateral, «la dificultad para acceder a la RMI y las suspensiones provocan un incremento exponencial de la demanda de ayudas de urgencia y especial necesidad, lo que desvirtúa su utilidad y agota el presupuesto municipal». Por ello, Benito ha insistido en la necesidad y la oportunidad de exigir a la Comunidad de Madrid “el fin de estas arbitrariedades, que facilite la labor de los Centros de Servicios Sociales en vez de ahogarles y que mejore la normativa atendiendo a propuestas razonables”, todo ello “desde el acuerdo, el consenso y la voluntad de diálogo que parece que hoy aquí empieza a rodar”.
