- Las 26.959 denuncias presentadas en los órganos judiciales suponen la cifra anual más alta desde que se contabilizan estos datos.
- Más de 25.000 mujeres aparecen como víctimas de violencia machista en las denuncias presentadas, un 28 por ciento más que el año anterior.
- Descendió del 15 al 11,7 por ciento el porcentaje de víctimas que se acogió a la dispensa de la obligación de declarar.
- Aumenta en quince puntos la adopción de medidas judiciales de protección a las víctimas
El aumento interanual de un 16,4 por ciento en las denuncias presentadas por violencia de género en los órganos judiciales de todo el país, alcanzándose un máximo histórico anual, y el descenso de más de dos puntos en el porcentaje de casos en que la víctima se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar constituyen los datos más relevantes de la estadística del año 2017, que ha hecho pública hoy el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Estos datos nacionales se compadecen también con los recogidos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en la Comunidad de Madrid, donde el aumento en el número de denuncias se sitúa en el 25 por ciento, también un máximo histórico anual. Del mismo modo, el descenso en el porcentaje de casos en que la víctima se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar fue en Madrid del 1,4 por ciento.
También se observa como dato significativo el incremento en la región madrileña de quince puntos en la adopción de órdenes de protección, incluidas las medidas judiciales penales de protección de las víctimas (tanto de mujeres como de sus hijos e hijas) entre las que sobresalen las órdenes de alejamiento y las prohibiciones de comunicación acordadas.
Las denuncias de 2017, la cifra estadística anual más alta
Durante el año 2017, los juzgados madrileños recibieron un total de 26.959 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento de 25,1 puntos respecto de 2016, cuando las denuncias fueron 21.535. Las mujeres víctimas de violencia machista fueron 25.251 (19.715 en 2016, incremento del 28,08 por ciento), de las que eran extranjeras 10.618, un 42 por ciento.
En cuanto a la tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, destacan por encima de la media nacional, que es de 66,6, las Comunidades de Baleares, con una ratio de 95,6, Murcia, con 87,8, Comunidad Valenciana, con 85,3 y Canarias, con 84,5 mientras que la ratio más baja se da en Castilla y León y Galicia, con ratios de 42. La ratio en Madrid fue de 74,45.
Algo más de un 69 por ciento de las denuncias presentadas lo fueron por la propia víctima, directamente en el juzgado (839) o a través de atestados policiales (17.816). Las denuncias por intervención directa de la policía (5.472) se sitúan en el 20,3 por ciento de los casos. El número de denuncias presentadas por familiares de la víctima alcanzó el 1,6 por ciento del total. Los partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado representaron casi el cinco por ciento de las denuncias.
Cerca de un doce por ciento de víctimas se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar
En el pasado año, en 2.946 casos la víctima de violencia de género se ha acogido a la dispensa de la obligación legal de declarar, lo que supone un porcentaje de un 11,7 por ciento en relación con el total de mujeres víctimas de violencia de género en la región, cifra inferior en más de tres puntos a la del año anterior, que fue ligeramente superior al 15 por ciento.
1.583 mujeres que se acogieron a la dispensa eran españolas, un 57,3 por ciento del total (porcentaje inferior al de 2016), y 1.363 eran extranjeras, un 46,26 por ciento, porcentaje este último que supera en más de tres puntos al del año anterior.
Incremento de órdenes de protección solicitadas y concedidas
Durante 2017 se solicitaron 6.313 órdenes de protección en los órganos judiciales madrileños. Un total de 5.739 órdenes de protección (que incluyen medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 574 lo fueron en los juzgados de guardia.
El incremento de solicitudes de órdenes de protección en los juzgados especializados con respecto a 2016 fue de un 8,6 por ciento. Un 55 por ciento de las órdenes de protección solicitadas fueron adoptadas (3.150), cinco puntos por encima del año anterior.
Sólo el dos por ciento de las órdenes de protección fueron inadmitidas, y se denegó el 43 por ciento de las solicitadas (2.496). En 3.617 casos la víctima era mujer española mayor de edad; en 63, menor de edad; en 609 ocasiones se trataba de mujeres extranjeras mayores de edad y en otras 14 de extranjeras menores de edad.
En el 17,70 por ciento de las ocasiones el denunciado era el cónyuge de la víctima; el excónyuge en el 10,63 por ciento de los casos; mantenían una relación afectiva en el 32,78 por ciento de las veces o habían roto esa relación en el 38,89 por ciento de los incidentes de maltrato.
Medidas judiciales penales y civiles derivadas de las órdenes de protección
Además, derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares, se adoptaron 6.926 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores), lo que supone un aumento de quince puntos respecto al año 2016, ya que ese ejercicio se dictaron 6.018 medidas. Entre las medidas adoptadas destacan la orden de alejamiento, que se concedió en 2.379 casos, y la prohibición de comunicación, en 2.690 ocasiones.
Al mismo tiempo se dictaron 2.478 medidas civiles cautelares, tendentes a la protección tanto de la mujer como de los menores, mientras se resolvía el proceso penal. El número de medidas civiles adoptadas aumentó en Madrid con respecto al año anterior, en el que se acordaron 2.144. Un 37 por ciento de las medidas adoptadas lo fueron en relación con la prestación de alimentos y un 33 por ciento resolvieron la atribución de la vivienda.
Un 5,32 por ciento de las medidas adoptadas (826) supusieron la suspensión de la guarda y custodia mientras que un 3,5 por ciento de las medidas (87) tuvieron como finalidad la suspensión del régimen de visitas.
Valoraciones de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona
Los datos estadísticos correspondientes al año 2017 nos indican, de manera fehaciente, un importante aumento de denuncias presentadas en los órganos judiciales, lo que nos sitúa por un lado en un escenario en el que es positivo que afloren todas las conductas violentas hacia la mujer y hacia los menores y, por otro, es evidente que nos sacude internamente pues estamos hablando de cifras inasumibles, impropias de una sociedad madura y civilizada.
Es muy positivo comprobar, una vez más, como aumentan las condenas y también resulta satisfactorio ver como se incrementan de nuevo las medidas de protección de las víctimas, sean mujeres o sean hijos o hijas.
Que las órdenes de alejamiento o las prohibiciones de comunicación adoptadas por los órganos judiciales afecten a dos de cada tres casos en que se ha solicitado una orden de protección, unido al dato de las medidas civiles de protección, esencialmente de menores, no es sino el fiel reflejo de la sensibilización judicial hacia el fenómeno de la violencia de género.
Una vez más, pues, el mensaje a trasladar a la ciudadanía tiene que ver con que, pese a todos los imponderables que coexisten en una materia tan sensible como es la violencia de género, no hay impunidad alguna y el Estado de Derecho funciona.
Los datos de este pasado año nos alertan, sin embargo, de que sigue creciendo no sólo el número de víctimas sino también el de menores enjuiciados por la comisión de delitos de violencia de género. Como presidenta del Observatorio me preocupa que persistan todavía actitudes de violencia machista en nuestros jóvenes, que debieran ejemplificar mejor que cualquier otro segmento social los valores de igualdad, respeto y libertad.
Como presidenta del Observatorio quiero finalizar abriendo una puerta a la esperanza. El trabajo que las dos cámaras legislativas y los grupos políticos han llevado a cabo en nuestro país para lograr un Pacto de Estado contra la violencia de género es, sin duda, uno de los hitos más importantes acaecidos desde la aprobación en 2004 de la Ley Integral. El Observatorio así lo ha reconocido, al conceder a las Comisiones de Igualdad del Congreso de los Diputados y del Senado el premio anual a la mejor labor para combatir la violencia de género.
