Varios colectivos se han reunido con el Defensor del Pueblo ante «los injustificados retraso»s en la implantación de la ley de Transexualidad Madrileña. Fernández Marugán se comprometió a investigarlo ya que «en otras comunidades sí se han ido desarrollando las leyes».
Ayer martes, 6 de febrero, Arcópoli, COGAM y la diputada transexual Carla Antonelli mantuvieron una reunión con el Defensor del Pueblo, Don Francisco Fernández Marugán y los responsables de Salud y Política Social, don Rafael Muguruza así como de Igualdad y Equidad Doña Elena Arce para plantearles una queja «ante el incumplimiento por parte del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid de la ley 2/2016 en su práctica totalidad».
Las demandas concretas fueron las siguientes:
– La no descentralización de las UIG con el daño en la atención en proximidad sin formación adecuada. Se niega los tratamientos bloqueadores a menores y cirugías a personas que no hayan pasado por la unidad. Además, la forma de llamar a las personas trans en centros aparte de la propia Unidad sigue siendo la que quiere el funcionario y no la que le indica la persona trans.
– La no emisión de las tarjetas sanitarias, que ya se solicitaron en Mayo de 2017 con solicitudes de formato propio ante la ausencia de un modelo oficial.
– La ausencia de desarrollo de protocolos educativos. Sigue sin facilitarse el cambio de nombre en listas públicas de exámenes. No hay privacidad de la identidad de los alumnos, con la exposición consiguiente y los problemas de acoso escolar tránsfobo asociados.
La inexistencia de dotación presupuestaria en 2017 ni 2018, salvo por una proposición de la oposición para dedicar una partida a fomento del empleo en presupuestos de 2018.
– Nuestra vocal de Transexualidad Abril Sotelo explicó que se incumple el artículo 7 de emisión de documentación administrativa, algo crucial para las personas trans así como que desde el 27 de abril de 2016 la ley era de obligado cumplimiento, hace casi dos años y sigue sin implantarse ni desarrollarse los reglamentos vitales para muchas personas de nuestro colectivo”.
«El Defensor del Pueblo -explican desde Arcópoli- mostró un gran interés en nuestras quejas y ha explicado que al haber leyes autonómicas en la Comunidad Valenciana, Islas Baleares o Andalucía donde sí se han desarrollado, podría tratarse de un problema ideológico que habría que estudiar en la Comunidad de Madrid. Algunas leyes autonómicas como la valenciana son posteriores a la madrileña y están más implementadas. El Defensor del Pueblo también nos mostró su preocupación por el incremento de delitos de odio al colectivo LGTB en la Comunidad de Madrid».
Desde Arcópoli destacan además que el 25 de enero «volvimos a denunciar unos apuntes tránsfobos en un manual de FP, 3 años después de exigir la inmediata eliminación y solo tras la publicación en medios, se ha conseguido que se eliminen. Nos preocupa desconocer cuántos de estos manuales o formaciones se siguen produciendo sin que se actualicen».
