El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado a la cuarta en una sesión extraordinaria de esta mañana de lunes, 18 de diciembre, el nuevo Plan Económico Financiero que prevee un recorte en inversiones de 500 millones de euros.
El nuevo PEF de la ciudad de Madrid ha sido aprobado, al cuarto intento, con los votos a favor del Partido Popular y Ahora Madrid y en contra del PSOE y Ciudadanos. 6 de los concejales de Ahora Madrid se han salido del Pleno y no han votado: los 3 de Izquierda Unida (Mauricio Valiente, Carlos Sánchez Mato y Yolanda Rodríguez) y los 3 de Ganemos (Pablo Carmona, Rommy Arce y Montse Galcerán).
El nuevo Plan Económico Financiero será remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública de manera inmediata, que cuenta con un plazo de dos meses para analizar y dar respuesta al documento.
Refrendado con 34 votos a favor y 16 en contra, el nuevo PEF plantea la financiación dentro del marco legal. Tras su aprobación definitiva, el Gobierno municipal espera que «pronto se desbloquee la situación de tutelaje por parte del Ministerio de Hacienda en que se encuentra el Ayuntamiento de Madrid desde el pasado noviembre. Y que el Tribunal Superior de Justicia levante las medidas cautelares que paralizaron las Inversiones Financieramente Sostenibles».
Para Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, es un «verdadero despropósito» este nuevo Plan Económico Financiero, que contempla «recortes en ayudas a domicilio o en generación de empleo».
Para José Luis Martínez-Almeida, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, el voto del Partido Popular ha sido fundamental «para volver a la senda legal, el único que ha mantenido una postura coherente en este sainete». Además, se ha mostrado extrañado que Ciudadanos haya votado en contra cuando en el tercero PEF se abstuvo, «y este es el que estaba de acuerdo con Hacienda». «Ciudadanos han votado en contra de volver a la legalidad», ha criticado.
Para Almeida, «el PSOE ha hecho un discurso incendiario contra Ahora Madrid, PP y Ciudadanos, pero tendrá que hacer algo de autocrítica, en una situación de esquizofrenia política».
Por su parte, la portavoz del PSOE, Purificación Causapié, ha destacado que este PEF «hace recortes en las ivnersiones en políticas sociales tan necesarias para los distritos de la ciudad de Madrid»
«Nuestra apuesta es la del presupuesto como principal herramienta de la política de redistribución, como sistema de igualación social, como sistema de apoyo a los más golpeados por la crisis, a las familias, a los parados, a los jóvenes, a las mujeres», ha explicado la socialista Erika Rodríguez, que ha añadido que «nosotros no podemos aceptar que esta ciudad haga recortes teniendo recursos suficientes para solventar su gasto. En esta ciudad se están realizando recortes sin que sepamos claramente cuales ha sido los criterios que se han aplicado para tomar dichas decisiones».
Regla de gasto
El pasado mes de septiembre el Ministerio remitió una comunicación a todos los ayuntamientos afectados por el incumplimiento de la regla de gasto en el ejercicio pasado (se calcula que son entre 600 y 800 municipios los que se encuentran en esta situación en todo el Estado) reclamando un Plan Económico Financiero que planteara medidas para garantizar la estabilidad financiera.
La regla de gasto es una limitación establecida por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que impide a los ayuntamientos aumentar el gasto público más allá de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española. El cálculo de esa regla fue diseñado en un periodo en el que la mayoría de corporaciones locales incumplían los objetivos de estabilidad presupuestaria y en el que se consideraba prioritario contener el gasto público local.
El Gobierno municipal considera que la interpretación que hace el Ministerio de la regla de gasto «es injusta y restrictiva», y subraya la necesidad de modificarla, «especialmente en el caso de administraciones saneadas. Es el caso del Ayuntamiento de la capital, cuya situación financiera registra un superávit de más de 1.000 millones de euros, cumple con el plazo medio de pago a proveedores (9,5 días) y finalizará 2017 con una reducción de la deuda acumulada en 471 millones de euros. El ratio de deuda viva en relación a los ingresos corrientes liquidados se sitúa este año en el 78,2% y será del 55% en 2018».
