CSIF denunció hace más de un año que los funcionarios «ya contaban con un régimen disciplinario y que no necesitaban un instrumento que ponía en duda su colaboración contra la corrupción».
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha aplaudido el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que acuerda suspender de forma cautelar la labor de inspección de la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid al «invadir competencias atribuidas a otros órganos».
De esta manera, el máximo órgano judicial autonómico da la razón a CSIF, que en cuanto supo de la iniciativa de crear una oficina de este tipo, en octubre de 2016, mostró su «total rechazo a la misma por considerar que extendía la sospecha sobre los empleados públicos y ponía en duda su colaboración en la lucha contra la corrupción».
CSIF subraya que los empleados públicos y, en concreto, los funcionarios, «conforme al ordenamiento jurídico vigente y al espíritu de la Constitución ya colaboran y están obligados, como no puede ser de otra manera, a denunciar hechos delictivos. De hecho, gracias a la labor y a la denuncia de funcionarios se han destapado importantes casos de corrupción en este país».
CSIF ha anunciado que continuará «rechazando cualquier iniciativa que suponga una caza al funcionario, y por eso recuerda que los trabajadores de este ámbito ya cuentan con el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), con su código ético y su correspondiente régimen disciplinario».
