La asociación recuerda que el autobús «atenta contra la dignidad de las personas trans y que no es constitucional un debate sobre la identidad de un colectivo vulnerable. La Audiencia Provincial va contra la calificación del Ministerio Fiscal y la Delegación de Gobierno que sí lo ve con relevancia penal, como nosotros». Arcópoli cree que es un exabrupto afirmar que esto es una “persecución de ideas”.
Desde Arcópoli han querido mostrar su «temor e indignación» por el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que permite que la asociación radical Hazte Oir continúe con su campaña de difusión de mensajes destinados a atacar la dignidad de las personas transexuales, en especial de las niñas y niños».
El vocal jurídico de Arcópoli, Diego Rey, ha explicado que «no creemos que haya cambiado el riesgo de perpetuación de la comisión de un delito ni de la alteración de la paz pública y creación de un sentimiento de inseguridad o temor entre las personas por razón de su identidad sexual, especialmente entre los menores, tal y como ya alertó la Fiscalía Provincial de Madrid. El mismo riesgo que teníamos ayer lo seguimos teniendo hoy y afecta sobre todo a los menores, que son una de las partes más vulnerables de nuestra sociedad y por tanto más necesitadas de una especial protección».
«No entendemos que se considere que ha cesado la situación de emergencia, como ha dicho la Audiencia, afirmando que ya no resulta necesario ni proporcionado, pese a que no ha cambiado absolutamente nada en el mensaje y que decenas de ciudades e instituciones han mostrado su más enérgico rechazo a este mensaje tan hostil y discriminatorio”, ha denunciado.
Donde la Audiencia ve mensajes “desagradables o agresivos”, contradiciendo la opinión del Ministerio Fiscal y de la Delegación de Gobierno, desde Arcópoli ven «una negación de la identidad y un ataque a la dignidad. Hazteoir no se limita a exponer su ideario, sino que con ese mensaje lo que hace es negar la realidad de las personas trans y con ello lesiona su dignidad. Cientos de niñas y niños que están en medio de su proceso de aceptación, apreciarán con mucha inseguridad cómo el Poder Judicial legitima discursos negacionistas que serían escandalosos si en vez de hablar de transexualidad, hablaran de racismo, machismo o xenofobia».
Desde la asociación Arcópoli «creemos firmemente que este mensaje promueve el odio y la discriminación contra un grupo por razón de su identidad sexual y que esto es delito según el artículo 510 del Código Penal, tal como sostuvo la Delegación de Gobierno y el propio Juzgado de Instrucción al que llegó el caso y que adoptó la medida cautelar. Creemos que es una incitación a la discriminación y que por tanto cumple perfectamente la calificación del tipo, tal y como dictaminaron el Ministerio Fiscal y la Delegación del Gobierno de Madrid, que sí lo consideraron hecho de relevancia penal”.
«Nos duele escuchar que la Audiencia Provincial califica de “debate social” la dignidad de niñas y niños transexuales, con el irreparable daño que esto puede causar. En este caso no se trata de “persecución de ideas que molestan a algunos” como equivocadamente afirma la sentencia, en un exabrupto incomprensible, sino del derecho a la dignidad, como fundamento del orden social, tal y como afirma la Constitución. Lo que no es democrático – aseguran desde Arcópoli- no es prohibir el debate, sino permitir un debate sobre si las personas transexuales tienen dignidad o no y que nos recuerda a duros momentos de la historia, afortunadamente ya en el pasado».
«Quisiéramos recordar en cualquier caso que el auto tan sólo dispone sobre la idoneidad de mantener la medida cautelar, sin que en ningún caso responda sobre el fondo del asunto, siguiendo por tanto “imputado” el autobús de Hazteoir por delito de odio», concluyen su denuncia.
