El sindicato presenta hoy denuncia formal ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, especializada en delitos de odio y discriminación, «por el contenido homófobo de dicho folleto y por el envío masivo de un correo electrónico amenazante, dirigido al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid», e insta al Consejero a actuar.
Se trata de un folleto de 47 páginas, que está también expuesto en la página web de la asociación HazteOír.org y, como tweet fijo en su cuenta de Twitter (@hazteoir), desde donde se pide difusión con el siguiente reclamo: “Difunde el libro que buscan censurar porque denuncia el adoctrinamiento sexual. Descárgalo aquí: hazteoir.org/sites/default/…”.
Desde CCOO «mostramos nuestra repulsa a aseveraciones como un argumento común de estas leyes, (se refiere a las recientemente públicas en nuestra región sobre protección integral contra la LGTBifobia), consiste en negar la evidencia de las posibles anomalías, con características clínicas variadas, de los estados intersexuales que la medicina define por la existencia de contradicción de uno o más de los criterios que definen el sexo. Esta conclusión, que avalan numerosos estudios científicos, se niega de raíz, de tal manera que se instaura por decreto la normalidad de lo presumiblemente anómalo. La investigación clínica sobre cuestiones de homosexualidad y transexualidad queda no sólo abolida, sino que además se la tipifica de “abuso” y puede llegar a ser penalmente perseguida. ¿Y por qué? Porque ser heterosexual comienza a convertir a los individuos en sospechosos de homofobia, y estas leyes pretenden prevenir que el potencial homófobo que todos los heterosexuales llevamos dentro (especialmente varones y católicos) actúe. La trampa del heterosexual homófobo no es la única. Estas leyes se justifican aceptando una discriminación estructural inexistente basada en estadísticas de maltrato distorsionadas, cuando no abiertamente falseadas.
CCOO denuncia estos contenidos que «claramente contravienen los principios y fines de nuestro sistema educativo recogidos en los artículos 1 y 2 de la LOE y especialmente lo establecido en la LEY 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, y la LEY 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, básicamente en cuanto al respeto a la igualdad de las personas y a la diversidad de identidad y orientación sexual, así como a la convivencia pacífica en los centros, sin perjuicio de la posible tipificación como delito de odio según los artículos 510 y 510 bis del Código Penal, así como de revelación de secretos, según el artículo 197 y siguientes del mismo texto legal, por cuanto estimamos que es preciso un acceso ilícito a los ficheros de la Consejería para poner realizar un despliegue tan masivo y simultáneo de envío de cartas individualizadas por centro».
CCOO denuncia, también, que «en las direcciones de correo electrónico institucionales del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, se han estado recibiendo en las últimas semanas ofensivas telemáticas en forma de correos masivos de esta organización, que han llegado a ser 36.000 en algunas oleadas, colapsando las direcciones de correo».
En este correo se reconoce la existencia de un movimiento de “objeción de conciencia” contra la enseñanza de una asignatura oficial del currículo del sistema educativo español del anterior Plan de Estudios LOE (Educación para la Ciudadanía) y también se reconoce la existencia de una confrontación en las aulas derivada de esta objeción.
«Pero lo más grave es que todo el mensaje reviste carácter y forma de amenaza (delito tipificado en el art.171 del reiterado código), por cuanto se compele al Consejo Escolar (del que formamos parte cinco representantes de CCOO) a ejecutar las actuaciones que la asociación entiende oportunas, y que, como contrapartida, en caso de no hacerlo, la confrontación nacerá de nuevo en las aulas«.
«Ante estos gravísimos hechos, CCOO insta al Consejero Van Grieken a emprender las acciones legales oportunas y a investigar todo lo acaecido en el marco de sus competencias, como garante del derecho a la Educación de todos y todas en la Comunidad de Madrid y de los principios constitucionales en los que el sistema educativo se inspira, así como a manifestar su condena, tanto él como la presidenta Cifuentes».
