La semana pasada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció en rueda de prensa que su gobierno había aprobado la ampliación de horarios de terrazas en dos horas, por lo que estas podrían iniciar su actividad a partir de las 8:00 en lugar de las 10:00 que fija actualmente la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR). Esta decisión, que deberá ser ratificada por los servicios jurídicos del Gobierno regional, se ha tomado «sin que los vecinos y los representantes de las asociaciones vecinales de la región, la FRAVM, hayan tenido oportunidad de exponer el impacto que la medida puede tener en la vida diaria de miles de ciudadanos y ciudadanas», exponen desde la FRAVM.
«El Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha tenido en cuenta el deterioro de los derechos de los vecinos y de la convivencia ciudadana que ha provocado el incremento descontrolado de la actividad hostelera y, en particular, de las terrazas en el centro de Madrid», añaden.
Fenómeno descontrolado
Desde que entrara en vigor la actual ordenanza de terrazas en el municipio de Madrid, allá por agosto de 2013, el espacio de Madrid ha sufrido una radical transformación con la instalación de aproximadamente 4.500 terrazas. Esto se traduce en la colocación de más de 50.000 mesas y 200.000 sillas, a lo que habría que añadir sombrillas y un amplísimo abanico de elementos, en cantidad variable, que estimamos podría superar una ocupación del espacio público de más de 30 Hectáreas. El Consistorio ingresa unos 10 millones gracias a la tasa de terrazas, una cantidad ridícula frente a los 80 millones que percibe por las 170.000 plazas de aparcamiento regulado».
En el distrito Centro, donde trabajan las entidades de la Coordinadora de Asociaciones Vecinales Madrid Centro, hay autorizadas 645 de terrazas, con aproximadamente 17.000 sillas y 4.200 mesas. Pero existe un alto porcentaje de terrazas no autorizadas que se instalan en la vía pública intermitentemente, según reconocen las propias autoridades municipales, que admiten la dificultad para poder ejercer un control adecuado sobre esta actividad con los medios públicos existentes.
El 75 % cuenta con algún expediente por incumplimiento de la ordenanza reguladora, según datos del propio Ayuntamiento. Hasta el año 2006, la instalación de una terraza en la vía pública necesitaba de una Evaluación de Impacto Ambiental previa, requisito que actualmente no es necesario.
Parece claro que algo ha cambiado y no precisamente para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Centro y de la ciudad en general. Prueba de ello es que este distrito ha perdido casi un 10% de población residente en los últimos 4 años, como consecuencia de la presión de estas y otras actividades que difícilmente concilian con la actividad residencial.
Resulta paradójico que los locales a los que está adscrita la actividad de las terrazas deben cumplir unos lógicos niveles de exigencia legal en materia de aislamiento térmico-acústico, seguridad e higiene, etc. para poder ejercer su actividad hostelera y, sin embargo, las terrazas que se instalan en el espacio público no tienen que cumplir exigencia alguna cuando su horario actual es de 16 horas y abarca de 10 de la mañana a 2:30 de la madrugada.
La actividad de las terrazas colisiona con los derechos y la vida de los vecinos y ciudadanos en dos elementos fundamentales: espacio y horario. El espacio que ocupan es público, lo que supone una pérdida sobre el valor social de ese espacio público común y, en no pocas ocasiones, una dificultad al tránsito peatonal (especialmente en peatones más vulnerables). El segundo problema es el indudable impacto acústico y ambiental que esta actividad genera, allí donde se realiza, y especialmente durante la noche, que afecta a la calidad del descanso de los residentes y sus derechos como ciudadanos. Otro elemento no desdeñable es el de la suciedad que generan en calles y plazas.
Ni consultados, ni escuchados
En el mes de agosto, informaciones periodísticas anticiparon la iniciativa del Gobierno regional para ampliar el horario de las terrazas de veladores en la región, regulados a través de la LEPAR. Como respuesta a estas noticias, la Coordinadora de Asociaciones Vecinales Madrid Centro se dirigió a la presidenta regional para reclamar que diera trámite de audiencia a representantes de las asociaciones de vecinos, en concreto a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), antes de hacer firme el mencionado anuncio sobre ampliación de horarios de terrazas. Pretendíamos que la decisión del Gobierno tuviera en cuenta los intereses y puntos de vista de los vecinos, que serán los más perjudicados, y no sólo los puntos de vista de los beneficiarios de tal medida. Sin embargo no hemos sido ni consultados, ni escuchados.
Por todo lo anterior, la citada coordinadora y la FRAVM, tal y como hicieron el pasado viernes por carta, piden a todos los grupos políticos con representación parlamentaria que apoyen la paralización de esta medida por la que se amplían los horarios para las terrazas en la Comunidad de Madrid «que ha acordado el gobierno de Cristina Cifuentes de manera unilateral».
Además, exigen un estudio independiente previo, «en el que se mida el impacto de la medida en el descanso de los vecinos afectados y en la convivencia ciudadana y que incluya el coste-beneficio para la ciudad. Entendemos que una medida de esta envergadura no debería tomarse sin datos y estudios que la soporten».
Por último, reclaman que se abra «un debate sosegado, sin urgencias, ya que la medida no lo requiere, del que queremos ser parte los vecinos, en calidad de claros damnificados».
