Ante la «actual crisis de legitimidad del modelo de gestión sanitaria» autonómico derivada de la difusión de las grabaciones del Hospital de Torrejón, plataformas en defensa de la sanidad pública y organizaciones vecinales y sindicales muy representativas de la sociedad madrileña hacen público un manifiesto y solicitan una reunión urgente con la consejera de Sanidad, Fátima Matute
Organizaciones muy representativas de la sociedad civil madrileña se han unido para demandar al Gobierno regional medidas urgentes ante la actual crisis de legitimidad del modelo de gestión sanitario de la Comunidad de Madrid derivada de la difusión de las lamentables grabaciones de directivos del Hospital Universitario de Torrejón. En un manifiesto que hoy hacen público, Audita Sanidad, la Coordinadora de Barrios y Pueblos en Defensa de la Sanidad Pública, CCOO Madrid, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP)-Marea Blanca, la Plataforma de Centros de Salud, UGT Madrid y Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid por la Sanidad solicitan una reunión urgente con la titular de la Consejería de Sanidad, Fátima Matute, y exponen las causas del grave problema, así como medidas para solucionarlo. Lo hacen tras una reacción institucional que “no está a la altura de la gravedad de lo sucedido ni del daño causado a la confianza de la ciudadanía”.
En su comunicado, tras exponer las consecuencias del modelo de privatización de servicios sanitarios y no sanitarios y reivindicar un “modelo verdaderamente público” de gestión sanitaria, las entidades sociales trasladan al Gobierno autonómico cuatro reivindicaciones esenciales: una auditoría pública completa del modelo de concesiones, la reversión de la gestión privatizada, un refuerzo urgente de la sanidad gestionada directamente por el Servicio Madrileño de Salud y transparencia completa en listas de espera. Además, reclaman al Ministerio de Sanidad que “aborde con carácter urgente los cambios normativos que han permitido la extensión del modelo de colaboración público-privada en la sanidad”.
A continuación reproducimos el contenido íntegro del manifiesto de los colectivos sociales.
MANIFIESTO UNITARIO POR LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
La defensa de la sanidad pública constituye un compromiso ético, social y constitucional que la ciudadanía madrileña ha demostrado de forma sostenida durante años. Las entidades firmantes hacemos público este manifiesto ante la gravedad de los hechos recientemente conocidos sobre la gestión del Hospital Universitario de Torrejón y la profunda crisis de legitimidad que atraviesa el modelo de gestión de la sanidad pública a través de las concesiones a empresas privadas con ánimo de lucro. Ante esta situación, exigimos una reunión urgente con la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
1. Una crisis de legitimidad en la gestión de la sanidad pública
La difusión de una grabación interna de un directivo de Ribera Salud, la empresa concesionaria del Hospital de Torrejón, en la que se incita a priorizar la rentabilidad económica por encima de la atención a pacientes, ha puesto de manifiesto un problema estructural: la imposibilidad de garantizar plenamente el derecho a la salud cuando la gestión de un hospital público se delega en empresas cuyo objetivo es obtener beneficios económicos. En dicha grabación se alude a estrategias como alargar listas de espera, rechazar derivaciones o limitar la atención a los casos considerados “rentables”, prácticas contrarias al interés general y a la ética sanitaria más elemental.
Estos hechos no son excepciones ni anomalías: son la consecuencia directa de un modelo, las colaboraciones Público-Privadas, que ha permitido situar a empresas privadas en la gestión de infraestructuras financiadas con dinero público. La reacción institucional —limitada a calificaciones superficiales del incidente y a una auditoría exprés— no está a la altura de la gravedad de lo sucedido ni del daño causado a la confianza de la ciudadanía.
2. Privatización y desfinanciación: un modelo que falla a la ciudadanía
Desde hace dos décadas, la Comunidad de Madrid promueve un proceso sistemático de externalización y privatización de servicios sanitarios. Hospitales enteros, centros de especialidades y múltiples servicios no clínicos han sido transferidos a empresas privadas bajo fórmulas de concesión o conciertos. Estas decisiones políticas han configurado un sistema fragmentado y sometido a incentivos ajenos a los valores de equidad, solidaridad y universalidad que deben guiar el funcionamiento de cualquier sistema público de salud.
Entre las consecuencias de este modelo se encuentran:
- El debilitamiento progresivo de la gestión pública directa, reducida en capacidad, recursos y autonomía.
- La derivación de cuantiosos fondos públicos a empresas privadas a través de contratos opacos y con incrementos presupuestarios muy superiores a los inicialmente previstos, que genera una competencia desleal en la contratación de profesionales sanitarios y debilita de manera deliberada la capacidad del sistema sanitario público de gestión directa.
- El deterioro de la Atención Primaria, que sufre desde hace años una falta de financiación estructural, sobrecarga asistencial y déficit de profesionales.
- Un aumento persistente de las listas de espera y de la desigualdad en el acceso a la asistencia especializada.
- La pérdida de transparencia y de control democrático sobre servicios que pertenecen a toda la ciudadanía.
El caso de Torrejón es una manifestación extrema, pero reveladora, de un problema que afecta al conjunto del modelo: cuando la rentabilidad económica se impone sobre el interés sanitario, la calidad asistencial se resiente y los derechos de pacientes y profesionales quedan en situación de vulnerabilidad.
3. Reivindicar un modelo verdaderamente público de gestión sanitaria
Las entidades firmantes defendemos un sistema sanitario plenamente público, universal y equitativo, basado en una gestión transparente, democrática y sin interferencias de intereses privados. Ello implica:
- Recuperar la planificación pública como eje vertebrador del sistema sanitario.
- Garantizar que los fondos públicos se destinan íntegramente a fortalecer la atención sanitaria, no a generar beneficios empresariales.
- Blindar la salud como un derecho y no como un negocio.
- Reforzar la participación ciudadana y profesional en la toma de decisiones.
La ciudadanía madrileña ha demostrado repetidamente su compromiso con este modelo, llenando calles y plazas para exigir la defensa de su sanidad pública. La movilización social ha sido clave para impedir retrocesos aún mayores y para mantener viva la reivindicación de un sistema que anteponga la salud a cualquier lógica mercantil.
4. Exigencias a la Consejera de Sanidad
Conscientes de la urgencia del momento, reclamamos a la Consejera de Sanidad una reunión inmediata para abordar los siguientes puntos:
- Auditoría pública completa del modelo de concesiones. Reclamamos una auditoría independiente de todos los centros y servicios sanitarios gestionados por empresas privadas, incluyendo evaluación de resultados asistenciales, impacto presupuestario y calidad del servicio. Esta auditoría debe ser pública y contar con participación ciudadana y profesional a través de los representantes de las personas trabajadoras. Asimismo, deberá contemplar la realización de inspecciones técnicas periódicas con plena transparencia pública sobre la gestión y sus resultados.
- Reversión de los servicios privatizados (tanto clínicos como no clínicos) y fin de las derivaciones a la sanidad privada. Exigimos el inicio inmediato de los procedimientos para revertir a gestión pública directa todos los centros sanitarios externalizados. La reversión debe hacerse de forma planificada, garantizando estabilidad a las plantillas y continuidad asistencial, pero con un objetivo claro: recuperar el control público sobre los recursos públicos.
- Refuerzo urgente de la sanidad gestionada directamente por el Servicio Madrileño de Salud. Es imprescindible un plan estructural que contemple:
- Incremento progresivo de la financiación destinada a Atención Primaria y Hospitalaria.
- Personal (sanitario y no sanitario) suficiente y con condiciones de trabajo adecuadas.
- Mejora de la infraestructura y equipamientos.
- Reducción de ratios de pacientes por profesional.
- Transparencia completa en listas de espera. Exigimos la publicación accesible, homogénea y actualizada de las listas de espera reales, incluyendo no solo la atención Hospitalaria, sino también la Atención Primaria (medicina de familia, pediatría y enfermería), pruebas diagnósticas y centros de salud mental, como condición imprescindible para la rendición de cuentas y la evaluación del sistema.
5. Exigencias a la Ministra de Sanidad
Del mismo modo y aunque consideramos que la responsabilidad de estos hechos tan graves corresponde exclusivamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid, consideramos igualmente imprescindible que el Ministerio de Sanidad aborde con carácter urgente los cambios normativos que han permitido la extensión del modelo de colaboración público-privada en la sanidad (artículos 66, 67 y 90 de la Ley 14/1986 General de Sanidad y 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que permite la entrada del sector privado en el sistema sanitario español). El marco legal debe garantizar que la gestión sanitaria sea directa, pública, universal y no sujeta a criterios de rentabilidad empresarial.
6. Compromiso de la sociedad madrileña
Las organizaciones firmantes representamos a la sociedad civil organizada, a vecinas y vecinos, trabajadoras y trabajadores, profesionales sanitarios y no sanitarios y colectivos defensores de lo público. Todas compartimos un compromiso firme: defender una sanidad que cuide, proteja y garantice derechos, no una sanidad que genere beneficios privados a una minoría a costa de lo que es de todas y todos.
La salud es un derecho. La sanidad es un patrimonio colectivo. La ciudadanía madrileña exige un sistema sanitario 100% público, de gestión directa, transparente, ético y al servicio de la ciudadanía.
Y lo exige ahora.
