Un grupo de 60 familias residentes en inmuebles de la Obra Social de «la Caixa» en las localidades de Madrid (Puente de Vallecas y Vicálvaro) y Pinto han iniciado acciones legales contra la entidad financiera. La demanda, respaldada por la PAH Vallekas y el Sindicato de Vivienda de Moratalaz, señala que el banco habría ignorado el derecho de tanteo y retracto de los inquilinos al traspasar las viviendas a un fondo de inversión.
El origen de la disputa se remonta a la integración de Bankia en CaixaBank. Según los afectados, terrenos que originalmente fueron cedidos por el Ayuntamiento de Madrid para alquiler asequible bajo el paraguas de la Obra Social han terminado formando parte de una estrategia de desinversión lucrativa. Los vecinos denuncian que, tras cancelarse el programa social, comenzaron a sufrir incrementos notables en las rentas y la no renovación de sus contratos de alquiler.
La acción judicial se integra dentro de la movilización «Nos Quedamos», que critica que la entidad haya obtenido beneficios récord (casi 5.800 millones de euros en 2024) y subvenciones públicas, mientras «especula» con activos que deberían cumplir una función habitacional.
El espejo catalán y la presión al Estado
El colectivo de Madrid mira con atención lo sucedido en Cataluña, donde una huelga de alquileres de nueve meses logró que parte del parque de viviendas de la entidad fuera traspasado a Incasòl, la empresa pública de vivienda catalana.
En este sentido, los demandantes exigen la intervención directa del Gobierno de España. Recuerdan que el Estado posee cerca del 18% del accionariado de CaixaBank, una posición que, a juicio de las familias, debería utilizarse para frenar los desahucios y facilitar que las viviendas pasen a manos de organismos públicos como el SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo).
Denuncias de vulnerabilidad
El escrito judicial no solo se centra en el derecho de adquisición preferente, sino que pone el foco en la situación de los residentes: muchas de las familias afectadas cuentan con menores de edad o personas mayores a su cargo y disponen de recursos económicos limitados. Los convocantes de la demanda acusan a la entidad de mantener una «doble cara», publicitando una labor social a través de su fundación mientras ejecuta una gestión inmobiliaria que agrava la exclusión residencial en la región.
