Un total de 1,3 millones de personas, lo que representa el 19,6% de la población de la Comunidad de Madrid, se encuentran en algún grado de exclusión social, según los resultados del “Informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid: Resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 2024”.
El estudio, presentado por la Fundación FOESSA en colaboración con Cáritas Española, subraya que, si bien el nivel de exclusión se ha reducido 2,5 puntos con respecto a 2021, la región no ha recuperado los niveles previos a la pandemia, registrándose 230.000 personas más en situación de exclusión social que en 2018.
Los investigadores de FOESSA advierten que el crecimiento económico de la Comunidad de Madrid no se ha visto reflejado en una mejora de la integración social, apreciándose una «erosión de la clase media y un aumento de la exclusión severa». La exclusión analizada en el informe va «más allá de la falta de ingresos» e incluye dificultades para acceder a vivienda, empleo, salud, educación y participación social.
La vivienda, «epicentro de la exclusión»
El informe destaca que la vivienda se ha consolidado como «el epicentro de la desigualdad y la exclusión», afectando al 23% de la población madrileña. Más de un millón de personas se encuentran en situación de vivienda insegura o inadecuada, ya sea por problemas de hacinamiento, habitabilidad, insalubridad o inestabilidad en la tenencia.
En el aspecto económico, el estudio revela que más de la mitad de los hogares en régimen de alquiler deben destinar más del 30% de su presupuesto mensual a cubrir los gastos de vivienda. Esta presión es un factor clave de vulnerabilidad: uno de cada seis hogares (cerca de 390.000) cae por debajo del umbral de la pobreza severa una vez cubiertos los gastos básicos.
Precariedad laboral y desigualdad en salud
A pesar de que Madrid es la comunidad donde más ha crecido el empleo desde 2018 y la tasa de paro se ha reducido al 9%, el informe indica que el empleo ya no garantiza la inclusión social. Esto se debe al «estancamiento de los salarios en términos reales, el precio de la vivienda y la precariedad laboral», que afectan al 11% de los hogares madrileños con problemas de exclusión en el empleo.
En el ámbito de la salud, aunque ha habido mejoras desde 2021, los datos reflejan una «desigualdad en el acceso a la salud» en ciertos tratamientos. Por ejemplo, el 6% de la población no puede costearse una terapia psicológica, uno de cada cinco madrileños no puede hacer frente a tratamientos odontológicos y el 13% tiene dificultades para afrontar el gasto de medicinas o tratamientos. Asimismo, el porcentaje de personas que combinan un seguro privado con la sanidad pública se ha disparado del 2% al 15% desde 2018.
Infancia, migrantes y hogares monoparentales, los más vulnerables
El estudio de FOESSA identifica tres colectivos con tasas de exclusión muy superiores a la media regional:
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Infancia: El 27% de los menores de 18 años están en exclusión, una cifra que triplica la de los mayores de 65 años. El informe apunta a que «la pobreza se hereda» y el código postal de nacimiento tiene una fuerte relación con el riesgo de exclusión.
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Hogares Monoparentales: Aquellos encabezados por mujeres (el 85% del total) tienen una tasa de exclusión del 39,9%, diez puntos por encima de la media regional.
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Personas Migrantes: La tasa de exclusión alcanza el 45%, triplicando la de la población española, un dato «relevante» dado que a corto plazo se espera que una de cada tres personas tendrá su origen fuera de España.
Cobertura de ingresos y llamamiento a la acción
Cáritas señala que el sistema de garantía de ingresos «no está a la altura de las necesidades». El Ingreso Mínimo Vital (IMV) solo llega al 42% de las personas en pobreza severa en Madrid, mientras que la cobertura de la Renta Mínima de Inserción (RMI) de la Comunidad de Madrid ha caído drásticamente del 0,97% de la población en 2018 al 0,02% en 2024.
La organización concluye que los datos revelan una sociedad con «grandes desigualdades» y un «problema estructural». Cáritas Comunidad de Madrid hace un llamamiento a la movilización de la sociedad y las administraciones para abordar las causas profundas de la exclusión social, garantizando la igualdad de oportunidades para la infancia, impulsando políticas para «garantizar el derecho a la vivienda» y reforzando la «acogida e integración de las personas migrantes». Además, proponen un cambio de paradigma: pasar de una sociedad centrada en el crecimiento y el consumo a una basada en «el bien común, la inclusión, el cuidado y la justicia social y ecológica».
