El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid ha dictado decreto por el que se admite a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Plataforma Ecologista Madrileña, a través de la asociación Liberum Natura. El recurso fue presentado el 23 de junio y se dirige contra la licencia otorgada por el Ayuntamiento para la construcción del circuito de Fórmula 1 y sus instalaciones complementarias.
«Las obras, que comenzaron en abril, ya han provocado la destrucción de los humedales existentes en la parcela norte, próxima a Valdebebas», subrayan los demandantes. Antes de este recurso, la Plataforma ya había impugnado el Plan Especial que modifica la ordenación del recinto ferial de IFEMA. Ese primer recurso fue presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y admitido a trámite el pasado 27 de mayo. Paralelamente a la admisión a trámite, el Juzgado ha requerido al Ayuntamiento que aporte el expediente administrativo completo vinculado a la concesión de la licencia recurrida.
Según denuncia la Plataforma Ecologista Madrileña, el proceso para autorizar la construcción del circuito ha sido «complejo, fragmentado y poco transparente». Se han aprobado dos tramitaciones urbanísticas distintas pero simultáneas. Por un lado, fue necesario reordenar el espacio interno y externo del recinto ferial —la llamada parcela sur de IFEMA— y modificar condiciones urbanísticas clave para hacer posible las nuevas construcciones previstas: autorización de uso deportivo, eliminación de arbolado, aumento de la edificabilidad y ampliación de pabellones existentes.
Estas modificaciones se articularon a través del Plan Especial para la definición de redes del Área de Planeamiento Específico 21.10, correspondiente al recinto del parque ferial y su entorno. Aunque dicho plan está intrínsecamente ligado al circuito, «fue tramitado de forma independiente, lo que motivó su impugnación separada por parte de la Plataforma».
En paralelo, se ha tramitado el proyecto del circuito propiamente dicho, que afecta tanto a la parcela sur de IFEMA como a la parcela norte (prevista para la futura ampliación del recinto ferial desde 2021) y al viario público. En conjunto, el circuito atraviesa ámbitos urbanísticos distintos, con normativas y condiciones específicas, lo que genera un escenario legal muy complejo. Un auténtico puzle de difícil encaje jurídico y urbanístico.
Licencias por partes y carácter temporal
Para resolver esta fragmentación, el promotor del proyecto, IFEMA, presentó un programa de licencias por partes autónomas. Este sistema, posible gracias a la modificación legislativa incluida en la Ley Ómnibus de la Comunidad de Madrid en 2022, permite que el Ayuntamiento autorice diferentes fases del proyecto de forma separada, sin necesidad de aprobar el conjunto desde el principio.
La licencia recurrida es la correspondiente a la primera parte autónoma del proyecto. Esta autoriza la construcción de la pista del circuito sobre ambas parcelas y viales públicos, así como las obras de urbanización necesarias para su funcionamiento.
A esta complejidad se añade el carácter temporal del circuito, que, según lo previsto, deberá desmantelarse dentro de 10 años. Para cubrir esta condición, el Ayuntamiento ha concedido una licencia temporal de actividad, similar a las que se otorgan para la instalación de carpas durante fiestas de barrio.
En total, el circuito cuenta con un presupuesto de 142.302.881 euros, a los que hay que sumar los 47.551.864 euros del plan especial, lo que eleva el coste global de la operación a 189.854.745 euros. La licencia definitiva no se concederá hasta pocos meses antes de la celebración del Gran Premio de Fórmula 1, previsto para el 26 de septiembre de 2026.
«Opacidad y falta de evaluación integral»
Para la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura, la tramitación del circuito de Fórmula 1 «refleja una grave falta de rigor urbanístico y ambiental». Lamentan que un proyecto de esta envergadura «se esté ejecutando mediante licencias fragmentadas y provisionales, sin una evaluación integral del impacto ni una garantía real de reversibilidad».
La Plataforma Ecologista Madrileña que forma parte de la Plataforma Stop F1 Madrid, «reitera su compromiso con la defensa del territorio, el interés general y los derechos vecinales, y confirma que continuará empleando todas las vías legales disponibles para frenar lo que considera una amenaza ecológica, urbanística y social para la ciudad de Madrid».
