La plataforma ‘UC3M x la Pública’ ha organizado para esta tarde de jueves, 24 de abril, un encierro en el edificio 14 del campus de Getafe, Facultad de Humanidades, de la Universidad Carlos III de Madrid con el objetivo de denunciar «las condiciones específicas en las que se encuentra este centro» y la «infrafinanciación extrema» que afrontan las universidades madrileñas con el borrador del anteproyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), y la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
En un comunicado remitido a GACETÍN MADRID, se señala que el encierro dará comienzo a las 7 de la tarde, y se denuncia que las universidades públicas de la Comunidad de Madrid «arrastran una infrafinanciación estructural que ha supuesto un recorte efectivo del 34,9% desde el 2009». «Desde hace más de una década padecemos estancamiento salarial, reposición cero del personal, aumento de la temporalidad, recortes en becas, privatización de espacios y subida de tasas (el 75% en 2012) y hasta tres intentos de puesta en marcha de una ley de universidades», inciden.
«En estos años, una leve recuperación a raíz del pago de las sentencias nos hizo vivir un falso alivio seguramente alimentado también por las negociaciones fallidas que los diferentes rectores llevaron a cabo con la CAM. Todo ello, como hemos podido ver estos días, no ha servido más que para sobrevivir y postergar los problemas. Es el momento de afrontarlos y plantar cara», subrayan.
Para los convocantes, la Comunidad de Madrid «vuelve a arremeter, esta vez con más fuerza, contra la Universidad Pública con dos nuevas iniciativas que agravan esta situación: el borrador del anteproyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, y la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. A todo esto se suma el acuerdo de Ayuso con las burocracias sindicales de CSIF, CSIT, UGT y Servicios a la Ciudadanía de CCOO para garantizar una oposición controlada y limitar el derecho a huelga recogido en el Convenio colectivo de 2025-2028 para el Personal Laboral de la Administración de la Comunidad de Madrid».
«Hasta la fecha, la respuesta por parte de los rectores ha sido una carta en la que, además de obviar el anteproyecto de ley que continúa la represión del movimiento estudiantil, únicamente solicitaban una inyección de fondos públicos, aceptando implícitamente el modelo que subyace a este ataque: el de una universidad capitalista, en el que se antepone la rentabilidad y las demandas del mercado al aprendizaje y en que la disidencia no tiene cabida», añaden.
Estas medidas son «un ataque directo y sin precedentes» que se resume en:
1. Infrafinanciación extrema: La CAM propone un aumento irrisorio del 4% en el presupuesto de 2025, muy por debajo del 5,84% de 2024 y completamente insuficiente frente a la inflación acumulada (con una subida de casi el 35% desde 2009). Esto supone un retroceso presupuestario en términos reales debido al IPC. y contrasta flagrantemente con los 200 millones que los Rectorados madrileños consideran el mínimo necesario para sostener las universidades públicas. Esta cantidad no llega al 1% del PIB regional establecido por la ley y no da para cubrir las necesidades de las universidades públicas madrileñas. En cambio, se presenta como un parche temporal mientras los rectores se adaptan, como ya vienen haciendo, con entusiasmo al modelo de progresiva privatización de nuestras universidades, permitiendo la entrada del sector privado y buscando esa «autofinanciación» de la que habla el anteproyecto de ley. Mientras tanto, los costes salariales, energéticos y derivados del cumplimiento de la LOSU asfixian a las universidades públicas. Madrid es la comunidad autónoma que peor financia a sus universidades públicas, mientras impone uno de los precios más altos del país a las familias. Esto también nos afecta a las trabajadoras: falta de financiación para renovar material de laboratorios docentes, tasa de renovación del 50%, grupos de matrícula sobredimensionados, sobrecarga de tareas docentes y administrativas, etc».
2. Injerencia de entidades privadas en las universidades: Si la infrafinanciación ya es un problema en las universidades públicas, se pretende alcanzar un 30% de financiación privada para las mismas. La creciente presencia de fondos privados en la universidad pública genera una peligrosa influencia de las empresas en la educación.
3. Financiación por objetivos: El anteproyecto de la ley de enseñanzas superiores, universidades y ciencia de la CAM establece la obligatoriedad de incorporar un sistema de financiación por objetivos. Estos objetivos, que se establecen en materia de innovación, investigación o apertura internacional ahogan aún más a la universidad pública en las dinámicas capitalistas de la búsqueda del máximo beneficio. Así, los grados que presenten una menor rentabilidad económica se verán recortados o incluso eliminados, siendo las enseñanzas de humanidades las más vulnerables.
4. Despidos y empeoramiento de las condiciones laborales: Esta decisión, sumada a las restricciones en la tasa de reposición, deja a las universidades sin capacidad para cubrir sus planes docentes, afectando gravemente la calidad de la enseñanza: a través de la infrafinanciación se dificulta la incorporación de más personal docente e investigador (PDI) y de administración y servicios (PAS), lo cual impacta directamente en la calidad de la educación que se ofrece al estudiantado. El uso fraudulento de la figura del profesor asociado para configurar equipos docentes a bajo precio, que supone una clara discriminación salarial, ha alcanzado niveles extremos. En la UC3M, el peso de esta figura contractual a tiempo parcial supone el 46% del PDI, cuando la LOSU marca un máximo del 8%. Aunque el artículo 79 de la LOSU reduce de un 40% a un 8% la proporción de profesores asociados en la plantilla, la universidad puede rebasar este límite impunemente y la ley no da salida a estos profesores asociados. Al no estipular figuras alternativas para su contratación, la ley no acaba con la precariedad, sino con los precarios. Paralelamente, muchas de las peores consecuencias de la falta de presupuesto también han recaído en el personal administrativo, quien ha tenido que enfrentarse a digitalizaciones a coste 0 y acucia desde hace años de una falta notoria de personal que está llevando a recurrir a subcontratas de manera opaca.
5. Deterioro de las infraestructuras y servicios: La infrafinanciación también impide mejorar y mantener las infraestructuras básicas, degradando el entorno donde estudiantes, docentes y personal administrativo conviven y trabajan.
6. Fomento de universidades privadas: Mientras asfixia a las universidades públicas, el Gobierno de la CAM incentiva la expansión y consolidación de universidades privadas, en claro detrimento del acceso universal a la educación superior. Este impulso a la privada se traduce en cesiones de suelo público, disminución de las becas para estudiar en la pública, proliferación de mecenazgos y patrocinios, etc.
7. Represión de la protesta: El borrador de la nueva ley propone un régimen sancionador que busca sofocar las movilizaciones y limitar el derecho a la protesta en los campus universitarios, en la línea marcada también por el Gobierno estatal desde la LCU. Este ataque se lleva a cabo ignorando las demandas de sindicatos, estudiantes, personal docente y de servicios. Todo ello con la connivencia de los Rectorados, como es ejemplo notorio el de la UC3M Esto demuestra que, a pesar del aparente compromiso de los rectores con la universidad pública, sus intereses son irreconciliablemente opuestos a los del estudiantado y trabajadores.
Frente a esto, exigimos y demandamos a la Comunidad de Madrid y al Gobierno Central, así como a las autoridades académicas:
i. El aumento del presupuesto de la CAM destinado a la universidad pública, hasta alcanzar una cantidad que garantice una universidad pública, gratuita y de calidad, capaz de hacer frente a la creciente demanda de plazas sin elevar las notas de corte a niveles prohibitivos (actualmente el presupuesto destinado es solo el 0,4%, por debajo incluso, del 1% marcado por ley). La CAM debe financiar al 100% las universidades públicas para no ahondar aún más en la infrafinanciación y la aguda crisis que viven, sufriendo especialmente sus consecuencias el conjunto de los trabajadores de las universidades. En el borrador del anteproyecto de Ley hecho público se reduce la financiación a un 70% exigiendo la autofinanciación del resto por parte de las universidades públicas. Esta medida es letal para la sostenibilidad del sistema universitario de la Comunidad de Madrid.
ii. La garantía del derecho a huelga tanto del personal docente e investigador como de administración y servicios, así como el derecho a la huelga estudiantil. El anteproyecto de ley habla de incluir varios tipos de sanciones en el contexto del «combate frente a la ocupación de lugares públicos y el vandalismo». Entendemos que lo que pretende es avanzar aún más en la represión del movimiento estudiantil. Exigimos el fin de los intentos de represión.
iii. Que la elaboración de este proyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia cuente con la comunidad universitaria y no se pretenda legislar a sus espaldas. Es imprescindible constituir una mesa de trabajo y negociación con todos los actores implicados en dicha comunidad.
iv. Medidas efectivas contra la brecha de género en nuestra universidad. La división sexual del trabajo presente en nuestra sociedad repercute en todos los aspectos de la sociedad y, por supuesto, también en la universidad. Esta división se puede apreciar en el acceso a las diferentes ramas de la educación superior: en ingeniería y arquitectura, solo el 25% de las estudiantes son mujeres frente al 71% en otras ramas como ciencias de la salud, vinculadas a los cuidados. En este aspecto la universidad se convierte en reproductora de esta desigualdad y por tanto favorece su continuidad en nuestra sociedad. En cuanto al profesorado y al PAS, se trata de un sector feminizado donde la precariedad golpea con más fuerza a las mujeres. Exigimos que nuestras universidades se conviertan en espacios seguros y libres de toda disciminación para sus estudiantes y trabajadoras.
v. La eliminación de la concepción de las universidades privadas como «prestadoras del servicio público de educación superior» que abre la puerta a los conciertos con las universidades privadas. De la misma forma exigimos el fin de las subcontratas y que sus trabajadores pasen a ser trabajadores públicos de la universidad. No podemos estar de acuerdo con que se deriven a la gestión privada las obligaciones relativas a la educación pública superior.
vi. Un abordaje integral de la problemática del sistema madrileño de universidades públicas. Esto implica medidas urgentes como la formulación de un plan integral de inversiones en infraestructuras y recursos materiales; la superación de la tasa de reposición y la recuperación de las plantillas de toda índole, así como la mejora de las ratios entre PTGAS y PDI; acabar con la precariedad y el abuso de figuras determinadas de contratación docente e investigadora; la necesidad de estabilización y promoción de las plantillas; la mejora del diseño y coordinación de mapa de titulaciones; la potenciación y desarrollo equilibrado de la docencia y la investigación; y la responsabilidad social de la universidad pública. Exigimos también la derogación de la LCU y las disposiciones represivas de la LOSU. El aumento de la represión con el que amenaza el proyecto de ley de la CAM y que se enmarca cómodamente en las dos leyes del gobierno central anteriormente mencionadas es, entre otras cosas, una respuesta a la importante movilización por Palestina del curso pasado. Aprovechamos para recordar el intento de represión de nuestra universidad el año pasado con el protocolo de asociaciones y reafirmamos la importancia de defender y reforzar el movimiento estudiantil y la lucha sindical frente a los intentos de represión por parte de nuestras instituciones.
vii. La implementación de un sistema de becas y ayudas socialmente justo. El actual no garantiza el derecho a una educación pública universitaria de calidad debido a las altas tasas universitarias y precios públicos. La reducción de tasas incluida en la LOSU no se aplica de forma urgente. Por ello, exigimos medidas efectivas e inmediatas para frenar la expulsión de la clase trabajadora de la universidad. Exigimos que el coste de las tasas y matrículas sea asumido por la CAM y que se favorezca la conciliación laboral del estudiantado, acabando con los horarios partidos y haciendo que la evaluación continua sea opcional y en caso de realizarse sea una verdadera evaluación continua y no simplemente una mayor carga de trabajo.
Instamos a promover todas las acciones posibles frente al ilegítimo e ilegal proceso de asfixia económica del servicio público universitario al que la sociedad madrileña tiene derecho. Entendemos necesario para ello un movimiento de estudiantes y trabajadores construido desde abajo, independiente de la burocracia institucional.
