24 abril, 2025

El Tribunal Supremo ha rechazado reconocer el derecho de compra de las viviendas construidas con protección pública, vendidas en octubre del 2013 por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), cuando Ana Botella (PP) era alcaldesa de la capital, al fondo de inversión Fidere. Se vendieron un total de 1.860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, pertenecientes a 18 promociones de viviendas públicas de Madrid.

En una sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso GACETÍN MADRID, se ha estimado el recurso del fondo de inversión Fidere contra la resolución que reconoció el derecho de retracto de las viviendas de las que eran arrendatarios los demandantes y desestima su pretensión. La sentencia explica que la LAU de 1994 introdujo un cambio sustancial en la configuración de los derechos de adquisición preferente, al reducir significativamente los supuestos en que proceden.

En concreto, el art. 25.7 LAU contiene una norma explícitamente más reductora de los derechos de adquisición preferente de los arrendatarios que su antecedente (el art. 47 LAU 1964) y para su aplicación debe constatarse que concurren los supuestos de «venta conjunta» previstos en él, es decir, que: (i) el objeto de la venta comprenda todas las fincas o unidades inmobiliarias de las que el transmitente es propietario en el edificio; o (ii) se vendan conjuntamente todos los pisos y locales del inmueble aunque se trate de distintos propietarios. Puesto que estos son los únicos supuestos en los que procedería la exclusión de los derechos de adquisición preferente (tanteo y retracto).

En este caso, la compraventa objeto de litigio, aunque es posible que no incluyera todos los elementos (viviendas y locales) del edificio donde se encuentran los pisos arrendados a los demandantes (porque, al parecer, no todos pertenecían a la vendedora), sí comprendía todas las unidades de las que la Empresa Municipal de Viviendas era titular en cada edificio al tiempo de la transmisión y que formaban parte de las distintas promociones objeto de la compraventa. Y en lo que afecta al caso, comprendía todas las viviendas de las que la vendedora era propietaria en ese concreto edificio.

A su vez, que esa venta se hiciera junto contra otras pertenecientes a otros edificios no empece la aplicabilidad del art. 27.5 LAU, dado que uno de los supuestos de hecho de aplicación de ese artículo es que el objeto de la venta comprenda todas las fincas o unidades inmobiliarias de las que el arrendador era propietario en el edificio donde se ubican los pisos o locales arrendados.

«Que esa venta forme parte de otra operación más amplia (múltiples promociones inmobiliarias o edificios) es indiferente a estos efectos, al no impedirlo la Ley», subrayan los magistrados. En estos casos, la imposibilidad de ejercitar el derecho de retracto por el arrendatario se justifica en que la venta se realiza sobre un objeto distinto -una de las unidades mayores previstas en la Ley (la totalidad del edificio o la totalidad de los elementos de los que es propietario el arrendador)- que aquel sobre el que recae el arrendamiento, puesto que la ley solo permite readquirir al retrayente el objeto propio del arrendamiento objeto de la venta que sea una unidad independiente, y eso es lo que aquí sucede.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy el nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que implica una inversión histórica en esta prestación al alcanzar los 677 millones de euros. Tal como ha informado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, se trata de una cifra récord, pues dobla el presupuesto del contrato actual (supone un 51,5 % más) y eleva al SAD como el servicio de mayor importe anual del Consistorio.

Así, gracias a un esfuerzo económico sin precedentes del Consistorio madrileño y de la Comunidad de Madrid, los usuarios de este recurso recibirán más horas de este acompañamiento profesional que favorece que personas mayores, con discapacidad o con dependencia reconocida puedan seguir residiendo en sus hogares el mayor tiempo posible. De hecho, según la encuesta de satisfacción de 2024, el 89 % de los usuarios afirmaron que cumple este objetivo.

El contrato del SAD autorizado hoy aplicará el nuevo convenio colectivo del sector acordado por sindicatos y patronal en 2024, que contempla la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. Además, el nuevo pliego también recoge el incremento de las intensidades de atención fijadas por real decreto. En consecuencia, se prevén 16,2 millones de horas anuales de atención, un 19 % más que el contrato en vigor. Para dar cobertura a este mayor volumen de horas de asistencia, el Consistorio madrileño reforzará significativamente el personal del servicio, pasando de 9.051 profesionales a 12.087 (un aumento del 33 %).

Dicha plantilla estará compuesta de forma mayoritaria por auxiliares del servicio a domicilio, pero también por psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, podólogos, peluqueros y responsables de coordinación. El nuevo contrato se divide en cuatro lotes, frente a los tres del vigente, con el objetivo de reducir los desplazamientos del personal entre los diferentes domicilios y de fomentar su estabilidad, así como de mejorar la atención que se proporciona a los usuarios. La distribución de esos lotes por distritos es la siguiente:

• Lote 1: Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Vicálvaro, Moratalaz y San Blas-Canillejas.
• Lote 2: Latina, Moncloa-Aravaca, Chamberí, Centro, Salamanca y Retiro.
• Lote 3: Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Tetuán, Hortaleza, Chamartín y Barajas.
• Lote 4: Carabanchel, Usera, Villaverde y Arganzuela.

El convenio entre Ayuntamiento y Comunidad garantiza el servicio

El nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio comenzará a ejecutarse en el último trimestre de 2025 y tendrá una vigencia de dos años, con posibilidad de prórroga de 12 meses adicionales. Su aprobación ha sido posible gracias al trabajo conjunto y leal del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que han alcanzado un acuerdo que implica aumentar significativamente las aportaciones de ambas administraciones para suplir la infrafinanciación del Estado en la competencia que le corresponde de sufragar la atención a personas dependientes.

Precisamente, el convenio entre los gobiernos regional y municipal se circunscribe a la financiación del SAD para este perfil concreto de usuarios: personas en situación de dependencia reconocida. Las dos administraciones madrileñas destinarán conjuntamente un total de 228 millones de euros al año a su atención. Los detalles del acuerdo se darán a conocer próximamente.

Además, el Ayuntamiento financiará íntegramente el SAD del que se benefician los usuarios asistidos a través de la competencia que sí es propia de la Atención Social Primaria (personas con déficit de autonomía personal, pero sin la tramitación oficial de dependencia). Para ello, aportará otros 110 millones de euros anuales. Todo ello suma el coste que tendrá el Servicio de Ayuda a Domicilio en la ciudad por año: 338 millones de euros.

Nuevas prestaciones

El Servicio de Ayuda a Domicilio se dirige a tres perfiles: personas mayores de 65 años con dificultades en su autonomía personal y con necesidad de apoyo para el desarrollo de sus actividades diarias, personas con discapacidad menores de 65 años y personas declaradas dependientes.

Cada usuario recibe una intervención individualizada que tiene como finalidad promover su independencia, evitar su deterioro estimulando sus capacidades, facilitar su participación en la red vecinal y comunitaria o detectar empeoramientos de salud o situaciones de soledad no deseada. En definitiva, mejorar su calidad de vida mientras residen en sus casas.

Para ello, se ofrecen dos tipos de prestaciones. Por un lado, las básicas, que incluyen atención personal (higiene, movilidad dentro del hogar, ayuda en la toma de medicamentos o en la ingesta de alimentos y cuidar a la persona en domicilio) o doméstica (apoyo en la limpieza de la vivienda, compra de alimentos o preparación de comidas). Por otro lado, las prestaciones complementarias en el domicilio, que se conceden previa valoración técnica y que son la psicología, la terapia ocupacional, la fisioterapia, la podología y la peluquería.

Prevención de la soledad no deseada

Como novedad, el nuevo contrato contempla un programa específico para prevenir la soledad no deseada, una de las prioridades del Ayuntamiento de Madrid. Para ello, se reforzarán los mecanismos de detección, se facilitará apoyo psicológico y se promoverá la participación de la persona con este sentimiento en actividades grupales de interacción social. Asimismo, también como aspecto novedoso, se ofrecerá apoyo a las personas del entorno familiar y personal de los usuarios del SAD que ejercen como sus cuidadores. El Ayuntamiento pondrá a su disposición formación presencial y online, terapia psicológica, asesoramiento en sus tareas de cuidados y una comunidad virtual para la interacción con otros cuidadores.

Según la encuesta de satisfacción del año 2024, el 89 % de los usuarios afirma que el Servicio de Ayuda a Domicilio les permite seguir viviendo en sus casas en mejores condiciones, el 82 % asegura que se siente más seguro y el 81 % sostiene que obtiene el apoyo que necesita. Así, la valoración global que conceden a la prestación es una nota media de 8,4 sobre 10.

La Junta de Gobierno ha autorizado el contrato de los servicios de mantenimiento y limpieza de las papeleras instaladas en la ciudad de Madrid, cuyo presupuesto asciende a los 38 millones de euros repartido en cinco anualidades y cuyo inicio está previsto para diciembre de 2025, según ha anunciado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.

Este contrato, tal y como recoge su memoria, es fundamental para la capital al facilitar la colaboración de la ciudadanía en el correcto mantenimiento del estado de limpieza de las calles. En la actualidad, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con más de 91.000 papeleras competencia del Servicio de Limpieza, todas ellas dotadas de cenicero, y más 7.000 de ellas con expendedor de bolsas para la recogida de excrementos caninos.

El contrato, impulsado por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad en el marco del desarrollo de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, engloba varios conceptos. En primer lugar, el servicio de mantenimiento, conservación y limpieza de las papeleras del modelo Cibeles. En estos momentos, hay en torno a 89.000 papeleras de este modelo en las calles de Madrid. Se encuentran ubicadas en los espacios públicos y su capacidad (40, 50, 80 o 120 litros) y ubicación se elige fundamentalmente en función de las características del entorno.

El modelo de papeleras Cibeles es propiedad en exclusiva del Ayuntamiento de Madrid por un plazo de 25 años, a contar desde febrero de 2009. Cuenta con dos variedades: grises, para las ubicadas en vías y espacios públicos, y verdes para las instaladas en parques y jardines. El modelo de 60 litros puede llevar incorporado un expendedor de bolsas biodegradables para la recogida de los excrementos caninos.

Como novedad, el segundo servicio incluido en el contrato es el mantenimiento, conservación y limpieza del nuevo modelo de papeleras de zonas verdes de gran capacidad. El diseño de esta papelera será realizado por el adjudicatario del contrato a partir de los requisitos marcados por el Ayuntamiento de Madrid: será un modelo exclusivo para la capital, con una capacidad mínima de 1.200 litros, con una boca de al menos 25 centímetros y un diseño que evite la acumulación de agua por lluvia y permita que tanto su vaciado como su limpieza se ejecute de manera sencilla y rápida. Deberán contar con cenicero, con la posibilidad de instalar un expendedor de bolsas y dispositivos táctiles de identificación para invidentes.

Se instalarán un mínimo de 1.000 unidades de estas papeleras y el proceso comenzará en tres meses desde la obtención de la homologación. Se colocarán de forma prioritaria en las entradas a parques, zonas de concentración de personas como auditorios, puntos habituales de consumo de comidas y bebidas y en las proximidades de áreas infantiles, deportivas, de mayores y caninas.

Compactadoras solares: dispositivo antivandalismo y sensores de llenado

El adjudicatario de este contrato también deberá asumir la instalación, mantenimiento, limpieza y conservación de 1.300 papeleras compactadoras solares. Se ubicarán preferentemente en zonas amplias y de alta afluencia de personas como salidas de centros comerciales o de metro. Deberán tener una capacidad mínima de 120 litros y una altura máxima de 1,400 metros para garantizar que el tráfico y los peatones tengan una visibilidad clara de las calles. Será obligatorio que estén dotadas de un sistema de compactación integrado alimentado por energía solar capaz de operar de forma totalmente autónoma. Dotadas con cenicero, dispositivo antivandalismo y pedal con sistema de apertura controlada, estas papeleras suministrarán, a través de sensores, información en remoto sobre posibles incidencias y su nivel de llenado.

El contrato autorizado hoy en Junta de Gobierno también incluye la reposición de aquellas papeleras que queden fuera de uso y no puedan ser reparadas, el servicio de reposición de bolsas en las papeleras con dispensador y la gestión, así como el mantenimiento y conservación (incluyendo la instalación y su posterior retirada) de 830 aros con bolsa para suplementar la capacidad de recogida de las papeleras que se encuentran en las zonas de celebración de eventos. Estos últimos se utilizan con motivo de eventos de especial relevancia (se celebran en 134 días al año de media) y son aros circulares que pueden acoplarse a las farolas de forma que quedan sujetos a ellas durante el transcurso del acto para el que han sido instalados a modo de papelera y, posteriormente, sean retirados.