El pasado día 24 de febrero, en el plazo legal habilitado para ello, los servicios jurídicos de Escuelas Católicas de Madrid (ECM) han interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid el correspondiente recurso contencioso-administrativo contra la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Madrid, reguladora del servicio de gestión de residuos urbanos
Esta Ordenanza, que el Ayuntamiento ha reelaborado tras la publicación de la Ley Estatal de 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, «suprime todas las herramientas hasta ahora vigentes, que permitían acomodar el importe de la tasa a la realidad social, económica y educativa de estos centros educativos».
Las distintas conversaciones mantenidas con el Ayuntamiento de Madrid y con otros municipios «no han dado resultado alguno, ya que, según fuentes municipales, la ley estatal de 2022 les obliga a eliminar esos beneficios fiscales para las entidades sin ánimo de lucro». La discrepancia sobre este particular es lo que ha llevado a ECM a interponer este recurso contra el Ayuntamiento de Madrid, y a preparar los correspondientes recursos contenciosos contra el resto de los municipios «que sigan el mismo camino, es decir, la supresión de medidas fiscales compensatorias (reducciones, bonificaciones, otros sistemas de cálculo que no sean la superficie de los centros, etc.)».
En este contexto, cabe destacar que los Ayuntamientos de Leganés, Parla y Rivas no han establecido la correspondiente tasa, «por lo que entendemos que es posible una alternativa que haga posible la viabilidad económica de los centros».
