Más de 20 colectivos de base y sindicatos de trabajadoras, alumnos y familias se dan cita este domingo, 23 de febrero, en Atocha en una «movilización masiva» que busca unir a toda la comunidad educativa en defensa de la educación pública».
“Somos maestras, orientadoras, profesoras, educadoras infantiles, personal de administración, investigadoras, estudiantes, madres y padres. Somos miles unidas para salvar la Educación Pública de los ataques del Gobierno de la Comunidad de Madrid” reza el manifiesto que apoyan los movimientos de profesores y estudiantes por la pública de las universidades UCM, UAM UC3M y UAH, la plataforma ‘FP sin prácticas’, los sindicatos CGT y CNT Enseñanza y STEM, colectivos de alumnado como Sindicato de Estudiantes o Abrir Brecha, diferentes asociaciones de familias y la asamblea de docentes Menos Lectivas, entre otros.
Todos ellos llaman a organizarse “en cada colegio, en cada escuela infantil, cada facultad y cada instituto para preparar una gran huelga en la que familias, estudiantes, personal laboral y docentes paralicemos los centros educativos”. “Luchamos porque la educación pública sea accesible, gratuita y de calidad para toda la población, conscientes de que es un servicio público esencial como la Sanidad o la Vivienda que el ejecutivo regional lleva años atacando”.
No obstante, en el texto también señalan al Gobierno Central “cómplice de que la educación pública se mercantilice”. “Es responsable de que se ceda espacio y recursos a centros privados y concertados, de que se precarice a las trabajadoras de la educación y de que se criminalice toda protesta”.
Defensa de la educación pública desde los 0-3 años hasta la universidad
Desde 0 a 3 años hasta llegar a la universidad, todos los niveles educativos se han unido a la movilización empezando por las escuelas infantiles. “Nos unimos a la manifestación porque estamos hartas de que las empresas y las administraciones públicas conviertan esta etapa en un negocio. Queremos que unifiquen los modelos de gestión para que todas las criaturas tengan igualdad de oportunidades y sus trabajadoras tengan las mismas condiciones laborales; condiciones que deben ser acordes a la responsabilidad que implica educar y gestionar a veinte criaturas y que no casan con el salario mínimo interprofesional” afirma Rosa, de Escuelas Infantiles Play.
Menos lectivas, uno de los colectivos promotores de la manifestación, ha insistido en sus principales demandas, como la reducción de horas lectivas y las ratios, la dotación de profesionales de apoyo suficientes y el mantenimiento adecuado de las instalaciones de los centros. “No cabemos en clase, no llegamos a enseñar con calidad. Tenemos una orientadora por centro, pero se nos recargan las horas con burocracia para que parezca que nos encargamos de la diversidad” asegura Almudena, profesora de Secundaria. “Estamos por encima de los veinticinco niños en Primaria y estamos exhaustas. Nos faltan materiales, orientadoras, profesoras de Pedagogía Terapéutica y por ello no vamos a permitir que esto siga así” sentencia Sandra, educadora de Primaria.
A la situación de los institutos se une la de la FP. A la falta de plazas en la pública y la infrafinanciación, se une la dificultad para encontrar prácticas de cientos de alumnos. “No solo es que las privadas tengan más facilidades para firmar convenios, sino que en la pública estamos absorbidos por la burocracia. En mi centro, con seis cursos de FP y unos 180 alumnos por cada uno, cada profesor debe rellenar 1.100 documentos para comunicar si un alumno es apto para realizar sus prácticas” afirma Mario, profesor de FP.
La comunidad educativa de las universidades también se suma a la convocatoria tras la aprobación el pasado diciembre de la nueva ley de Ayuso que implica el aumento de las tasas y una mayor segregación, entre otras medidas. “Los presupuestos aprobados suponen un recorte del 34% afectando a docentes, investigadores y alumnado. Todo esto responde a una estrategia de privatización que es la que nos une al resto de la comunidad educativa en esta manifestación. Ya existen catorce universidades privadas en la Comunidad frente a las seis públicas infrafinanciadas” comenta Juan, profesor de la UNED.
Los recientes procesos de estabilización para personal laboral también están provocando muchas reacciones entre los no docentes. “Tras años de abuso en la temporalidad del personal laboral, la Comunidad de Madrid ha maquillado las cifras vendiendo como una estabilización un ERE encubierto. Los nuevos contratos tras haber aprobado una oposición son fijos discontinuos e incluso hay cientos de compañeras a las que se les ofrece trabajar a menos del 50% de la jornada llegando incluso hasta el 19%”, afirma Laura, Personal de Apoyo y Servicios.
Olga, técnica de Integración Social y representante del colectivo TSIS en lucha, relata por su parte que sus reivindicaciones benefician al alumnado más vulnerable de necesidades educativas especiales: “queremos una inclusión real en los centros y esto pasa por el reconocimiento de nuestro perfil y una regulación de nuestras funciones”.
“Los técnicos especialistas III, las fisioterapeutas, las enfermeras, las educadoras infantiles, las integradoras sociales y las auxiliares de control acudiremos a la movilización porque nuestro salario no se adapta a las situaciones de exigencia que vivimos, con gran carga física y peligrosidad, y porque nuestras bajas no se cubren” añade Manu, técnico de educación especial.
Las Asociaciones de Familias por su parte van a participar en un contexto de «creciente preocupación por la situación de la educación pública. La falta de instalaciones en los centros, calefacción, y de profesionales (docentes, técnicos de apoyo, integradores, etc) se traduce en una atención al alumnado cada vez más insuficiente».
«Los intentos de la Consejería de dividir a familias y docentes con propuestas como la de crear CEIPSOs con 1º y 2º ESO están siendo respondidas en algunos centros con votaciones en contra y familias cuestionando la aplicación del modelo, como es el caso del CEIP Federico García Lorca», inciden. Esta misma semana, la Consejería «ha reculado y ha aceptado permitir matricular al alumnado de los futuros CEIPSOs en los institutos adscritos como hasta ahora, tras protestas de las familias por dejar a sus hijos e hijas en desventaja a la hora de matricularse en los institutos».
Esta manifestación «unitaria de toda la comunidad educativa» busca apelar a la sociedad en su conjunto para «defender algo tan esencial como una educación pública bien financiada y que dé cabida a todo el mundo».
