El Grupo Parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados, en el que se encuentra integrado Más Madrid / Más País, ha registrado una Proposición No de Ley para «blindar» el suelo público de la Operación Campamento y evitar el «despilfarro de recursos» de carácter público.
Esta es la PNL íntegra:
El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados la presente Proposición no de Ley para la creación de un parque público de vivienda de alquiler social permanente en la Operación Campamento para su debate y aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El acceso a la vivienda constituye uno de los asuntos que más preocupan a la ciudadanía madrileña. La reciente manifestación por el derecho a la vivienda del pasado 13 de octubre ha evidenciado la urgencia de acometer un giro profundo en la política de vivienda de nuestro país, lo que requiere las reformas normativas necesarias y un respaldo de los Presupuestos Generales del Estado que priorice la vivienda como un bien de interés social.
En Madrid, la Operación Campamento representa un ambicioso plan urbanístico orientado a transformar una extensa superficie de suelo público, de aproximadamente de 211 hectáreas, en el suroeste de la ciudad. Estos terrenos han pertenecido históricamente al Ministerio de Defensa y fueron utilizados durante mucho tiempo como instalaciones militares.
La mencionada Operación Campamento tiene como objetivo la creación de un amplio desarrollo residencial y comercial, que contempla la construcción de alrededor de 10.700 viviendas. De acuerdo con el planeamiento urbanístico, aproximadamente el 60% de estas vivienda será de protección pública mientras que el 40% restante estará destinado al mercado.
Sin embargo, es importante señalar que las viviendas con algún tipo de protección estarán sujetas al módulo de vivienda protegida de la Comunidad de Madrid, el cual presenta dos características preocupantes: en primer lugar, después de 15 años, estas viviendas se privatizarán y pasarán al mercado; en segundo lugar, los precios de las viviendas protegidas resultan claramente inasequibles. La subida de hasta un 56% de los precios protegidos por el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha situado el precio de alquiler de una VPPL de 90 m² en 1.440€, lo que equivale prácticamente a precio de mercado.
Este proyecto ha requerido treinta años de desarrollo, enfrentando numerosos retrasos y complicaciones burocráticas, así como la necesidad de alcanzar acuerdos entre distintas administraciones, incluido el Gobierno central y el Ayuntamiento de Madrid. Ha sido necesaria una larga espera para poder disponer efectivamente de este suelo, tras diversas propuestas de convenios entre las administraciones. Tras la enajenación de terrenos del INVIED (Ministerio de Defensa) a favor de SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo), esta última entidad posee el 97,7% del aprovechamiento lucrativo y el 93% del suelo.
El modelo urbano propuesto se basa en el Plan Parcial aprobado en 2009, correspondiente al ámbito de ordenación del Área de Planeamiento Remitido 10.02 «Instalaciones militares de Campamento», que fue posteriormente incorporado al Plan General de Ordenación de Madrid. Sin embargo, los elementos fundamentales del desarrollo urbanístico y el modelo urbano establecido en la Operación Campamento no se alinean con una perspectiva ecofeminista y de sostenibilidad ambiental; estos elementos de la estructura urbana no son fácilmente adaptables sin llevar a cabo una modificación del planeamiento, lo que podría demorar considerablemente los objetivos temporales planteados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
No obstante, en lo que respecta al suelo residencial, el modelo presentado es susceptible de mejoras. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana tiene la oportunidad de orientar este desarrollo urbanístico hacia un enfoque más social, con el objetivo de convertir esta operación en un barrio de vivienda verdaderamente asequible y en régimen de alquiler de impulso público, inspirado en las mejores prácticas europeas, como las de Viena, consideradas referencia internacional. Es fundamental reconocer y aplicar esta premisa, dado que el actual modelo de vivienda protegida en Madrid no responde a la crisis habitacional actual.
Históricamente, se han invertido grandes cantidades de suelo y recursos en la construcción de viviendas que, en pocos años, se privatizan. Esto ha generado un considerable despilfarro de recursos públicos que ha comprometido el acceso a la vivienda de las generaciones futuras. La política de vivienda debe abandonar el modelo imperante en los últimos 25 años y acercarse a los modelos europeos que nos rodean, que se caracterizan por alquileres estables e indefinidos, un alto porcentaje de vivienda pública y social, y control sobre las diversas formas de especulación inmobiliaria.
Esta es una oportunidad de oro para corregir errores estructurales del pasado en la política de vivienda y crear un parque de vivienda público y asequible permanente que no tenga un carácter meramente residual. Para lograrlo, es imprescindible blindar el suelo público de la Operación Campamento como garantía de futuro.
La propiedad pública del suelo se convierte en clave para alcanzar los siguientes objetivos: que una gran mayoría de las nuevas viviendas construidas sean en régimen de alquiler; establecer que la protección de las viviendas tenga un carácter permanente vinculado a los mecanismos de financiación de los Planes Estatales de Vivienda; garantizar que el precio de las mismas sea realmente asequibles para la mayor parte de la población; y fomentar la promoción de estas viviendas mediante la colaboración con promotores de lucro limitado, cooperativas y empresas públicas de vivienda.
Finalmente, es importante subrayar que este cambio recae completamente en la competencia de SEPES y del Ministerio de Vivienda. Es necesario distinguir entre el cumplimiento de la legislación (estándar urbanístico) y el destino efectivo y precio de venta, alquiler, derecho de superficie, etc., que el propietario (SEPES) se compromete a establecer para sus parcelas. En este sentido, el propietario de suelo tiene la opción de dar un «giro más social» a la operación cuando ponga en carga sus parcelas ya urbanizadas.
En la fase de edificación, el promotor estatal SEPES puede decidir unilateralmente ceder sus parcelas a favor de promotores terceros (públicos, privados de lucro limitado y cooperativas) en régimen de derecho de superficie, en cumplimiento de su obligación de contribuir a la constitución y ampliación de parques públicos de vivienda, tal como se establece en el artículo 23.2 letra a) de la Ley de Vivienda 12/2023, en conexión con el artículo 28 apartado primero letra b) de la misma ley. Esta condición de cesión de la vivienda en derecho de superficie, vía licitación debería establecer precios verdaderamente asequibles de alquiler y una calificación permanente de la vivienda protegida.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR presenta la siguiente:
PROPOSICIÓN NO DE LEY.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar que la entidad pública empresarial de suelo SEPES use los instrumentos a su alcance, tales como la cesión de derechos de superficie o concesiones administrativas, para garantizar la titularidad pública respecto de su propio patrimonio inmobiliario en los convenios que pueda suscribir con otras administraciones públicas y entidades de suelo con destino a la promoción de vivienda encaminada a la formación de parques públicos de vivienda.
2. Garantizar en los pliegos de las licitaciones de los suelos en derecho de superficie o concesión administrativa en la fase de edificación:
a) Que la mayoría de las viviendas sean de alquiler.
b) Que todas las vivienda tengan protección permanente.
c) Que se haga una rebaja considerable del precio de vivienda
protegida para que efectivamente sean sociales y asequibles.
d) Que en ningún caso se enajene suelo público.
e) Que los pliegos de derechos de superficie se hagan en colaboración con promotores de lucro limitado, cooperativas y empresas públicas de vivienda.
