Los obispos diocesanos de la Provincia Eclesiástica de Madrid, que engloba las diócesis de Alcalá de Henares, Getafe y Madrid, han reclamado «a la sociedad de la que formamos parte y a las personas y administraciones que tienen algún tipo de responsabilidad pública» en el ámbito de las migraciones, con el fin de «compartir algunas inquietudes y alentar la buena práctica de la acogida y la hospitalidad».
«Los pueblos y ciudades de nuestras diócesis reciben a muchas personas migradas y solicitantes de asilo que buscan un lugar en el que salir adelante y llevar a cabo los sueños de una vida digna que no pudieron realizar en sus países de origen». Sin embargo, «nos duele mucho constatar que son enormes las trabas y las dificultades con las que bastantes de ellos se encuentran al llegar aquí a la hora de desarrollar su proyecto vital».
1.- Hace unas semanas, los medios de comunicación «nos alertaban sobre lo que estaba pasando en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con bastantes personas solicitantes de asilo«, reflejando un «problema estructural de imprevisión y de desatención». «Desconocemos si se ha desplegado algún plan coordinado de intervención entre las administraciones, tanto para la acogida de los recién llegados como para aquellos que desde hace tiempo tienen en el aeropuerto su lugar de refugio», inciden.
2.- Igualmente «nos preocupa la situación de los que han sido alojados en el Acuartelamiento Primo de Rivera, de Alcalá de Henares, en la operación que hace algunos meses distribuyó a personas migrantes llegadas a las costas canarias por diferentes lugares de la Península. Resulta imprescindible un plan integral y coordinado de atención y acogida. Nos llegan testimonios de personas trasladadas allí de que son privadas de facilidad de movimientos. También de las dificultades por mantener la higiene mínima y el acceso a ropa, especialmente de abrigo. Asimismo, refieren trabas para la solicitud de asilo y otros trámites administrativos».
«Nos informan sobre la existencia de expulsiones del centro sin otra alternativa que la calle. Es preocupante la opacidad de la gestión que están realizando las instituciones implicadas, sin facilitar datos de la situación y sin permitir la ayuda de otras entidades civiles», subrayan.
3.- «Nos preocupa la realidad del reabierto Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche (CIE de Madrid). De hecho, ha sido objeto de múltiples denuncias presentadas ante el Defensor del Pueblo y los jueces de control, sin olvidar que, en este momento, está en curso una investigación por presuntas agresiones denunciadas por una cincuentena de internos», señalan.
4.- Ante el «forzoso limbo jurídico en que se mantiene a las personas desplazadas durante varios años, dificultando su acceso al mercado laboral en plenitud de derechos y deberes, planteamos que se estudie una regularización extraordinaria, como han propuesto múltiples organizaciones tanto civiles como eclesiales».
5.- Como ya se ha dicho en numerosas ocasiones, exponen, «proponemos que se aborden vías de entrada a nuestro país seguras, ágiles y regulares que eviten el sufrimiento y la descohesión social».
6.- «Reiteramos las graves dificultades de las personas migradas para acceder a una primera cita para solicitar la protección internacional o asilo y las complicaciones para renovar las documentaciones: «Sin citas no hay derechos». De esta realidad se aprovechan las mafias y los que explotan su vulnerabilidad», dicen.