La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó ayer por la tarde ampliar la solicitud número 0353/2023, realizada en abril de 2023, y relativa a las talas masivas de arbolado sano en el marco de las obras de ampliación de la línea 11 de Metro.
Así, a dicha petición –presentada por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)- se incorpora ahora la realizada por la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del colegio Perú, en el distrito de Carabanchel, solicitando el amparo de la institución europea para «evitar la vulneración de los derechos de la infancia» en el marco de estas obras responsabilidad de la Comunidad de Madrid. De este modo, representantes de la AFA del colegio Perú tendrán la oportunidad de acudir a Bruselas para exponer el caso ante el Parlamento Europeo y que esta cámara adopte una resolución al respecto.
En la petición presentada por las familias del centro escolar señalan que las obras de ampliación de la línea 11 de Metro, que tienen su principal centro de operaciones, incluido el pozo de ataque de la tuneladora, a 25 metros del colegio, n»o solo atentan contra los derechos de los más de 500 niños y niñas que acuden a este centro y que tienen entre 4 meses y 12 años, sino que contradicen la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño y la Garantía Infantil». “La protección de los menores pasa por cambiar la ubicación del pozo de la tuneladora y por un plan de vigilancia medioambiental para garantizar la seguridad y salud de la infancia”, exponen en su escrito.
Las obras comenzaron el pasado diciembre, con talas masivas de ejemplares en todo el recorrido de la ampliación de la línea, que en la fase actual comprende de plaza Elíptica a Conde de Casal. En el caso del parque de Comillas, colindante al colegio Perú, se han talado 139 árboles y destruido sus 4 hectáreas de superficie verde para realizar la nueva estación de Metro y para la denominada zona de instalaciones auxiliares, es decir, un lugar en las proximidades del pozo de la tuneladora en el que concentrar todo el material necesario en la construcción del túnel.
Desde entonces, las familias denuncian que «no se ha implementado ninguna medida de protección para el centro escolar». «Ni siquiera se respeta la limitación de tráfico de los vehículos de gran tonelaje durante las entradas y salidas del colegio», tal y como puede verse en los vídeos publicados en las redes sociales de la AFA del Perú, denuncias presentadas también en el Ayuntamiento de Madrid.
Estas obras de ampliación de Metro conllevan un elevado impacto en la salud y en el medioambiente del barrio y de la población escolar. Tienen una duración estimada de 40 meses, e implican la extracción de 541.000 metros cúbicos de tierra y escombros a escasos metros del colegio, lo que se estima en un tráiler circulando por sus alrededores cada 10 minutos, una elevada exposición acústica en un colegio que es centro preferente para alumnado con autismo y un preocupante aumento de partículas contaminantes. Hasta la fecha, la Comunidad de Madrid ha rechazado reunirse con las familias.
Ahora, con la admisión de esta petición de la AFA del Perú, el Parlamento Europeo volverá a abordar el asunto de los daños contra el medio ambiente y contra la salud pública por las obras de ampliación de la línea 11. El pasado septiembre, una representación vecinal acudió a Bruselas a exponer el «enorme impacto de las talas masivas en todo el trazado de ampliación de Metro». Esta petición fue abierta por la FRAVM en abril de 2023, representando a las entidades Parque Sí en Chamberí, Ecologistas en Acción Madrid y a las asociaciones vecinales Pasillo Verde Imperial, Parque de Comillas, Avance de Moratalaz y Doña Carlota Numancia.
Denuncia abierta ante el BEI
Las familias del colegio Perú también se han sumado a la denuncia presentada por la FRAVM y la Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial ante el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que financia la ampliación de la línea 11 de Metro con 372 millones de euros. Estas asociaciones reclaman que el estudio de impacto entregado por la Comunidad de Madrid al BEI «no trata con transparencia ni rigor el verdadero efecto social y medioambiental de la obra». Su queja está siendo analizada en la actualidad por el Mecanismo de Reclamaciones de la institución financiera europea.
