La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid ha estimado el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid contra la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 24 que ordenaba la incorporación al servicio de la UCI pediátrica de La Paz del doctor Pedro de la Oliva Senovilla.
Con esta decisión, los magistrados revocan la ejecución de sentencia ordenada por el juzgado de primera instancia al entender que ejecutar provisionalmente la sentencia ¨era susceptible de producir perjuicios irreparables o de imposible reparación, ante la más que probable reanudación del conflicto que provocaría la vuelta del recurrente a la jefatura de la unidad, cuyo funcionamiento podría resentirse¨.
A mayor abundamiento, los jueces concluyen que revocan la ejecución de la sentencia después de que la misma Sala ya se pronunciara sobre el fondo del asunto días atrás, ¨circunstancia sobrevenida que impediría, en cualquier caso, el mantenimiento de dicha ejecución provisional, pues carece ya de objeto la ejecución provisional de una sentencia revocada por esta misma Sala en dicho recurso de apelación¨.
El Defensor del Pueblo abre una investigación
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha iniciado una actuación de oficio ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para conocer las medidas que se hayan podido adoptar para restablecer cuanto antes el funcionamiento normal de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica (UCIP) del Hospital Universitario La Paz.
El Defensor del Pueblo actúa tras conocer la situación de la UCI Pediátrica del Hospital La Paz y lo manifestado por los jefes de servicio y de sección de ese centro hospitalario que advierten sobre los riesgos que conlleva el cierre de la UCI Pediátrica y señalan la existencia de “riesgo significativo para la adecuada atención de los pacientes debido a la ausencia de facultativos intensivistas pediátricos”, en la mencionada Unidad.
La ausencia de personal ha obligado, según ha podido saber la institución Defensor del Pueblo, a la suspensión de actividades quirúrgicas; a la derivación de pacientes a otros hospitales; a la afectación del programa de trasplantes -siendo La Paz centro de referencia y único que realiza todo tipo de trasplantes pediátricos-; y dificulta el mantenimiento de la labor docente de médicos en formación, además de generar preocupación y malestar de los familiares de pacientes ingresados.
El Defensor del Pueblo, con esta actuación, solicita que “se afronten las causas aducidas que han provocado esta situación y se adopten las medidas necesarias para que este servicio fundamental vuelva a funcionar con normalidad a la mayor brevedad posible”.
