La Asociación de Vehículos Afectados por las Restricciones Medioambientales (AVARM) han denunciado «la problemática que se va a generar» en la Comunidad de Madrid con las nuevas restricciones a los turismos sin etiqueta medioambiental de la DGT por la ampliación el 1 de enero de 2024 de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en el municipio de Madrid.
Debido a la ordenanza de movilidad sostenible de 2021, «cientos de miles de coches, furgonetas, camiones, autobuses y vehículos industriales que no cuentan con el distintivo ambiental de la DGT, pero pasan regularmente su ITV y cuyos propietarios normalmente tienen bajo poder adquisitivo», que solo contando a los residentes en la Comunidad de Madrid y sin las provincias colindantes suponen 440.000 turismos, van a tener las siguiente prohibiciones de circulación:
Desde el día 1 de enero de 2024 no podrán circular por las vías públicas y urbanas del municipio de Madrid los turismos que no paguen el IVTM en el municipio de Madrid y no estén registrados en tráfico en el municipio de Madrid antes de del 31-12-21 esto es, solo lo podrán hacer por las vías que no son de titularidad municipal; por ejemplo, la M-40, la M-11, la M-12 o la M-13 y en ningún caso podrán circular por vías urbanas.
Por todo ello, este sábado 30 de diciembre (punto de encuentro a las 11:00 horas en Valdebebas, aparcamiento de la avenida de las Fuerzas Armadas, 7), han convocado una marcha motorizada reivindicativa por autopistas y calles de Madrid para protestar por las nuevas restricciones, «con las dificultades que esta va a suponer para llegar a centros de trabajo, hospitales, colegios, guarderías, clínicas veterinarias, comercios, talleres, hostelería, etc…».
Esto supone «realizar una triple discriminación en los criterios de acceso y circulación: entre propietarios de turismos y de otros vehículos; entre personas que pagan el IVTM en un municipio y los que no lo pagan; y en función de la antigüedad del vehículo». Según datos del Ayuntamiento de Madrid, los vehículos sin distintivo ambiental de fuera de la capital propiedad de residentes en la Comunidad de Madrid que entran diariamente en la ciudad representan, de media, el 30%, y otro 14% corresponde a residentes en otras comunidades autónomas.
Todos estos vehículos «se van a derivar hacia autopistas como la M-40 o M-50 aumentando el tráfico y los atascos, y por tanto provocando más contaminación, más kilómetros recorridos para llegar al destino y más gasto en combustible, o en otros casos a un mayor uso del transporte público, que no está preparado para absorber al 62% de dichos conductores (272.000 personas) que estima el ayuntamiento que tendrán que usar el transporte público, todo dentro de una situación de inflación y crisis económica donde muchas familias no pueden renovar su vehículo».
«Es interesante recordar que los vehículos son de personas, que muchas viven fuera de núcleos urbanos y necesitan ir a trabajar. No todo el mundo puede ir a trabajar en transporte público porque no todo el mundo vive en lugares con autobuses, metro o cercanías a una distancia y con horarios razonables, y el plan de crear aparcamientos disuasorios en la periferia por parte del Ayuntamiento gobernado por el Alcalde que iba a acabar con Madrid Central y eliminar las restricciones lleva años paralizado», concluyen.
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Que exigan que el transporte público llegué a su origen, es más barato y se va sin la tensión de conducir