El Ayuntamiento de Madrid destinará 3,8 millones de euros a los centros de atención a familias con situaciones judicializadas

La Junta de Gobierno celebrada hoy ha aprobado un gasto plurianual de 3,8 millones de euros para el contrato de gestión de cuatro puntos de encuentro familiar (PEF) y para el Centro Especializado en Atención a Familias en situación de Ruptura de Pareja (CERPA). Estos centros forman parte de los recursos que el Ayuntamiento de Madrid dirige a familias con menores que se encuentran en situaciones judicializadas tras una ruptura de la convivencia familiar y en las que la conflictividad alcanzada impide o dificulta el régimen de visitas establecido por vía judicial o administrativa.

Tal y como ha explicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, el contrato aprobado está destinado a los tres PEF ya existentes, así como al nuevo PEF 4 que, junto al CERPA, formarán parte de los recursos que acogerá la nueva Casa Familias que el Ayuntamiento está construyendo en Villa de Vallecas, para que puedan funcionar como espacios seguros donde los afectados por estas circunstancias vean garantizado su derecho a relacionarse.

En los PEF se presta atención profesional orientada a asegurar y facilitar, con carácter temporal, que niños y adolescentes puedan mantener contacto con sus progenitores u otros familiares o allegados hasta que desaparezca el conflicto que motive la necesidad de utilizar este servicio. En ellos, se realizan visitas tuteladas con supervisión presencial y permanente del personal del centro, visitas supervisadas en las que el control no es directo e intercambios en los que se vigila la entrega y recogida de menores, pero la visita se produce fuera de la instalación.

Por su parte, el CERPA, que sustituirá al Centro de Intervención Parental (CIP) que existe en Arganzuela, es un recurso especializado en la intervención psicosocial con familias en las que la ruptura de la pareja ha afectado de manera grave al ejercicio de sus funciones parentales, con el consiguiente impacto negativo en el bienestar de los hijos. En él se pone a disposición de los usuarios orientación psicológica y social de intensidad media o alta, mediación familiar, asesoramiento y valoración familiar.

Valorados por el sistema judicial

Ambos servicios reciben una alta valoración por parte de las instancias judiciales, que constituyen el primer y principal cauce de derivaciones. Así, en los PEF se registraron en 2022 un total de 893 familias usuarias y 3.443 personas asistidas, entre adultos y menores. Un 54 % fue derivado por juzgados de familia, un 38 % por juzgados de violencia sobre la mujer y el resto proviene del sistema de protección de niños: centros de atención a la infancia (CAI) y por la Comisión de Tutela de Menores.

En el CIP, el número de atenciones ascendió el año pasado a 252 familias, compuestas por 501 adultos y 242 menores de 18 años. El PEF integrado en este dispositivo concentró el 36 % de las intervenciones; las terapias grupales supusieron el 32 %; la orientación psicosocial, el 21 %, y la coordinación parental, el 11 %.

El contrato aprobado este jueves se divide en dos lotes: uno que aglutina los tres PEF que dan cobertura a las zonas centro, sur y norte (Tetuán, Latina y San Blas) y otro que incluye al PEF de nueva creación de Villa de Vallecas y al CERPA, que se ubicará en el mismo edificio. El plazo de ejecución del lote 1 comienza el 16 de julio de 2024 y el del lote 2, el 1 de agosto del mismo año, finalizando ambos el 31 de julio de 2026, con posibilidad de prórroga por 24 meses adicionales.