El sindicato CCOO ha presentado esta semana su estudio de la situación de la salud mental en los centros educativos. La jornada, que tuvo lugar en la Sala Escalonada de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid, comenzó con una rueda de prensa en la que Isabel Galvín expuso las alarmantes cifras de la educación madrileña en cuanto a salud mental, calificando la situación de “emergencia educativa”.
La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Madrid ha denunciado que en los tres meses que han trascurrido desde el inicio de curso se han registrado más de 2.100 protocolos por conductas autolesivas con riesgo de suicidio, con una media de 7 protocolos abiertos por centro, aunque hay determinados institutos donde tienen 18, 19 y hasta 20 protocolos abiertos. A estos datos hay que añadir otros casos relacionados con las adicciones, conductas violentas, depresiones, ansiedad o trastornos alimentarios.
Además de esta grave situación de sufrimiento entre el alumnado, CCOO lanzó la voz de alarma poniendo el foco sobre el profesorado y el personal educativo: “En nuestro servicio de Salud Laboral hemos recibido en solo dos meses más de 5.000 consultas, el doble que el año pasado”, apunta Galvín.
En esa misma línea, Encarnación Pizarro, secretaria de Salud Laboral y Formación de la Federación de Enseñanza de CCOO, denunció el grave problema de salud mental en el profesorado, debido entre otras cosas, a la mayor exposición que tienen estos perfiles profesionales con esta terrible realidad, señalando que el 40% de los profesores tienen ansiedad, depresión o “desesperación”. Esta situación, ya preexistente se aceleró con la crisis del covid-19, que agudizó lo que estaba pasando.
Este escenario fue confirmado por Pablo García de Vicuña, coordinador del informe, quien subrayó que el Ministerio de Educación, FP y Deportes apenas dedica cinco millones de euros de su presupuesto para repartir entre todas las comunidades autónomas. “Es preciso que el Gobierno de España contribuya a que las comunidades autónomas puedan incorporar los profesionales necesarios en los centros educativos para que sea posible atajar esta lacra”.
Galvín calificó la situación de “emergencia sanitaria” y propone un plan integral cuyo coste cifra en 23,6 millones de euros, el equivalente al 0,34% del presupuesto para Educación en Madrid. Este plan integral incluye la contratación de 150 psicólogos educativos, ampliar el número de enfermeras escolares a 75, así como generalizar en todos los centros la figura del Profesor de Servicios a la Comunidad, ejerciendo la figura de Coordinador de Bienestar, lo que se traduciría en la contratación de 300 profesionales con estos perfiles.
CCOO afirma que este plan supondría un beneficio para la salud mental y emocional para 160.000 alumnos y alumnas de secundaria y algo más de 57.000 en bachillerato. La extensión de este plan a la etapa de Primaria supondría invertir 35 millones más para 75 psicólogos y psicólogas, 75 enfermeras y generalizar la figura de Profesores Técnicos de Atención a la Comunidad en estos centros, ampliando el beneficio a 675.000 alumnos y alumnas, con una cantidad total de 59 millones, lo que no llega al 1% del presupuesto, detalla Galvín.
Posteriormente, en sesión de tarde, abre el acto de presentación Isabel Galvín, quien tras dar la bienvenida a todos los asistentes presenciales y a los conectados para seguir el acto a través de la retrasmisión en streaming y agradecer la presencia de representantes de la Administración Educativa, como el Director General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, portavoces de grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos, representantes de la Asociación de Familias contra el Acoso, representantes de la Confederación y la Federación Estatal de CCOO.
La Secretaria General dio paso a Pablo García de Vicuña, Director del Instituto de Estudios Educativos y Sindicales (IEES) y coordinador del informe, quien actuó como moderador de la presentación y la mesa redonda, como señalando la oportunidad y la necesidad de este informe, que abarca un análisis de situación.
Según Galvín, este acto que brinda la oportunidad de poner en el debate público madrileño la situación que se vive en Madrid: una emergencia sanitaria, que cuando llega a los centros educativos se convierte en emergencia educativa y en esta jornada se presentan las cifras concretas. Según la información recabada de los propios equipos directivos, se trata de alrededor de 1800 protocolos abiertos el curso pasado de conductas autolíticas o de riesgo de suidicio. Estos protocolos son gestionados principalmente por los equipos directivos y los equipos docentes, estén especializados o no en materia psicológica.
Galvín señaló que “estos protocolos son sola punta de un iceberg”, otros muchos casos que ni siquiera están protocolizados. Además de esta situación en el alumnado, se han recibido más de 5000 consultas por parte de los docentes en el Servicio de Salud Laboral.
Ante esta situación «se necesita un pacto, un consenso en esta materia. Es necesario dar respuesta a una realidad nos ha adelantado, incorporando la figura del Psicólogo Educativo, además de doblar el número de orientadores en los centros. Es necesaria una coordinación con el sistema sanitario, donde también faltan psicólogos infanto-juveniles».
Todo ello tendría un coste presupuestario muy bajo, el 0,34 del presupuesto para Educación en Madrid equivalente a 23, 6 millones de euros. Galvín cerró su intervención exhortando a «hacer activismo por la salud mental infantil y juvenil ya que el futuro está en sus manos y si la situación se mantiene, podemos perder para ese futuro a muchos de ellos y ellas».
Tras esta intervención el moderador presentó y dio paso a José Antonio Luengo, Coordinador Equipo de apoyo socioemocional Unidad de Convivencia y contra el acoso escolar Subdirección General de Inspección Educativa Consejería De Educación, Ciencia y Universidades, quien inició su intervención aludiendo a su cargo como vicepresidente primero del Consejo General de la Psicología de España, señaló que este Consejo emitió un comunicado criticando de manera significativa el “ninguneo” absoluto de las necesidades psicológicas de los niños y las niñas durante la pandemia.
A día de hoy, niños, adolescentes y jóvenes no se han recuperado del daño que sufrieron es aquellas circunstancias, dejando “agujeros en el alma”, que no vamos a ser capaces de medir. «Es necesario tener en cuenta a los centros educativos como promotores de bienestar emocional, continuando con unas palabras de agradecimiento al personal educativo que, a pesar de sus miedos, angustias y duelos personales, se incorporaron a los centros educativos en septiembre de 2020».
La pandemia ha actuado como «amplificador de los trastornos y desajustes psicológicos ya existentes en la infancia y la juventud, con lo que efectivamente, son necesarios más recursos especializados en los centros educativos, trabajando coordinadamente con el resto de profesiones hermanas». “La salud mental se juega en las distancias cortas”, no solo en los servicios de salud mental de los hospitales, por lo que debe haber profesionales en los servicios de atención primaria, que puedan atender al malestar creciente, que todavía no ha llegado a una enfermedad mental. No se conseguirá nada sin un trabajo codo con codo con los agentes educativos como el profesorado.
Pablo García de Vicuña, coordinador del informe explicó su pertinencia en el contexto excepcional creado por la pandemia, que dio lugar a situaciones difícilmente vistas en el aula con anterioridad, poniendo el acento en la necesaria atención al profesorado que sufre unas circunstancias muy similares a las del alumnado.
García de Vicuña además señaló la visión global que presenta el estudio, aportando los puntos de vista, no solo de la situación del alumnado, sino de los profesionales, las familias y la administración, tras lo cual, se visionó un vídeo con la aportación de Jaume Funes, Psicólogo, educador, periodista participante en el informe con la visión adolescente.
Después del vídeo García de Vicuña dio paso a Ana Isabel Sanz, psiquiatra y psicoterapeuta, quién a la pregunta sobre hasta qué punto la pandemia ha condicionado la salud mental de la población educativa, afirmó que la pandemia y el confinamiento han sido la gota que colmó el vaso de un malestar mental que ya existía con anterioridad. Otro aspecto a señalar es que la enfermedad mental no afecta por igual a todos los sectores sociales y hay muchas diferencias a las que habría que atender.
Por otro lado, jóvenes y adolescentes se han refugiado en un arma muy peligrosa: la tecnología, como por ejemplo, las redes sociales, donde han encontrado el caos. De falsas respuestas, de confusión, que ha favorecido que ciertas patologías se hayan multiplicado de una manera significativa. Ha habido un mal aprendizaje a través de esas redes sociales de cómo resolver un intenso dolor al que muy poca gente ha prestado atención.
Más tarde, Carmen Mancheño, Médica Especialista en Medicina del Trabajo y Técnica Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Coordinadora Salud Laboral CCOO abordó el impacto de género en la salud mental, entendiendo por género que aquellos roles, valores que la sociedad asigna al hombre y a la mujer. Esta construcción social del género genera desigualdades en la salud entre hombres y mujeres y desigualdades específicas en la salud mental. La prevalencia de problemas de salud mental es mayor en mujeres, duplicando las tasas de los hombres. Además, hay un importante gradiente social. A medida que desciende la clase social y el nivel educativo, aumentan las enfermedades mentales.
La feminización del sector educativo, como el sanitario, donde la mujer alarga su rol de cuidadora, confirma el estereotipo, y desde el punto de la salud mental estos factores son muy impactantes, llevando a una medicalización de la vida y del malestar de las mujeres, con niveles muy elevados en la salud mental de las mujeres.
Para luchar contra esto hay que empoderar a las mujeres con políticas contra la discriminación, en el mercado laboral, en el sector educativo, políticas que proporcionen a la mujer presencia en los diferentes ámbitos para cambiar esta realidad social. La pandemia ha hecho visible los problemas de salud mental agudizado. Son muy prevalentes en el sector educativo por la exposición a riesgos psico-sociales, también muy elevados en el sector. “Estamos trasladando a los individuos un problema social”.
Tras las intervenciones de los ponentes el moderador abrió el debate entre los presentes que aportaron sus puntos de vista y reflexiones, clausuró la jornada Francisco García, Secretario General CCOO Enseñanza quien agradeció a Pablo García de Vicuña la coordinación del estudio, que calificó como “importante, oportuno y necesario” y a los participantes en la mesa sus excelentes ponencias.
García afirmó que «la salud mental y el bienestar en educación es una prioridad estratégica en la acción reivindicativa en el sindicato y así se ha definido en el Consejo Federal siendo una de las líneas de trabajo que con más fuerza se va a impulsar, lo que se debe traducir en medios y dispositivos que hay que poner a disposición del sistema educativo para desarrollar estas cuestiones que se quieren impulsar».
El estudio es una «magnifica aproximación a la cuestión y como se ha señalado, los casos diagnosticados son solo la punta del iceberg, el sistema educativo tiene que poner en marcha medidas preventivas. Hay que poner en marcha un plan integral de salud mental y de bienestar emocional en nuestro sistema educativo, en el que tienen que estar todas las administraciones implicadas, tomando medidas concertadas».
Un plan que tiene que ser negociado «con los representantes del profesorado y los representantes de la comunidad educativa. Un plan que contenga medidas preventivas, actuaciones efectivas y que dote de los medios y recursos al sistema educativo para poner en marcha estas cuestiones».
Medidas como reforzar con un orientador adicional los equipos de orientación que atienden a los centros, con perfiles PTSC, y con crédito horario para los coordinadores de bienestar, lo que demanda un importante incremento de las plantillas de profesionales.
Un número de profesionales similar al que las administraciones proporcionaron en el inicio del curso escolar post pandemia, que «supondría una inversión educativa del 0,14 del PIB, una séptima parte de lo que se ha recortado en educación en los últimos años que es abordable y se podría temporalizar, pero es necesario corresponsabilizar a las administraciones educativas en la resolución de este importante problema y CCOO se pone de inmediato a trabajar en esta línea», concluye.
